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Rafael Ferreyra, de 72 años, sufrió una estafa electrónica (phishing) donde le sustrajeron $775.000 y USD 300 de sus cuentas bancarias. Las operaciones fraudulentas se realizaron desde ubicaciones geográficas diferentes (Córdoba y José C. Paz) en un período de 31 minutos, con cambio de clave móvil minutos antes. El banco no contaba con sistemas de control de IP ni medidas de seguridad adecuadas para prevenir este tipo de fraudes. La Cámara revocó la sentencia de primera instancia, condenando al banco por incumplir su obligación de seguridad.

La actora Ivanna María Salomé Candel demandó a Mercado Libre S.R.L. por operaciones fraudulentas realizadas desde su cuenta de Mercado Pago después del robo de su teléfono celular. El juez Fernando G. D'Alessandro falló parcialmente a favor de la demandante, otorgando $360.000 por daño patrimonial y $200.000 por daño moral, más intereses. No se concedieron daños punitivos. Las costas fueron impuestas a la demandada y se regularon honorarios profesionales según la complejidad del caso y el valor UMA establecido por la CSJN

El actor contrató servicios de telefonía móvil con AMX Argentina S.A. (Claro), pero la empresa prestó un servicio deficiente de cobertura en su domicilio. El cliente envió dos cartas documento reclamando mejoras en el servicio sin obtener respuesta. La pericia técnica confirmó problemas de conectividad: dentro del domicilio el móvil no se conectaba a 4G y solo alcanzaba máximo 3 barras en 3G, con navegación lenta por internet. La empresa no cumplió con los estándares de calidad prometidos

Sentencia que modifica parcialmente el fallo de primera instancia. La Cámara ordena a la demandada reparar los defectos del vehículo (ruidos en motor y dificultad en cambios) en 60 días. En caso de incumplimiento, deberá abonar el valor de mercado de un vehículo similar considerando modelo, año y kilometraje. Confirma el daño moral de $1.000.000 y modifica el daño punitivo, fijándolo en 4 Canastas Básicas Totales para hogar tipo 3. Aplica el régimen de defensa del consumidor pero modera la solución inicial considerando que el vehículo recorrió más de 44.000 km en varios años de uso.

Cliente reclamó por servicio telefónico deficiente e interrumpido por más de 42 días. El caso se vincula a un juicio anterior donde se ordenó a la empresa reparar y rehabilitar la línea. La demandada alegó que la suspensión se debió a falta de pago, pero esto fue desestimado por existir cosa juzgada sobre el incumplimiento contractual. El tribunal consideró probada la afectación al cliente por la extensión del conflicto (11 años) y los múltiples reclamos administrativos necesarios, evidenciando un patrón de conducta de la empresa en casos similares.

Cliente bancario impugna préstamo personal alegando que fue obtenido fraudulentamente por terceros que hackearon su home banking. La Cámara concedió medida cautelar ordenando al banco abstenerse de cobrar las cuotas del préstamo impugnado hasta que se resuelva el caso, considerando los riesgos de la operatoria electrónica y la protección del consumidor.

Se trata de un caso por incumplimiento contractual contra una empresa de telefonía. Los usuarios solicitaron el traslado de una línea telefónica fija que nunca fue realizado por la empresa, sin justificación válida. Tras reclamos infructuosos, los usuarios optaron por otros medios de comunicación y demandaron. En primera instancia se condenó por daño moral y punitivo. En la apelación, se revocó el daño moral pero se mantuvo el daño punitivo, modificando su forma de cálculo a un porcentaje de la Canasta Básica Total.

Se trata de un caso por incumplimiento contractual contra una empresa de telefonía. Los usuarios solicitaron el traslado de una línea telefónica fija que nunca fue realizado por la empresa, sin justificación válida. Tras reclamos infructuosos, los usuarios optaron por otros medios de comunicación y demandaron. En primera instancia se condenó por daño moral y punitivo. En la apelación, se revocó el daño moral pero se mantuvo el daño punitivo, modificando su forma de cálculo a un porcentaje de la Canasta Básica Total.

La Justicia hizo lugar a la demanda colectiva contra Tarjeta Grupar S.A., condenándola a pagar $20.000.000 por daño punitivo e intereses, y a devolver lo cobrado indebidamente bajo el concepto “Comisión por Mora”. Se declaró abstracto el pedido de cese del cobro. La empresa deberá pagar las costas del juicio y se regularon honorarios de abogados y peritos intervinientes.

La CSJN hizo lugar al recurso extraordinario presentado por ADDUC contra Standard Bank por el cobro de una comisión del 1,99% sobre préstamos y financiaciones que incrementaba indirectamente los intereses, violando la normativa del BCRA (Comunicaciones A 3052 y C 35610). La Corte determinó que estas comisiones estaban expresamente prohibidas y revocó la sentencia de Cámara que había validado estos cargos.