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Hugo Atilio Cocchi compró un Volkswagen Voyage en 2009. En marzo 2011, mientras conducía por ruta 41, la rueda trasera izquierda se desprendió causando vuelco y destrucción total del vehículo. Los actores alegaron falla en rodamientos por deficiente servicio de garantía. El tribunal confirmó rechazo de demanda por determinar que accidente fue causado por exceso de velocidad (148 km/h) y conducta negligente del conductor, no por fallas mecánicas.

El banco realizó débitos indebidos en la cuenta del actor sin autorización. Ante el reclamo, la entidad se negó arbitrariamente a devolver el dinero y provocó la judicialización del conflicto. El banco desplegó una conducta contraria a la buena fe, dilató el proceso y no colaboró para resolver la situación, violando el deber de seguridad y control sobre los mecanismos de débito asociados a las cuentas de clientes.

Nuevamente BANCO SANTADER RIO SA INCUMPLIO. La Justicia ordeno se abstenga de debitar credito otorgado sin el consentimiento del usuario (cliente) y de informarlo en el sistema de deudores morosos hasta que culmine el juicio G.E.V fue victima de estafa, donde sacaron credito en la entidad financiera donde percibe sus haberes (Bco Santader Rio SA) Acude a la justicia donde se ordena la medida cautelar ordenando al Banco SANTADER RIO SA no debite mas las cuotas y no informe ala central de deudores morosos (BCRA, VERAZ entre otros.-

Jubilada de 70+ años demandó al Banco Supervielle por otorgarle 5 préstamos entre 2017-2018 que le comprometían el 60% de su jubilación mínima, excediendo el límite legal del 30%. El banco no notificó la cesión de créditos a GEDCO SA y retuvo ilegalmente haberes previsionales. La Cámara confirmó condena por daño moral, daño punitivo y restitución de montos retenidos en exceso, considerando el sobreendeudamiento y vulnerabilidad de la consumidora.

La consumidora demandó a Telecom por incumplimiento contractual tras haber firmado un acuerdo conciliatorio en OMIC donde aceptó 3 meses de servicio gratuito. La Cámara confirmó el rechazo de la demanda considerando que el acuerdo ante OMIC tuvo carácter transaccional y extintivo. Sin embargo, aplicó el beneficio de gratuidad procesal del art. 53 LDC, eximiendo a la actora del pago de costas pese a haber perdido el juicio por su condición de consumidora.

Rafael Ferreyra, de 72 años, sufrió una estafa electrónica (phishing) donde le sustrajeron $775.000 y USD 300 de sus cuentas bancarias. Las operaciones fraudulentas se realizaron desde ubicaciones geográficas diferentes (Córdoba y José C. Paz) en un período de 31 minutos, con cambio de clave móvil minutos antes. El banco no contaba con sistemas de control de IP ni medidas de seguridad adecuadas para prevenir este tipo de fraudes. La Cámara revocó la sentencia de primera instancia, condenando al banco por incumplir su obligación de seguridad.

Empleado del Banco Supervielle estafó a jubilada de edad avanzada ofreciéndole crédito por $10.000 pero otorgándole $15.709, apropiándose de la diferencia de $5.700. La víctima, considerada hipervulnerable por su edad avanzada y contexto digital, sufrió daño patrimonial, moral y se aplicó multa civil punitiva por la conducta abusiva del banco que no controló adecuadamente a su personal ni brindó respuesta efectiva al reclamo.

El actor contrató servicios de telefonía móvil con AMX Argentina S.A. (Claro), pero la empresa prestó un servicio deficiente de cobertura en su domicilio. El cliente envió dos cartas documento reclamando mejoras en el servicio sin obtener respuesta. La pericia técnica confirmó problemas de conectividad: dentro del domicilio el móvil no se conectaba a 4G y solo alcanzaba máximo 3 barras en 3G, con navegación lenta por internet. La empresa no cumplió con los estándares de calidad prometidos

El actor suscribió dos planes de ahorro para adquisición de automotores. El primer plan se rescindió tras 17 cuotas pagas. En el segundo plan (modelo Ka), abonó 29 cuotas pero no recibió el vehículo. La empresa le envió un mail prometiendo entrega tras la sexta cuota e integración del 30% del valor, oferta que incumplió. El tribunal consideró que hubo información engañosa y violación a la buena fe contractual, condenando solidariamente a ambas demandadas

El caso trata sobre una apelación respecto a la prescripción de una acción por daños derivada de una relación de consumo en un contrato de compraventa de inmueble combinado con locación de obra. La Cámara confirmó la aplicación del plazo quinquenal (5 años) del art. 2560 del CCCN, rechazando el recurso y señalando que prevalece la norma más favorable al consumidor.