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La actora jubilada, consumidora hipervulnerable, que atraviesa enefrmedad oncologica. Percibia sus haberes en el NBSF SA. Mantenia ahorros en la entidad financiera por posible cirugia. Fue victima de estafa. Realziao los reclamos extrajudiciales. Luegode lo cual se inicia accion de reparacion integral de los daños (reintegro de dinero, moral y punitivo) El NBSF SA fue condenado en primera instancia y ratificado por la CACCL de Venado Tuerto. El tramite de la causa fue resuleta en tiempo record conforme Plan Piloto de oralidad impuesto por la CSJSF, atendiendo la condicion de la actora. Ademas se trabo medida cautelar por ante el BCRA

El 26-12-25 detectan debito por la suma de U$S 48,30 de la caja de ahorro en dólares, y el importe de $100.031,78 de la caja de ahorros en pesos, consignándose “embargo” en las respectivas imputaciones. Realizan reclamos tendientes a que se informe el motivo de dicho debito en forma personal, telefónica y con intimación escrita en fecha 07-01-26.- El Juzgado inaudita parte, sin traslado previo al banco resuelve y ordena a la entidad financiera en el plazo de cinco (5) días corridos proceda a informar en forma adecuada, veraz, cierta, clara, detallada, y con el respaldo documental correspondiente, la causa y/o el motivo de los débitos efectuados el día 26/12/2025 en las caja de ahorro en dólares y en la caja de ahorro en pesos de titularidad de aquellas, disponiéndose la habilitación de días y horas inhábiles al efecto, todo lo cual en virtud al deber de informacion Art. 4 ley 24240 y normas constitucionales

El caso: Una vecina jubilada de Chapuy fue víctima de una estafa por WhatsApp: ciberdelincuentes se hicieron pasar por "asesores" de Naranja X y, con ingeniería social (incluso pidiéndole usar dos celulares "en espejo"), lograron que tomara dos préstamos dentro de la app —por $1.200.000 y $200.000— cuyo dinero fue transferido de inmediato a cuentas de terceros. ✅ Qué resolvió el Juzgado Civil y Comercial 2da. Nom. de Venado Tuerto: Hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a la entidad financiera: 🔹 Frenar los débitos automáticos de esos préstamos 🔹 No informarla en mora al BCRA ni a otros organismos de deudores

Consumidora adjudicataria de plan de ahorro recibió su vehículo con 71 días de demora, tras firmar un anexo que eximía a la administradora de responsabilidad. Reclamó nulidad de cláusulas, daño moral y punitivo. La demandada alegó fuerza mayor por restricciones a importaciones, limitó la reparación a la cláusula penal (aprobada por IGJ) y negó daño moral/punitivo por falta de prueba. El Superior Tribunal casó parcialmente la sentencia de Cámara: condenó a pagar el 9,73% del valor del auto más intereses por la cláusula penal (cuya nulidad por abusiva, art. 37 LDC, fue ratificada al ser irrisoria y buscar dispensa de responsabilidad), desestimó el daño moral por falta de prueba de afectación concreta, y confirmó el daño punitivo. Este último se fundó en la práctica abusiva de la demandada al no informar dificultades y hacer suscribir una renuncia anticipada, revelando grave menosprecio a los derechos del consumidor (art. 52 bis LDC).

Se hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando a Medifé a abonar $5.000.000 más intereses por daño moral. Se consideró la conducta de la prepaga como discrecional y excesiva, ya declarada ilegítima en amparo previo, afectando el derecho a la salud de un consumidor hipervulnerable.

Se declaró inadmisible la acción de amparo colectivo de ADDUC contra Banco Patagonia S.A., al acogerse las defensas de falta de acción y legitimación activa de la demandada. El tribunal consideró que la actora no demostró un caso concreto ni aportó denuncias de usuarios afectados, requisito esencial para este tipo de acciones conforme a la Ley 24.240.

Se hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando a Ford Argentina, Sapac S.A. y Arauco S.A.C.I.F. a entregar un vehículo 0 km de idénticas características y a abonar $100.000 por daño moral, ante la reparación insatisfactoria y persistencia de defectos en el vehículo, conforme al art. 17 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

La Cámara de Apelaciones confirmó que el Banco Santander Río no puede iniciar un juicio ejecutivo para cobrar una deuda de tarjeta de crédito basada en documentos con firma electrónica sin un reconocimiento previo. La sentencia establece que la firma electrónica, a diferencia de la digital, no habilita directamente la vía ejecutiva y requiere un proceso ordinario para evaluar su validez y

La Corte Suprema revocó una sentencia que obligaba a OSDE a cubrir el 100% de un medicamento importado (Trikafta) para fibrosis quística, rechazando la oferta de un equivalente nacional (Trixacar). La CSJN consideró arbitraria la decisión de la cámara, que se basó en la falta de estudios de bioequivalencia, ignorando que el Cuerpo Médico Forense no contraindicó el Trixacar y que ANMAT lo

Comerciante de la ciudad de Venado Tuerto, operaba con el BBVA. Dio de baja el paquete contratado (caja de ahorros, tarjeta de créditos entre otros) Al querer financiar productos con proveedores, toma conocimiento que se encontraba en la central de deudores morosos. Requiere en forma persona y por escrito se informe conforme art 4 LDC. No recibe respuesta por lo cual acude acción judicial pretensión autosatisfactiva. Hace lugar el Juez interviniente y además de las costas aplica multa diaria de dos unidades jus en concepto de astreintes, dado que no dio respuesta tempestiva a la orden judicial