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Los hijos de C.A., fallecido en un accidente de tránsito, demandaron a San Cristóbal Seguros por incumplimiento de contrato al negarse a reponer un vehículo siniestrado. La aseguradora pretendió limitar su responsabilidad a $6.165.000 ignorando la cláusula de reposición de unidad. El tribunal confirmó la sentencia que obliga a entregar un vehículo 0km en 10 días y pagar $80.000.000 por daño punitivo debido a la conducta negligente y especulativa de la demandada.

Cámara Comercial-Sala C de Buenos Aires (12/03/2025): Organización de Servicios Empresariales S.A. c/ Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados. Juicio sumarísimo. La Cámara confirmó la multa por incumplimiento de acuerdo de mediación (art. 26, ley 26.589) y redujo el daño punitivo de $15.000.000 a $1.500.000 (art. 52bis LDC) tras constatar la mora injustificada de la demandada. Se rechazó el recurso de la actora y se admitió parcialmente el de la demandada. Costas de alzada en el orden causado.

El actor demandó al banco por la apertura de su caja de seguridad que se realizó el 19/12/2011, reclamando la pérdida de dólares estadounidenses, un reloj Rolex y monedas de oro. El tribunal confirmó la sentencia de primera instancia que reconoció parcialmente el reclamo monetario pero rechazó el daño moral y punitivo. Se determinó que el cierre de cuentas y apertura de la caja fueron consecuencia de incumplimientos previos del actor, y que el acta notarial de apertura, como instrumento público, no fue redargüida de falsedad.

La actora contrató un viaje estudiantil con la demandada, quien rescindió abusivamente el contrato e incumplió con el deber de información, atención y trato digno. El tribunal consideró que la empresa actuó sin la diligencia y buena fe exigibles en relaciones de consumo, confirmando el daño moral pero rechazando el daño punitivo por no acreditarse conducta grave o reincidente. Se actualizó el monto de restitución considerando la depreciación monetaria.

Los demandantes, clientes del BBVA desde 1999, sufrieron la sustracción de U$S 40.000 de su caja de ahorro en dólares mediante dos transferencias no autorizadas realizadas el 14/07/2020 durante el ASPO por Covid-19. Las transferencias se realizaron sin IP asignada y hubo intentos fallidos el día anterior. El banco rechazó los reclamos alegando negligencia de los clientes. La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia que responsabilizó al banco por incumplimiento del deber de seguridad y falta de sistemas de monitoreo adecuados.

La actora demandó al Banco por débitos automáticos en su cuenta sueldo por gastos de una tarjeta Mastercard renovada que nunca recibió ni habilitó. Pese a múltiples reclamos durante cuatro meses, el Banco ignoró el problema, derivándola constantemente a la sucursal. La Cámara confirmó el fallo de primera instancia, obligando al Banco a reintegrar lo debitado ilegalmente ($650) y pagar $25.000 por daño moral, rechazando el daño punitivo por no constituir un caso de especial gravedad.

Abogado demandó a ARSA y Banco Macro por caducidad de millas "Aerolíneas Plus", alegando falta de información. Ganó en primera instancia, pero la Cámara revocó la sentencia al determinar que incurrió en "ignorancia culpable" al no leer el contrato que firmó voluntariamente, siendo su condición profesional un agravante. ARSA había extendido el plazo por pandemia y respondió conforme a las condiciones contractuales. El tribunal aplicó el principio "nadie puede alegar su propia torpeza", estableciendo que la protección al consumidor cede ante conducta negligente.

La actora demandó por defectos de construcción en un inmueble adquirido en 2012, alegando problemas de humedad, filtraciones y terminaciones defectuosas. La demanda fue rechazada porque el tribunal consideró que había transcurrido el plazo de prescripción anual previsto en el art. 2564 del Código Civil y Comercial, ya que la demandante conocía los vicios desde la adquisición del inmueble, según evidenciaban correos electrónicos enviados entre 2012 y 2015, mucho antes de iniciar la mediación en junio de 2017.

Un tercero suplantó la identidad de la actora y contrató un paquete bancario con saldo negativo de $700.000. A pesar de los reclamos y desconocimiento de deuda, el banco continuó el cobro y la incluyó en el registro de deudores del BCRA. El tribunal consideró que la entidad no verificó adecuadamente la identidad del solicitante y mantuvo una actitud obstruccionista, demostrando grave menosprecio hacia los derechos del consumidor.

Heredera de un plan de ahorro para la adquisición de un vehículo Fiat cuyas cuotas fueron totalmente abonadas por un seguro tras el fallecimiento del titular original. A pesar de haber cumplido con todos los requisitos e intimado a la administradora, ésta no entregó el vehículo adjudicado alegando falta de presentación de una nota de pedido que nunca puso a disposición, mostrando un comportamiento negligente y desinteresado que justificó la condena por daño punitivo.