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Consumidora adjudicataria de plan de ahorro recibió su vehículo con 71 días de demora, tras firmar un anexo que eximía a la administradora de responsabilidad. Reclamó nulidad de cláusulas, daño moral y punitivo. La demandada alegó fuerza mayor por restricciones a importaciones, limitó la reparación a la cláusula penal (aprobada por IGJ) y negó daño moral/punitivo por falta de prueba. El Superior Tribunal casó parcialmente la sentencia de Cámara: condenó a pagar el 9,73% del valor del auto más intereses por la cláusula penal (cuya nulidad por abusiva, art. 37 LDC, fue ratificada al ser irrisoria y buscar dispensa de responsabilidad), desestimó el daño moral por falta de prueba de afectación concreta, y confirmó el daño punitivo. Este último se fundó en la práctica abusiva de la demandada al no informar dificultades y hacer suscribir una renuncia anticipada, revelando grave menosprecio a los derechos del consumidor (art. 52 bis LDC).

Se hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando a Medifé a abonar $5.000.000 más intereses por daño moral. Se consideró la conducta de la prepaga como discrecional y excesiva, ya declarada ilegítima en amparo previo, afectando el derecho a la salud de un consumidor hipervulnerable.

Se declaró inadmisible la acción de amparo colectivo de ADDUC contra Banco Patagonia S.A., al acogerse las defensas de falta de acción y legitimación activa de la demandada. El tribunal consideró que la actora no demostró un caso concreto ni aportó denuncias de usuarios afectados, requisito esencial para este tipo de acciones conforme a la Ley 24.240.

Se hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando a Ford Argentina, Sapac S.A. y Arauco S.A.C.I.F. a entregar un vehículo 0 km de idénticas características y a abonar $100.000 por daño moral, ante la reparación insatisfactoria y persistencia de defectos en el vehículo, conforme al art. 17 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

La Cámara de Apelaciones confirmó que el Banco Santander Río no puede iniciar un juicio ejecutivo para cobrar una deuda de tarjeta de crédito basada en documentos con firma electrónica sin un reconocimiento previo. La sentencia establece que la firma electrónica, a diferencia de la digital, no habilita directamente la vía ejecutiva y requiere un proceso ordinario para evaluar su validez y

La Corte Suprema revocó una sentencia que obligaba a OSDE a cubrir el 100% de un medicamento importado (Trikafta) para fibrosis quística, rechazando la oferta de un equivalente nacional (Trixacar). La CSJN consideró arbitraria la decisión de la cámara, que se basó en la falta de estudios de bioequivalencia, ignorando que el Cuerpo Médico Forense no contraindicó el Trixacar y que ANMAT lo

Comerciante de la ciudad de Venado Tuerto, operaba con el BBVA. Dio de baja el paquete contratado (caja de ahorros, tarjeta de créditos entre otros) Al querer financiar productos con proveedores, toma conocimiento que se encontraba en la central de deudores morosos. Requiere en forma persona y por escrito se informe conforme art 4 LDC. No recibe respuesta por lo cual acude acción judicial pretensión autosatisfactiva. Hace lugar el Juez interviniente y además de las costas aplica multa diaria de dos unidades jus en concepto de astreintes, dado que no dio respuesta tempestiva a la orden judicial

Se hizo lugar a la medida cautelar y se ordenó a OSDE cubrir al 100% la ablación por radiofrecuencia de mioma uterino, conforme indicación médica, por verosimilitud del derecho a la salud y peligro en la demora, considerando el PMO como piso prestacional no taxativo y el principio de integralidad de la prestación asistencial.

Adriana Ledda, afiliada a OSDE, padece diabetes tipo II, hipertensión, obesidad y es paciente monorrena. Su médico le prescribió Semaglutida (Obetide) para control metabólico y protección renal. OSDE rechazó la cobertura reiteradamente alegando que el fármaco no está en el PMO ni en la Res. 201/02. La actora debió costear el medicamento de su bolsillo y promovió amparo con medida cautelar. El juzgado hizo lugar a la cautelar, ordenando cobertura al 100% por tres meses, por verosimilitud del derecho a la salud y peligro en la demora.

Victor Rene Acosta demandó a La Cabaña SA y Silvio Reimundo por daños sufridos como pasajero en un accidente de transporte urbano. El juez de grado condenó a los demandados a pagar $144.900, extendiendo la responsabilidad a la aseguradora. La citada en garantía apeló, cuestionando los montos por incapacidad física y daño moral, alegando falta de fundamentación pericial. La Cámara confirmó la sentencia de grado en su totalidad, validando la pericia médica (14,5% de incapacidad) y los montos otorgados, imponiendo las costas de la instancia recursiva a los demandados y su aseguradora.