Buscar fallos

Un jubilado, al intentar desbloquear su tarjeta de débito, recibió una llamada fraudulenta haciéndose pasar por el Banco Nación. Siguiendo instrucciones del estafador, se realizaron préstamos y transferencias no autorizadas desde su cuenta. La Cámara Federal de La Plata confirmó la condena al banco por $1.000.000 de daño moral y $300.000 de daño punitivo, considerando que falló en implementar medidas de seguridad y en brindar atención adecuada, sentando un precedente en protección al consumidor bancario.

Juicio sumarísimo por reajuste de plan de ahorro para adquisición de automotor. Se hace lugar a la demanda. Se ordena la readecuación del contrato por aplicación de la teoría de la imprevisión. Reajuste de cuotas conforme sub-ítem “adquisición de vehículos” dentro del apartado “transporte” del nivel general de la composición del IPC. Incumplimiento del mandato y del deber de información. ORDENA MANDATO PREVENTIVO contra la Administradora (por deber de información). APELADO

Padre demanda a IOSFA cobertura integral de equinoterapia para su hija con autismo. IOSFA se niega, alegando falta de reconocimiento médico. El tribunal falla a favor del padre, ordenando la cobertura desde el 16/05/2024 hasta diciembre de 2024, rechazando la negativa de IOSFA como arbitraria e ilegal.

Scrimieri demandó a HSBC por comisiones excesivas cobradas por una transferencia internacional. HSBC argumentó que la comisión se ajustaba a sus tablas vigentes, y la justicia falló a favor de Scrimieri por incumplimiento de normativa BCRA, condenando a HSBC al pago del daño material e indemnización por daño moral.

El actor adquirió en 2017 un plan de ahorro para comprar un VW Gol con cuotas iniciales de $3.579. Por la crisis económica y devaluación, las cuotas aumentaron desproporcionadamente llegando a $59.926 en 2020, representando más del 50% de sus ingresos como operario. Durante la pandemia fue suspendido sin sueldo. La administradora no respondió sus reclamos ni informó cómo se calculaban los aumentos. El tribunal consideró que hubo aumentos abusivos e injustificados, incumplimiento del deber de información y excesiva onerosidad sobreviniente.

La Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos demandó a la Obra Social de la Unión Personal Civil de la Nación por dar de baja a afiliados que se jubilan o reciben pensiones. Se argumenta que estas bajas son ilegítimas y se busca la reincorporación de los afectados, así como sanciones a la obra social. El caso se tramita como un juicio ordinario, en defensa de los derechos de los consumidores.

María Pía Coppola impugnó cargos fraudulentos de PlayStation en su tarjeta de crédito. A pesar de informar del problema, los cargos reaparecieron y la gestión de su queja por parte de los bancos se consideró inadecuada. El tribunal de primera instancia falló a su favor, otorgando daños y perjuicios pero rechazando los daños punitivos. El tribunal de apelaciones confirmó la mayor parte de la decisión del tribunal de primera instancia, afirmando la responsabilidad de los bancos por no abordar adecuadamente el fraude y confirmando la indemnización por daños y perjuicios.

El actor demandó a la aseguradora por el robo de su vehículo. La aseguradora rechazó parcialmente la indemnización. El juez de primera instancia condenó a la aseguradora a pagar $910.000 (suma asegurada), $350.000 por privación de uso, $300.000 por daño moral, y $600.000 por daño punitivo. La aseguradora apeló la decisión. La Cámara de Apelaciones confirmó la condena en parte, reduciendo la indemnización por privación de uso a $300.000. El daño moral y punitivo se mantuvieron.

Estableció que si bien la pandemia fue caso fortuito, las aerolíneas no pueden cobrar diferencias tarifarias para reprogramar vuelos cancelados. El tribunal exoneró a la agencia de viajes al probar que cumplió su rol de intermediaria informando las opciones al pasajero, y condenó solo a la aerolínea a devolver el dinero o reprogramar sin cargo. Se reconoció daño moral por el trato inadecuado post-pandemia.

El actor contrató un plan de ahorro previo con la demandada. Reclama incumplimiento contractual en la liquidación del grupo. La pericia determinó que se abonó el 77% del haber a reintegrar, quedando pendiente el 23% hasta que ingresen fondos de adjudicatarios. La sentencia de primera instancia condenó por daño moral ($200.000) y punitivo ($600.000) por incumplimiento del deber de información, pero no por incumplimiento de liquidación. La Cámara confirmó lo resuelto rechazando la apelación del actor.