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Un jubilado de 70 años abrió una cuenta en el Banco Patagonia para cobrar su pensión. El banco incluyó un servicio de adelanto de sueldo sin informarlo adecuadamente. Ante los reclamos del cliente, el banco no brindó solución satisfactoria. La justicia condenó al banco por incumplir el deber de información y trato digno, ordenando la baja del servicio y el pago de indemnizaciones.

G.d.M.P., jubilado de 70 años, solicitó cuenta en Banco Patagonia para cobrar haberes. Al extraer dinero, advirtió que tenía un "adelanto de sueldo" que no había pedido. Reclamó en el banco en varias oportunidades pero no le dieron de baja el servicio ni información adecuada. Inició demanda por daños y perjuicios. En 1ra instancia hicieron lugar parcialmente. El banco apeló.

La actora demandó a Ford por fallas en su vehículo Ford Fiesta, luego de reparaciones insatisfactorias. Se hizo lugar a la resolución del contrato, debiendo la actora devolver el automóvil a Ford. También se admitió el daño moral y se condenó a Ford al pago de $300.000 por daño punitivo. La caja de cambios, tablero, insonorización y otros defectos justificaron la decisión, pese a que el auto pudo usarse por 9 años y 150.000 km.

El fallo revoca la decisión que había denegado la medida cautelar solicitada por J.C.C. y R.I.P., ordenando a Swiss Medical SA limitar los aumentos conforme al IPC. El Tribunal considera que se acreditaron los requisitos para el dictado de la medida, priorizando la tutela del derecho a la salud de los adultos mayores con patologías graves.

El juez determinó que la publicación de la tarifa por Iberia fue válida, por lo que su cancelación unilateral fue ilegítima. Condenó a Iberia a que, a elección del actor, emita nuevos pasajes similares o abone su valor equivalente, más intereses si correspondiere. Se rechazaron los rubros de daño moral y daños punitivos reclamados.

La Cámara Comercial, por mayoría, admitió el recurso de la actora y autorizó la producción de prueba anticipada para certificar contenido de medios y redes sociales. Consideró que rechazar la medida implicaba un perjuicio excesivo dado el riesgo de modificación de la información digital. Ponderó el deber de colaboración probatoria del demandado (art. 53, Ley de Defensa del Consumidor). La disidencia sostuvo que no se verificaban los requisitos para anticipo probatorio.

La actora contrató con Viviendas Montreal S.A. la construcción de una vivienda prefabricada, pagando $227.785 de anticipo y construyendo la platea. La empresa se negó a construir la vivienda alegando que no consiguió garantes para financiación, usando cláusula abusiva que le permitía quedarse con el dinero. El tribunal condenó por incumplimiento contractual y cláusula abusiva, otorgando reintegro más daños morales y punitivos elevados.

El actor demandó al banco por la apertura de su caja de seguridad que se realizó el 19/12/2011, reclamando la pérdida de dólares estadounidenses, un reloj Rolex y monedas de oro. El tribunal confirmó la sentencia de primera instancia que reconoció parcialmente el reclamo monetario pero rechazó el daño moral y punitivo. Se determinó que el cierre de cuentas y apertura de la caja fueron consecuencia de incumplimientos previos del actor, y que el acta notarial de apertura, como instrumento público, no fue redargüida de falsedad.

Leandro Alisón demandó a FCA y Detroit por incumplimiento de un contrato de ahorro para un Jeep Compass. El vehículo se descontinuó, y las opciones de reemplazo fueron rechazadas. La sentencia de primera instancia condenó a las empresas al reembolso de las cuotas pagadas y a una multa punitiva, pero negó el daño moral. La apelación otorgó daño moral y aumentó la multa. La Cámara ratificó el reembolso y la multa del juez de grado, y confirmó el daño moral.

La Cámara confirmó parcialmente la medida cautelar, ordenando a OSDE cubrir el 70% del medicamento Evolocumab prescripto al actor para tratar su dislipemia crónica. Consideró que el medicamento está comprendido en la cobertura de hipolipemiantes del PMO y que, al tratarse de una patología crónica, corresponde una cobertura del 70% según la normativa vigente. No hubo condena en costas por la forma en que se resolvió.