Buscar fallos

Caso de fraude bancario originado por cambio indebido de SIM card. Se determinó responsabilidad solidaria entre Telefónica y Banco Patagonia. La empresa telefónica apeló argumentando falta de responsabilidad y ausencia de relación causal, pero el tribunal rechazó el recurso por insuficiencia en la fundamentación y confirmó la condena solidaria junto con daños punitivos.

Corvalán contrató plan de ahorro 84 cuotas VW Gol Trend en oct/2016. Cumplió pagos y gastos retiro. Adjudicación feb/2017, plazo entrega 75 días (mayo/2017). Empresa demoró respuesta, daba excusas de "falta detalles fábrica". Finalmente entregó vehículo 27/jul/2017, con 72 días de retraso. Al retirar, le exigieron firmar conformidad coercitivamente. Reclamó daños por demora, trato indigno, falta respuestas, privación uso y multa contractual. Cámara confirmó condena solidaria contra concesionaria y administradora.

María Luisa Abella contrató con Buda Travel un viaje a Talampaya (La Rioja) para abril 2020 por $13.000. El viaje se suspendió por COVID-19 y aislamiento obligatorio. La empresa ofreció alternativas insatisfactorias. Abella pidió devolución del dinero pero la empresa no respondió. Se le reconoció daño moral de $150.000 y reintegro de $13.000 más intereses desde la mediación, pero se rechazó daño punitivo.

La actora contrató un viaje estudiantil con la demandada, quien rescindió abusivamente el contrato e incumplió con el deber de información, atención y trato digno. El tribunal consideró que la empresa actuó sin la diligencia y buena fe exigibles en relaciones de consumo, confirmando el daño moral pero rechazando el daño punitivo por no acreditarse conducta grave o reincidente. Se actualizó el monto de restitución considerando la depreciación monetaria.

La actora alegó haber adquirido en 2017 una heladera a Binser S.A. mediante contrato verbal en 240 cuotas, que nunca funcionó correctamente y fue retirada con promesa de reposición que nunca se cumplió. La demanda fue rechazada en primera instancia por no haberse acreditado la relación contractual. La Cámara confirmó el rechazo y declaró desierto el recurso de apelación de la actora por insuficiencia recursiva.

Familia demanda a FB Líneas Aéreas por cancelación injustificada de vuelo a Jujuy. La aerolínea canceló unilateralmente sin ofrecer alternativas oportunas ni justificar adecuadamente los motivos. El tribunal confirmó condena incluyendo restitución del precio, diferencia para nuevos pasajes, daño moral y daño punitivo por incumplimiento de deberes de información y trato digno.

Acuña promovió acción de habeas data contra el BPBA para obtener información actualizada sobre su deuda (capital, intereses, tasa y fecha de mora), a fin de cancelarla. El banco negó información en sucursal y respondió de forma insuficiente por carta documento. La jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda; el banco apeló. La Cámara confirmó el fallo, considerando que la información brindada no cumplía con el estándar de lenguaje claro exigido por la normativa aplicable.

Betelu compró dos ventanas PVC en Easy (Cencosud) por $24,725 en octubre 2018, con entrega prometida en 20 días. Tras múltiples reclamos sin respuesta y la no entrega del producto, Betelu demandó. La justicia condenó a Cencosud, ordenando restituir lo pagado, más $350,000 por daño moral y un daño punitivo de 50 Canastas Básicas. El fallo aplica el principio pro consumidor y sanciona el incumplimiento para disuadir futuras conductas abusivas.

El actor suscribió dos planes de ahorro para adquisición de automotores. El primer plan se rescindió tras 17 cuotas pagas. En el segundo plan (modelo Ka), abonó 29 cuotas pero no recibió el vehículo. La empresa le envió un mail prometiendo entrega tras la sexta cuota e integración del 30% del valor, oferta que incumplió. El tribunal consideró que hubo información engañosa y violación a la buena fe contractual, condenando solidariamente a ambas demandadas

Jubilada de 80+ años con educación básica incompleta demandó por contratos de crédito abusivos. Cartasur le otorgó múltiples préstamos con refinanciaciones que capitalizaban intereses sin estar en mora, sin informar tasas ni condiciones. Las demandadas no respondieron pedidos de información y Enpro realizó cobranzas intimidatorias. Se declaró nulidad de contratos por violación art. 36 LDC y vulneración de consumidora hipervulnerable.