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Enrique Ramón Flores demandó a Telecom Argentina S.A. por la interrupción del servicio de internet y telefonía fija en su domicilio durante 8 meses. El caso involucró al titular y sus seis hijos. La sentencia confirmó la existencia de incumplimiento contractual, otorgó indemnización por daño moral al titular y daños punitivos a todos los demandantes. La empresa demandada fue condenada a pagar las costas del juicio. La Cámara elevó los montos de la sentencia original.

Se trata de un caso por incumplimiento contractual contra una empresa de telefonía. Los usuarios solicitaron el traslado de una línea telefónica fija que nunca fue realizado por la empresa, sin justificación válida. Tras reclamos infructuosos, los usuarios optaron por otros medios de comunicación y demandaron. En primera instancia se condenó por daño moral y punitivo. En la apelación, se revocó el daño moral pero se mantuvo el daño punitivo, modificando su forma de cálculo a un porcentaje de la Canasta Básica Total.

Se trata de un caso por incumplimiento contractual contra una empresa de telefonía. Los usuarios solicitaron el traslado de una línea telefónica fija que nunca fue realizado por la empresa, sin justificación válida. Tras reclamos infructuosos, los usuarios optaron por otros medios de comunicación y demandaron. En primera instancia se condenó por daño moral y punitivo. En la apelación, se revocó el daño moral pero se mantuvo el daño punitivo, modificando su forma de cálculo a un porcentaje de la Canasta Básica Total.

Cliente reclamó por servicio telefónico deficiente e interrumpido por más de 42 días. El caso se vincula a un juicio anterior donde se ordenó a la empresa reparar y rehabilitar la línea. La demandada alegó que la suspensión se debió a falta de pago, pero esto fue desestimado por existir cosa juzgada sobre el incumplimiento contractual. El tribunal consideró probada la afectación al cliente por la extensión del conflicto (11 años) y los múltiples reclamos administrativos necesarios, evidenciando un patrón de conducta de la empresa en casos similares.

El fallo resuelve una excepción de incompetencia territorial planteada por LATAM Airlines en el Juzgado Federal de San Nicolás. La empresa argumentó que debía tramitarse en Buenos Aires o Rosario. El juez la rechazó considerando que: la competencia es prorrogable por ser caso patrimonial (Plenario Aranda), el contrato se celebró electrónicamente en San Nicolás donde reside el actor y realizó la compra, y declinar la competencia atentaría contra la celeridad procesal y tutela judicial efectiva.

Sentencia que modifica parcialmente el fallo de primera instancia. La Cámara ordena a la demandada reparar los defectos del vehículo (ruidos en motor y dificultad en cambios) en 60 días. En caso de incumplimiento, deberá abonar el valor de mercado de un vehículo similar considerando modelo, año y kilometraje. Confirma el daño moral de $1.000.000 y modifica el daño punitivo, fijándolo en 4 Canastas Básicas Totales para hogar tipo 3. Aplica el régimen de defensa del consumidor pero modera la solución inicial considerando que el vehículo recorrió más de 44.000 km en varios años de uso.

Cliente bancario impugna préstamo personal alegando que fue obtenido fraudulentamente por terceros que hackearon su home banking. La Cámara concedió medida cautelar ordenando al banco abstenerse de cobrar las cuotas del préstamo impugnado hasta que se resuelva el caso, considerando los riesgos de la operatoria electrónica y la protección del consumidor.

La Cámara confirmó el rechazo de la excepción de falta de legitimación activa planteada por LATAM. El tribunal determinó que quien abona los pasajes tiene legitimación para reclamar su reintegro según art.13 Res.1532/98, aunque no sea el pasajero. La legitimación se fundamenta en ser quien pagó con tarjeta y damnificado directo. El fallo clarifica que el daño moral reclamado es por la propia afectación del actor.

La CSJN hizo lugar al recurso extraordinario presentado por ADDUC contra Standard Bank por el cobro de una comisión del 1,99% sobre préstamos y financiaciones que incrementaba indirectamente los intereses, violando la normativa del BCRA (Comunicaciones A 3052 y C 35610). La Corte determinó que estas comisiones estaban expresamente prohibidas y revocó la sentencia de Cámara que había validado estos cargos.

La Sra. Eulalia Sarapura denunció a Cencosud por atribuirle compras en moneda extranjera que nunca realizó, afectando también a su hija. La empresa ignoró dos audiencias de conciliación y, pese a la seriedad del caso, demoró más de un año en dar una solución. La Suprema Corte de Jujuy confirmó una multa de $1.000.000 por violar los derechos del consumidor.