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El actor compró una computadora PC HP All In One Compaq el 6/3/2015 que presentó fallas. La demandada brindó servicio técnico defectuoso con demoras irrazonables: el equipo ingresó al servicio técnico el 17/12/2015 y permaneció en reparación hasta el 17/10/2016 (10 meses) sin obtener funcionamiento correcto. El consumidor nunca pudo utilizar el equipo adquirido, generando destrato y minoración en su subjetividad como consumidor.

El actor solicitó la baja de su línea telefónica móvil en diciembre 2012, pero AMX continuó emitiendo facturas y lo incluyó irregularmente en bases de datos de deudores morosos durante varios años. Demandó por baja definitiva, exclusión de registros crediticios, daño moral y punitivo. La Cámara admitió el recurso del actor, elevando el daño moral de $300.000 a $1.000.000 y concediendo daño punitivo de 1 CBT por la gravedad del incumplimiento.

Actor compró Ford Focus 0km que presentó fallas en motor desde el inicio. Tras múltiples reparaciones infructuosas, debió cambiarse motor completo. Durante proceso, actor vendió vehículo a tercero. Concesionario y fabricante fueron condenados por incumplimiento de garantía, demoras en reparación y privación de uso del vehículo por 96 días. Se reconoció daño moral por molestias sostenidas y daño punitivo por desentendimiento del problema de calidad.

El actor suscribió un plan de ahorro con Volkswagen en 2006 para adquirir un Gol Power, pagando 27 cuotas antes de la rescisión en 2013. La empresa no reintegró los haberes netos correspondientes ni brindó información adecuada sobre el monto adeudado, manteniendo el incumplimiento por más de 8 años. El tribunal condenó por falta de información y demora injustificada en el reintegro, elevando los montos de daño moral y punitivo en apelación

Jubilada de 80+ años con educación básica incompleta demandó por contratos de crédito abusivos. Cartasur le otorgó múltiples préstamos con refinanciaciones que capitalizaban intereses sin estar en mora, sin informar tasas ni condiciones. Las demandadas no respondieron pedidos de información y Enpro realizó cobranzas intimidatorias. Se declaró nulidad de contratos por violación art. 36 LDC y vulneración de consumidora hipervulnerable.

Telecom suspendió injustificadamente el servicio de telefonía celular del actor durante 76 días, pese a que había pagado puntualmente todas las cuotas del equipo mediante VISA. La empresa le exigió un nuevo pago en efectivo para restablecer el servicio, duplicando la percepción. Además, lo reportó en VERAZ e inició gestiones de cobranza por deudas inexistentes, sin dar respuestas a sus reclamos epistolares. El actor debió pagar nuevamente para recuperar el servicio.

La actora contrató servicio de internet de 5 megas pero recibió solo 1 mega. Solicitó baja inmediata del servicio. Telecom no atendió adecuadamente sus reclamos múltiples (llamadas, carta documento) y siguió cobrando el servicio deficiente. El tribunal consideró que hubo incumplimiento contractual, trato indigno al consumidor y conducta negligente de la empresa que justificó daño moral y punitivo por frustrar expectativas legítimas del usuario.

El actor reclama por daños y perjuicios causados por la falta de cobertura ante el robo de un vehículo adquirido con crédito con garantía prendaria y asegurado en la compañía "RS El Comercio Seguros". El caso involucra incumplimiento contractual por parte del banco y la aseguradora en la cobertura del siniestro.

Actora de 63 años con problemas de salud y certificado de discapacidad se quedó sin servicio telefónico domiciliario durante 9 meses. Pese a múltiples reclamos administrativos e incluso demanda federal, Telecom no restableció el servicio hasta agosto 2012. La interrupción afectó gravemente su calidad de vida considerando su edad y necesidades médicas. Cámara incrementó condena por daño moral y punitivo.

La demandante Malena Albert solicitó el traslado de su línea telefónica a su nuevo domicilio. Telecom Argentina S.A. demoró dos años y medio en realizar el traslado, sin brindar justificaciones técnicas válidas. Esta demora excesiva obligó a la consumidora a iniciar un proceso de amparo para obtener el servicio. El tribunal consideró que existió un destrato inexplicable hacia la consumidora y que la empresa no cumplió con los estándares de profesionalidad requeridos, vulnerando los derechos del consumidor.