Suspenden el cobro de los impuestos provinciales a la Luz Eléctrica (Provincia de Buenos Aires)

Una gran noticia para los consumidores. A partir del 23 de mayo de 2016, por disposición de la Justicia Contenciosa de la ciudad de Pergamino, la Provincia no podrá cargar más a las facturas de luz eléctrica los impuestos creados por los decretos leyes Ley N°7290/67 y del Decreto Ley N°9038/78.

 

En el marco de la causa “LLAN DE ROSOS RAMIRO JUAN Y OTROS C/PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECON. DE DERECHOS”, el Juzgado Contencioso Administrativo ordenó con fecha 23 de mayo de 2016 “hacer extensivo el alcance de la medida cautelar dispuesta en esta causa a todos los usuarios del servicio eléctrico de la Provincia de Buenos Aires alcanzados –a través del pago del suministro de energía eléctrica- como contribuyentes de los tributos que surgen del Decreto Ley N°7290/67 y del Decreto Ley N°9038/78, y en consecuencia, disponer cautelarmente que el Fisco de la Provincia de Buenos Aires se abstenga de percibir –por sí o por terceros- el cobro de dichos tributos (y toda norma complementaria de dicho plexo normativo) respecto a dicho colectivo de usuarios, ni exigir a los agentes de retención correspondiente la transferencia del importe equivalente a las sumas no percibidas por dichos conceptos, a partir de los consumos del suministro eléctrico…”.

 

Otro de los puntos destacables del fallo de primera instancia es cuando afirma que “…si bien es cierto que el Fisco de la Provincia de Buenos Aires se encontraría en condiciones de reintegrar en el futuro los importes abonados por los accionantes – en el caso que su postura fuese aceptada en sede judicial-, no debe soslayarse que el tiempo que insumiría el trámite de repetición, resultarían –en principio- de difícil reparación ulterior, con el consiguiente dispendio jurisdiccional”. Es decir, la Justicia no cayó en la reiterada idea de que el Estado es siempre solvente (y que por tanto podría en un futuro devolver el dinero cobrado), sino que izo una análisis realista de la cuestión y puso a jugar el tiempo que insumiría ese trámite así como el dispendio jurisdiccional que ello acarrearía.

Desde UCU damos la bienvenida a la decisión judicial que en definitiva no ha hecho otra cosa que cumplir con las normas constitucionales vigentes. Solo falta que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires cumpla con esta deuda eterna y proceda directamente a derogar los “malditos” impuestos.

 

Hace tiempo desde UCU venimos sosteniendo la necesidad de que el Estado Provincial cese con el cobro de estos ilegítimos impuestos que vienen impactando en forma muy importante en las suma que tienen que pagar los usuarios del servicio de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires (15,5%), máxime teniendo en cuenta el importante aumento decretado en el tarifa de luz eléctrica.

 

De hecho nuestra asociación hace varios años atrás inició acción colectiva contra la Provincia por este asunto, solicitando a la Corte Provincial que ordene a la provincia disponer de los destinos específicos (enlace). Hoy la causa se encuentra lista para el dictado de sentencia.

 

Link para acceder al fallo: enlace

 

Para una mayor información jurídica al respecto: enlace

 

UCU reclama al Banco Hipotecario por los problemas con el Procrear

Que desde Usuarios y Consumidores Unidos ponemos en conocimiento a todos los consumidores en general y a los beneficiarios del Desarrollo Urbanístico plan PROCREAR 1 en particular, que nuestra Asociación luego de recibir innumerables quejas de éstos, a raíz de la falta de actualización de los valores  y cuadros para calcular el importe de las cuotas a pagar tal como lo prescribe el art. 6 y 7 de las bases y condiciones del Desarrollo Urbanístico, decidió remitir una Carta Documento con el fin de solicitar al Banco Fiduciario (Banco Hipotecario SA) precisiones sobre cómo el programa calculará las alícuotas de cada beneficiario.

