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Se hizo lugar a la medida cautelar y se ordenó a OSDE cubrir al 100% la ablación por radiofrecuencia de mioma uterino, conforme indicación médica, por verosimilitud del derecho a la salud y peligro en la demora, considerando el PMO como piso prestacional no taxativo y el principio de integralidad de la prestación asistencial.

La Justicia Federal ordenó a OSDE cubrir al 100% una ablación por radiofrecuencia para tratar un mioma uterino, pese a que la prepaga alegó que la práctica no integra el PMO. El fallo reafirma que el PMO es un piso mínimo de prestaciones, no un límite, y que debe prevalecer la indicación del médico tratante cuando está en juego el derecho a la salud.

Adriana Ledda, afiliada a OSDE, padece diabetes tipo II, hipertensión, obesidad y es paciente monorrena. Su médico le prescribió Semaglutida (Obetide) para control metabólico y protección renal. OSDE rechazó la cobertura reiteradamente alegando que el fármaco no está en el PMO ni en la Res. 201/02. La actora debió costear el medicamento de su bolsillo y promovió amparo con medida cautelar. El juzgado hizo lugar a la cautelar, ordenando cobertura al 100% por tres meses, por verosimilitud del derecho a la salud y peligro en la demora.

Castro se adhirió en enero de 2018 a un plan de ahorro de Chevrolet para adquirir un Onix, abonando 40 cuotas. Finalizado el plan en marzo de 2025, la administradora no reintegró el haber de ahorro, alegando falta de fondos en el grupo. El juzgado declaró el incumplimiento injustificado, ordenó el reintegro como deuda de valor, declaró nula la cláusula que supeditaba la devolución a la disponibilidad de fondos, y condenó por daño moral y punitivo.

La actora suscribió en enero de 2018 un plan de ahorro administrado por Chevrolet (Grupo 4331, Orden 54, 84 cuotas), abonando 40 cuotas. Al finalizar el plan en febrero de 2025, la administradora no reintegró el haber de ahorro, alegando falta de fondos en el grupo. El tribunal consideró que dicho incumplimiento fue injustificado —la demandada no acreditó la insuficiencia de fondos—, declaró abusiva la cláusula que supeditaba el reintegro a la disponibilidad de fondos grupales, y condenó al reintegro como deuda de valor más daño moral y punitivo.

En enero de 2020, Alvarez sufrió un accidente con su camión Mercedes Benz y lo llevó a reparar a Colcar Merbus, por indicación de su aseguradora. Alegó reparaciones deficientes e incompletas y debió afrontar arreglos a su cargo. La Cámara revocó la sentencia condenatoria de primera instancia por falta de prueba suficiente: el perito no pudo inspeccionar el vehículo y la documentación acompañada fue desconocida por las demandadas. La demanda fue rechazada con costas al actor.

El actor suscribió un plan de ahorro previo en agosto de 2021 para adquirir una Volkswagen Amarok. Adjudicado por sorteo en septiembre de 2022, el vehículo no fue entregado dentro del plazo contractual de 75 días. Recién en noviembre de 2023 —más de un año después— SWSI notificó la disponibilidad del rodado. La Cámara confirmó la condena solidaria a entregar el vehículo, abonar la penalidad contractual y el daño punitivo de $2.000.000, modificando solo el cómputo de intereses sobre este último.

Staroscinski suscribió en julio de 2022 un plan de ahorro con FCA para adquirir una camioneta Jeep bajo modalidad "llave por llave". Adjudicado el plan, FCA no entregó el vehículo dentro del plazo contractual de 120 días. La demandada alegó fuerza mayor por restricciones de importación, defensa rechazada por no acreditar gestiones concretas. La nota de pedido que el actor debió firmar fue declarada abusiva. El vehículo fue entregado recién en noviembre de 2023, con más de 10 meses de demora.

El actor suscribió en noviembre de 2020 un plan de ahorro para adquirir una VW T-Cross, abonando anticipo, cuotas y el 20% complementario. Resultó adjudicado en marzo de 2021, pero nunca recibió el vehículo. Ante la falta de información y respuesta de la concesionaria (ALRA) y la administradora (Volkswagen Ahorro), dejó de pagar y promovió demanda. La Cámara confirmó la responsabilidad solidaria de ambas y elevó los montos por daño moral, punitivo y reintegro de la alícuota complementaria.

Landivar impugnó tres consumos en su tarjeta Visa BBVA (U$S 1.622,89) realizados en Brasil que no reconocía. Pese a reclamar ante Visa Argentina dentro del plazo legal, las empresas rechazaron el reclamo argumentando que las operaciones se hicieron con chip (transacción segura). El actor debió iniciar reclamo en OMIC y luego demanda judicial. El tribunal condenó solidariamente a BBVA y Prisma por falta de información adecuada al consumidor y violación al deber de seguridad, ordenando reintegro, daño moral y multa punitiva con intereses.