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El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 1ª Nominación de Venado Tuerto hizo lugar a una acción de hábeas data promovida por una vecina de la ciudad —identificada como J.O.R. para resguardar su privacidad— y ordenó al FIDEICOMISO PRIVADO DE ADMINISTRACIÓN CENFIDE (antes CENTAURUS FIDEICOMISO) dar de baja y suprimir en forma definitiva un registro de morosidad que la señalaba como deudora “irrecuperable” ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La deuda había sido cedida originalmente por BBVA Argentina S.A., entidad que tampoco logró acreditar su existencia ni su legitimidad. . La resolución ordenó la baja del registro dentro de los 10 días de quedar firme e impuso las costas del juicio en un 70% a la parte demandada.

Miriam Corrado demandó a Bameris SA por cumplimiento de contrato de compraventa y locación de obra, escrituración y consignación de sumas, tras la resolución contractual por mora. La demandada alegó incumplimiento de la actora en pagos y entrega de carpinterías, y la primera instancia convalidó la resolución. La Cámara desestimó el recurso del tercero Giacomazzi por cesión de derechos. Confirmó la resolución contractual por mora de la compradora, rechazando el argumento de prehorizontalidad por la modalidad de venta de parte indivisa. Sin embargo, hizo lugar parcialmente al recurso de Corrado, declarando la nulidad parcial de la cláusula penal del 50% por abusiva (art. 37 LDC), morigerándola al 25% de lo abonado. Fundamentó que la retención total constituía enriquecimiento sin causa y despojo patrimonial, violando el deber de trato digno (art. 8 bis LDC), y ordenó restituir el 75% con intereses desde la resolución. Las costas se distribuyeron 70% actora y 30% demandada.

ACYMA Asociación Civil demandó a Farmacias TKL por incumplir el art. 9 bis Ley 22.802, que exige redondear siempre a favor del consumidor, solicitando restitución y cese de la conducta. La Cámara desestimó la demanda, argumentando que, si bien la conducta era contraria a la ley, el daño individual era insignificante y se compensaba con redondeos a favor, no justificando indemnización. La Corte Suprema revocó la sentencia, declarando procedente el recurso extraordinario. Fundamentó que la insignificancia del daño individual no puede desestimar una acción colectiva de intereses homogéneos, ya que estas buscan garantizar el acceso a justicia en casos de escasa cuantía (doctrina 'Halabi'), y que la ley prohíbe compensar redondeos, exigiendo siempre el beneficio al consumidor, vulnerando así los arts. 42 y 43 CN.

Un consumidor de plan de ahorro reclamó el reintegro de haberes y actualización del monto, daño moral y punitivo, luego de que la administradora pagara al titular anterior desconociendo la cesión oportunamente instrumentada. La demandada alegó que la cesión fue remitida post-cierre del grupo y presentaba observaciones por falta de certificación de firmas. El tribunal acogió parcialmente el recurso del actor, declarando la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928 (Ley 25.561), aplicando la doctrina "Barrios" de la SCBA, y ordenó actualizar el capital histórico por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde la fecha del hecho generador, más intereses. Rechazó el daño moral por considerar que las molestias de una inversión especulativa no configuran lesión espiritual indemnizable sin prueba específica. Desestimó el daño punitivo al no hallar un "plus de gravedad" en la conducta de la demandada, calificándola como un error en la tramitación de la cesión, insuficiente

El caso involucra a Volkswagen S.A. en una ejecución por cuotas impagas de un plan de ahorro, apelando la sentencia de primera instancia que omitió el reajuste de la deuda e impuso costas por su orden. Volkswagen alegó que la deuda era de valor, requiriendo actualización según el precio del automotor y resoluciones aplicables, y que el allanamiento de la demandada no fue incondicional, por lo que las costas debían ser a su cargo. El tribunal, bajo el principio protectorio del consumidor, admitió parcialmente el reajuste, validando las cláusulas pero estableciendo un límite temporal: solo opera durante la vigencia del grupo de ahorro, consolidándose la deuda al último valor móvil informado. Fundamentó que, disuelto el grupo, cesa la justificación para el reajuste, evitando un trato privilegiado al crédito (art. 16 CN). Rechazó la apelación sobre costas, confirmando el orden causado por la Ley 13.133 y la falta de crítica específica al fundamento.