 

Según las denuncias recibidas en nuestra Asociación, el cálculo de las cuotas a pagar se realizaría tomando en cuenta los valores de los cuadros vigentes a los años 2014 y/o 2015 (dependiendo de la fecha de sorteo de cada beneficiario) pero tomando como referencia los sueldos actuales de los miembros de la familia.  Entendemos y así hicimos saber el Banco intimado, que de confirmarse dicha estructura de cálculo, nos encontraríamos ante una práctica abusiva lesiva a los intereses de los contratantes, en tanto provoca un artificial corrimiento de los beneficiarios en los segmentos, lo que tiene como consecuencia necesaria un aumento considerable de la alícuota, sumando a su  vez que puede darse la posibilidad que los beneficiarios que se encontraban en el año 2014 y/o 2015 en los últimos segmentos, al día de la fecha se encontraría fuera del plan por superar sus ingresos el tope inamovible de $ 35.000. Que si bien existen versiones que dicho tope sería elevado a la suma de $43.000, a la fecha no existe ninguna confirmación de ello, sumado a su vez, que de ratificarse esa modificación no haría más que confirmar la abusividad de la práctica.

 

Ante esta situación preocupante, desde UCU se remitió una carta documento intimando al Banco Hipotecario, fiduciario del programa, a que las inquietudes de los beneficiarios sean informadas al “Comité Ejecutivo” del Programa pidiendo una definición expresa sobre esta circunstancia que está causando mucha preocupación y ansiedad en los miles de suscriptores al plan con derecho a la adjudicación de su respectiva vivienda. Que en archivo adjunto se pone a disposición el texto de la carta documento que nuestra ONG remitió.-

 

Que desde nuestra Asociación seguiremos informando por este medio los avances que nuestro accionar provoque.-

 

Ezequiel Maldonado.-

UCU c/ Telecom Argentina S.A. – Cobro del servicio y cargos conexos durante el tiempo que dura el traslado de línea

Esta acción colectiva, de trámite por ante el Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 4 Secretaría 7° (Libertad 731, 5° piso) persigue que se condena a Telecom a cesar con la práctica generalizada, ilegal y abusiva de continuar facturando cargos fijos y/o servicios y/o cualquier otra suma dineraria a sus clientes durante el lapso de tiempo que dure el procedimiento de traslado de sus líneas fijas (lapso durante el cual, por supuesto, el usuario no puede utilizar el servicio).

Asimismo se buscar obtener una sentencia de condena que disponga el reintegro de las sumas de dinero percibidas con causa en dichos conceptos a los usuarios actuales,  pasados y futuros, que hayan sido o sean alcanzados por el cobro de dichas facturaciones sin causa.

Cabe destacar que esta práctica ilegal fue descubierta por los miembros de UCU, acompañando en el caso colectivo más de ocho casos individuales donde se demostraba el accionar ilícito de Telecom.

A través de la presente entrada vamos a ir acompañando las novedades de la causa.

[ap_toggle title=” Abril de 2015 – Contestó demanda Telecom” status=”close”]Contestaron demanda oponiendo excepciones. Lo que fue contestado por nuestra organización.[/ap_toggle]

[ap_toggle title=”Mayo de 2015 – UCU pide se eleven los autos para el tratamiento de la cautelar” status=”close”]En el juicio UCU entendió que se daban todas las circunstancias para el dictado de una medida cautelar. No lo entendió así el Juez de la instancia primera y ahora el pedido debe ser resuelto por la Cámara de Apelaciones. [/ap_toggle]

 

 

UCU logra histórica medida cautelar colectiva contra entidad bancaria por trato digno

En fecha 20 de Mayo de 2015 el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 1era Nominación de Santa Fe dictó sentencia en autos “Usuarios y Consumidores Unidos c/ Nuevo Banco de Santa Fe S.A. s/ Sumarísimo” (Expte. N° 21-01961624-7), ordenando cautelarmente a la entidad bancaria demandada “la instalación inmediata, y en cada sucursal conforme detalle (…) de baños químicos para personas con discapacidad o capacidad motora restringida y colocación de dispensadores de agua y cartelería que permita a todos los usuarios conocer la existencia y localización de sanitarios y dispensadores de agua”.

La medida comprende la mayoría de las sucursales del Banco demandado ubicadas en la Ciudad de Santa Fe y fue dictada en el marco de una causa colectiva promovida en tutela del derecho a un trato digno de los usuarios que deben utilizarlas.  En el caso también se discute el irrazonable tiempo de espera que deben padecer los miembros del grupo representado.

El texto de la decisión está disponible acá y acá.

Dr. Francisco Verbic (representante legal de UCU en el litigio de referencia).

Presentaron una demanda al Nuevo Banco de Santa Fe

El grupo de Clínica Jurídica de Interés Público, integrado por estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), presentó ayer ante el Juzgado de 1ra. Instancia Distrito Civil y Comercial 1ra. Nominación de la Ciudad de Santa Fe, una demanda judicial contra el Nuevo Banco de Santa Fe.

