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La actora Ivanna María Salomé Candel demandó a Mercado Libre S.R.L. por operaciones fraudulentas realizadas desde su cuenta de Mercado Pago después del robo de su teléfono celular. El juez Fernando G. D'Alessandro falló parcialmente a favor de la demandante, otorgando $360.000 por daño patrimonial y $200.000 por daño moral, más intereses. No se concedieron daños punitivos. Las costas fueron impuestas a la demandada y se regularon honorarios profesionales según la complejidad del caso y el valor UMA establecido por la CSJN

La Sra. Toledo contrató al Sr. Godoy para construir una estructura de aluminio, pagando $202.900 en cuotas durante 2021. Al quedar la obra inconclusa e inservible, Toledo inició reclamo administrativo y luego judicial. El Juzgado de Paz de Lobos dictó sentencia favorable a Toledo, ordenando a Godoy pagar $722.900 ($202.900 de reintegro, $20.000 por daño directo y $500.000 por daño moral). La sentencia también modificó la aplicación de intereses y especificó que la devolución se limitara solo a la estructura metálica.

El juzgado hizo lugar a la demanda contra Cruiseline SRL por publicidad ilícita al promocionar viajes a las Islas Malvinas como territorio británico. Se ordenó eliminar referencias al Reino Unido como país de destino, rectificar publicidades y comunicar a los consumidores que las Islas Malvinas son territorio argentino perteneciente a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Antonio Fiant demandó al Fideicomiso Financiero Privado Frankel por incluirlo en un registro de deudores morosos sin brindarle información adecuada. Pese a sus reiterados reclamos, la empresa respondió con negativas o evasivas, obligándolo a realizar intimaciones formales y mediación prejudicial para obtener información básica. El tribunal consideró probado el incumplimiento informativo, constituyendo un destrato injustificado hacia el consumidor.

La actora solicitó el traslado de su línea telefónica a un nuevo domicilio, servicio que nunca fue efectivizado por Telecom Argentina S.A. a pesar de múltiples reclamos realizados entre diciembre 2016 y julio 2019. La empresa argumentó imposibilidad técnica y ofreció tecnología GSMF que fue rechazada por la clienta. Durante este período, la empresa continuó facturando sin prestar el servicio, aunque luego emitió notas de crédito. La actora realizó reclamos ante la OMIC y mediación prejudicial sin obtener respuesta favorable, lo que derivó en esta acción judicial.

El caso trata sobre una apelación presentada por Lavecchia contra una resolución que ordenó readecuar su demanda. El actor había comprado unas cocheras como inversión con intención de alquilarlas, y reclamaba por la falta de entrega de las unidades. El tribunal confirmó que no se configuraba una relación de consumo según la Ley 24240, ya que la compra no era para uso privado sino como inversión, rechazando así la apelación y manteniendo la necesidad de readecuar la demanda.

Se estableció la competencia territorial en el domicilio del consumidor, en una demanda entablada por incumplimiento contractual de un usuario contra la empresa de medicina prepaga, debido a: la existencia de una relación de consumo que hace aplicables los principios rectores de la materia con prevalencia ante cualquier colisión con normas de derecho común; El orden público que se impone a través del art. 65 de la Ley 24240; La manda interpretativa a favor del consumidor del art. 3 de la Ley 24240; y La regla de atribución de competencia más favorable al consumidor.

Enrique Ramón Flores demandó a Telecom Argentina S.A. por la interrupción del servicio de internet y telefonía fija en su domicilio durante 8 meses. El caso involucró al titular y sus seis hijos. La sentencia confirmó la existencia de incumplimiento contractual, otorgó indemnización por daño moral al titular y daños punitivos a todos los demandantes. La empresa demandada fue condenada a pagar las costas del juicio. La Cámara elevó los montos de la sentencia original.

Se trata de un caso por incumplimiento contractual contra una empresa de telefonía. Los usuarios solicitaron el traslado de una línea telefónica fija que nunca fue realizado por la empresa, sin justificación válida. Tras reclamos infructuosos, los usuarios optaron por otros medios de comunicación y demandaron. En primera instancia se condenó por daño moral y punitivo. En la apelación, se revocó el daño moral pero se mantuvo el daño punitivo, modificando su forma de cálculo a un porcentaje de la Canasta Básica Total.

Se trata de un caso por incumplimiento contractual contra una empresa de telefonía. Los usuarios solicitaron el traslado de una línea telefónica fija que nunca fue realizado por la empresa, sin justificación válida. Tras reclamos infructuosos, los usuarios optaron por otros medios de comunicación y demandaron. En primera instancia se condenó por daño moral y punitivo. En la apelación, se revocó el daño moral pero se mantuvo el daño punitivo, modificando su forma de cálculo a un porcentaje de la Canasta Básica Total.