La actora jubilada, consumidora hipervulnerable, que atraviesa enefrmedad oncologica. Percibia sus haberes en el NBSF SA. Mantenia ahorros en la entidad financiera por posible cirugia. Fue victima de estafa. Realziao los reclamos extrajudiciales. Luegode lo cual se inicia accion de reparacion integral de los daños (reintegro de dinero, moral y punitivo) El NBSF SA fue condenado en primera instancia y ratificado por la CACCL de Venado Tuerto. El tramite de la causa fue resuleta en tiempo record conforme Plan Piloto de oralidad impuesto por la CSJSF, atendiendo la condicion de la actora. Ademas se trabo medida cautelar por ante el BCRA

El 26-12-25 detectan debito por la suma de U$S 48,30 de la caja de ahorro en dólares, y el importe de $100.031,78 de la caja de ahorros en pesos, consignándose “embargo” en las respectivas imputaciones. Realizan reclamos tendientes a que se informe el motivo de dicho debito en forma personal, telefónica y con intimación escrita en fecha 07-01-26.- El Juzgado inaudita parte, sin traslado previo al banco resuelve y ordena a la entidad financiera en el plazo de cinco (5) días corridos proceda a informar en forma adecuada, veraz, cierta, clara, detallada, y con el respaldo documental correspondiente, la causa y/o el motivo de los débitos efectuados el día 26/12/2025 en las caja de ahorro en dólares y en la caja de ahorro en pesos de titularidad de aquellas, disponiéndose la habilitación de días y horas inhábiles al efecto, todo lo cual en virtud al deber de informacion Art. 4 ley 24240 y normas constitucionales

El caso: Una vecina jubilada de Chapuy fue víctima de una estafa por WhatsApp: ciberdelincuentes se hicieron pasar por "asesores" de Naranja X y, con ingeniería social (incluso pidiéndole usar dos celulares "en espejo"), lograron que tomara dos préstamos dentro de la app —por $1.200.000 y $200.000— cuyo dinero fue transferido de inmediato a cuentas de terceros. ✅ Qué resolvió el Juzgado Civil y Comercial 2da. Nom. de Venado Tuerto: Hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a la entidad financiera: 🔹 Frenar los débitos automáticos de esos préstamos 🔹 No informarla en mora al BCRA ni a otros organismos de deudores

Consumidora adjudicataria de plan de ahorro recibió su vehículo con 71 días de demora, tras firmar un anexo que eximía a la administradora de responsabilidad. Reclamó nulidad de cláusulas, daño moral y punitivo. La demandada alegó fuerza mayor por restricciones a importaciones, limitó la reparación a la cláusula penal (aprobada por IGJ) y negó daño moral/punitivo por falta de prueba. El Superior Tribunal casó parcialmente la sentencia de Cámara: condenó a pagar el 9,73% del valor del auto más intereses por la cláusula penal (cuya nulidad por abusiva, art. 37 LDC, fue ratificada al ser irrisoria y buscar dispensa de responsabilidad), desestimó el daño moral por falta de prueba de afectación concreta, y confirmó el daño punitivo. Este último se fundó en la práctica abusiva de la demandada al no informar dificultades y hacer suscribir una renuncia anticipada, revelando grave menosprecio a los derechos del consumidor (art. 52 bis LDC).

Se hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando a Medifé a abonar $5.000.000 más intereses por daño moral. Se consideró la conducta de la prepaga como discrecional y excesiva, ya declarada ilegítima en amparo previo, afectando el derecho a la salud de un consumidor hipervulnerable.