Observatorio de fallos de consumo

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 1ª Nominación de Venado Tuerto hizo lugar a una acción de hábeas data promovida por una vecina de la ciudad —identificada como J.O.R. para resguardar su privacidad— y ordenó al FIDEICOMISO PRIVADO DE ADMINISTRACIÓN CENFIDE (antes CENTAURUS FIDEICOMISO) dar de baja y suprimir en forma definitiva un registro de morosidad que la señalaba como deudora “irrecuperable” ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La deuda había sido cedida originalmente por BBVA Argentina S.A., entidad que tampoco logró acreditar su existencia ni su legitimidad. . La resolución ordenó la baja del registro dentro de los 10 días de quedar firme e impuso las costas del juicio en un 70% a la parte demandada.

Miriam Corrado demandó a Bameris SA por cumplimiento de contrato de compraventa y locación de obra, escrituración y consignación de sumas, tras la resolución contractual por mora. La demandada alegó incumplimiento de la actora en pagos y entrega de carpinterías, y la primera instancia convalidó la resolución. La Cámara desestimó el recurso del tercero Giacomazzi por cesión de derechos. Confirmó la resolución contractual por mora de la compradora, rechazando el argumento de prehorizontalidad por la modalidad de venta de parte indivisa. Sin embargo, hizo lugar parcialmente al recurso de Corrado, declarando la nulidad parcial de la cláusula penal del 50% por abusiva (art. 37 LDC), morigerándola al 25% de lo abonado. Fundamentó que la retención total constituía enriquecimiento sin causa y despojo patrimonial, violando el deber de trato digno (art. 8 bis LDC), y ordenó restituir el 75% con intereses desde la resolución. Las costas se distribuyeron 70% actora y 30% demandada.

ACYMA Asociación Civil demandó a Farmacias TKL por incumplir el art. 9 bis Ley 22.802, que exige redondear siempre a favor del consumidor, solicitando restitución y cese de la conducta. La Cámara desestimó la demanda, argumentando que, si bien la conducta era contraria a la ley, el daño individual era insignificante y se compensaba con redondeos a favor, no justificando indemnización. La Corte Suprema revocó la sentencia, declarando procedente el recurso extraordinario. Fundamentó que la insignificancia del daño individual no puede desestimar una acción colectiva de intereses homogéneos, ya que estas buscan garantizar el acceso a justicia en casos de escasa cuantía (doctrina 'Halabi'), y que la ley prohíbe compensar redondeos, exigiendo siempre el beneficio al consumidor, vulnerando así los arts. 42 y 43 CN.

Un consumidor de plan de ahorro reclamó el reintegro de haberes y actualización del monto, daño moral y punitivo, luego de que la administradora pagara al titular anterior desconociendo la cesión oportunamente instrumentada. La demandada alegó que la cesión fue remitida post-cierre del grupo y presentaba observaciones por falta de certificación de firmas. El tribunal acogió parcialmente el recurso del actor, declarando la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928 (Ley 25.561), aplicando la doctrina "Barrios" de la SCBA, y ordenó actualizar el capital histórico por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde la fecha del hecho generador, más intereses. Rechazó el daño moral por considerar que las molestias de una inversión especulativa no configuran lesión espiritual indemnizable sin prueba específica. Desestimó el daño punitivo al no hallar un "plus de gravedad" en la conducta de la demandada, calificándola como un error en la tramitación de la cesión, insuficiente

El caso involucra a Volkswagen S.A. en una ejecución por cuotas impagas de un plan de ahorro, apelando la sentencia de primera instancia que omitió el reajuste de la deuda e impuso costas por su orden. Volkswagen alegó que la deuda era de valor, requiriendo actualización según el precio del automotor y resoluciones aplicables, y que el allanamiento de la demandada no fue incondicional, por lo que las costas debían ser a su cargo. El tribunal, bajo el principio protectorio del consumidor, admitió parcialmente el reajuste, validando las cláusulas pero estableciendo un límite temporal: solo opera durante la vigencia del grupo de ahorro, consolidándose la deuda al último valor móvil informado. Fundamentó que, disuelto el grupo, cesa la justificación para el reajuste, evitando un trato privilegiado al crédito (art. 16 CN). Rechazó la apelación sobre costas, confirmando el orden causado por la Ley 13.133 y la falta de crítica específica al fundamento.