Mañana viernes 15 de mayo, a las 10, en el Consejo Directivo de la FCJS, Lucila Reyna, secretaria de Extensión y Cultura de la FCJS; Alejandro Pivetta, secretario general de la Facultad; Carlos Reyna y Mariano Churruarín, directores de la Clínica de Interés Público, y Caren Kalafatich, representante de la Asociación Usuarios y Consumidores Unidos, realizarán una breve exposición sobre lo trabajado y responderán consultas a los presentes.

Antecedentes

Desde noviembre de 2012, el equipo de la Clínica en su conjunto decidió trabajar la problemática del trato indigno hacia los consumidores, eligiendo hacer hincapié en el caso de las entidades bancarias, en particular en el Nuevo Banco de Santa Fe (NBSF).

Luego de meses de investigación exhaustiva sobre la cuestión del derecho humano de personas a recibir un trato digno, tutelado no sólo en la Constitución Nacional sino también en numerosos Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional desde la reforma de 1994, se inició el trabajo del caso concreto.

Análisis del caso

Una vez que el equipo de la Clínica conoció y estudió cabalmente el derecho afectado de los consumidores, se comenzó a trabajar sobre el objeto del reclamo dirigido contra el NBSF.

Tras varios sondeos y visitas a las diferentes sucursales del Banco se observó que era esencial mejorar el trato recibido por las numerosas personas usuarias que visitan diariamente la entidad.

“En este sentido, se percibió que el problema no es sólo la prolongada espera para ser atendidos (la cual muchas veces llega a ser de tres horas), sino también, la condición en que la misma se realiza. Los usuarios son sometidos a largas horas de espera, sin contar con baños de acceso público, ni dispensadores de agua. Incluso, se destaca la falta de sanitarios adaptados a personas con capacidades diferentes”, expresaron desde la Clínica de Interés Público.

Consultados al respeto, los miembros del equipo coinciden en que esta conducta por parte del NBSF “viola sistemáticamente el derecho humano al trato digno que tienen todas estas personas, por el sólo hecho de ser personas y más aún por ser usuarias del Banco”.

La etapa (pre)judicial

Luego de la definición del objeto de reclamo, la Clínica comenzó a trabajar con la Asociación Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), quien apoya la iniciativa y ostenta la legitimación constitucional para litigar este tipo de casos estructurales.

Fue así que, ambas instituciones, realizaron un estudio sobre la vía procesal más adecuada para canalizar el reclamo y decidieron comenzar con las medidas de aseguramiento de prueba interpuestas en el Juzgado de 1ra. Instancia, en octubre de 2014. Estas medidas, realizadas por oficiales de justicia en distintas sucursales del NBSF, constataron que en la mayoría de los casos faltan sanitarios de acceso público (incluso adaptados a personas con problemas motrices), cartelería y dispensadores de agua, además del largo tiempo de espera que sufren los usuarios para ser atendidos.

Al corroborar de esta manera la existencia de un trato vejatorio e indigno hacia las personas/clientes de la entidad, se inició de manera simultánea la mediación prejudicial obligatoria, que finalizó “sin acuerdo por existir entre las partes diferencias irreconciliables en torno al objeto de disputa”.

En abril de este año, habiendo concluido ya con la etapa de producción y aseguramiento de prueba, la Clínica decidió interponer ante el Juzgado una medida cautelar solicitando al NBSF que “garantice la instalación de sanitarios químicos preparados para personas con discapacidad o deficiencias motrices y dispensadores de agua, así como también a la señalización de la existencia y/o ubicación de los mismos en las áreas destinadas a la espera por el público en general”.

Finalmente, la cautelar fue rechazada por motivos formales, sosteniendo “la necesidad de que se inicie un proceso judicial como requisito para la tutela precautoria (cautelar innovativa), lo que llevó a que el miércoles 13 de mayo la Clínica presente la demanda judicial para que el Juzgado analice la situación de fondo en torno a la cautelar requerida.

“Desde la Clínica Jurídica de Interés Público hemos trabajado arduamente y con mucho compromiso por más de dos años, por lo que deseamos que nuestro reclamo sea debidamente tratado, tanto por los Tribunales Santafesinos como por la entidad bancaria más importante de la ciudad.”, expresaron sus integrantes.

Fuente: Prensa Institucional UNL