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La Cámara de Apelaciones confirmó que el Banco Santander Río no puede iniciar un juicio ejecutivo para cobrar una deuda de tarjeta de crédito basada en documentos con firma electrónica sin un reconocimiento previo. La sentencia establece que la firma electrónica, a diferencia de la digital, no habilita directamente la vía ejecutiva y requiere un proceso ordinario para evaluar su validez y

La Corte Suprema revocó una sentencia que obligaba a OSDE a cubrir el 100% de un medicamento importado (Trikafta) para fibrosis quística, rechazando la oferta de un equivalente nacional (Trixacar). La CSJN consideró arbitraria la decisión de la cámara, que se basó en la falta de estudios de bioequivalencia, ignorando que el Cuerpo Médico Forense no contraindicó el Trixacar y que ANMAT lo

Se hizo lugar a la medida cautelar y se ordenó a OSDE cubrir al 100% la ablación por radiofrecuencia de mioma uterino, conforme indicación médica, por verosimilitud del derecho a la salud y peligro en la demora, considerando el PMO como piso prestacional no taxativo y el principio de integralidad de la prestación asistencial.

Adriana Ledda, afiliada a OSDE, padece diabetes tipo II, hipertensión, obesidad y es paciente monorrena. Su médico le prescribió Semaglutida (Obetide) para control metabólico y protección renal. OSDE rechazó la cobertura reiteradamente alegando que el fármaco no está en el PMO ni en la Res. 201/02. La actora debió costear el medicamento de su bolsillo y promovió amparo con medida cautelar. El juzgado hizo lugar a la cautelar, ordenando cobertura al 100% por tres meses, por verosimilitud del derecho a la salud y peligro en la demora.

Se declaró inadmisible la acción de amparo colectivo de ADDUC contra Banco Patagonia S.A., al acogerse las defensas de falta de acción y legitimación activa de la demandada. El tribunal consideró que la actora no demostró un caso concreto ni aportó denuncias de usuarios afectados, requisito esencial para este tipo de acciones conforme a la Ley 24.240.

Comerciante de la ciudad de Venado Tuerto, operaba con el BBVA. Dio de baja el paquete contratado (caja de ahorros, tarjeta de créditos entre otros) Al querer financiar productos con proveedores, toma conocimiento que se encontraba en la central de deudores morosos. Requiere en forma persona y por escrito se informe conforme art 4 LDC. No recibe respuesta por lo cual acude acción judicial pretensión autosatisfactiva. Hace lugar el Juez interviniente y además de las costas aplica multa diaria de dos unidades jus en concepto de astreintes, dado que no dio respuesta tempestiva a la orden judicial

Castro se adhirió en enero de 2018 a un plan de ahorro de Chevrolet para adquirir un Onix, abonando 40 cuotas. Finalizado el plan en marzo de 2025, la administradora no reintegró el haber de ahorro, alegando falta de fondos en el grupo. El juzgado declaró el incumplimiento injustificado, ordenó el reintegro como deuda de valor, declaró nula la cláusula que supeditaba la devolución a la disponibilidad de fondos, y condenó por daño moral y punitivo.

La actora suscribió en enero de 2018 un plan de ahorro administrado por Chevrolet (Grupo 4331, Orden 54, 84 cuotas), abonando 40 cuotas. Al finalizar el plan en febrero de 2025, la administradora no reintegró el haber de ahorro, alegando falta de fondos en el grupo. El tribunal consideró que dicho incumplimiento fue injustificado —la demandada no acreditó la insuficiencia de fondos—, declaró abusiva la cláusula que supeditaba el reintegro a la disponibilidad de fondos grupales, y condenó al reintegro como deuda de valor más daño moral y punitivo.

En enero de 2020, Alvarez sufrió un accidente con su camión Mercedes Benz y lo llevó a reparar a Colcar Merbus, por indicación de su aseguradora. Alegó reparaciones deficientes e incompletas y debió afrontar arreglos a su cargo. La Cámara revocó la sentencia condenatoria de primera instancia por falta de prueba suficiente: el perito no pudo inspeccionar el vehículo y la documentación acompañada fue desconocida por las demandadas. La demanda fue rechazada con costas al actor.

El actor suscribió un plan de ahorro previo en agosto de 2021 para adquirir una Volkswagen Amarok. Adjudicado por sorteo en septiembre de 2022, el vehículo no fue entregado dentro del plazo contractual de 75 días. Recién en noviembre de 2023 —más de un año después— SWSI notificó la disponibilidad del rodado. La Cámara confirmó la condena solidaria a entregar el vehículo, abonar la penalidad contractual y el daño punitivo de $2.000.000, modificando solo el cómputo de intereses sobre este último.