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La actora suscribió en enero de 2018 un plan de ahorro administrado por Chevrolet (Grupo 4331, Orden 54, 84 cuotas), abonando 40 cuotas. Al finalizar el plan en febrero de 2025, la administradora no reintegró el haber de ahorro, alegando falta de fondos en el grupo. El tribunal consideró que dicho incumplimiento fue injustificado —la demandada no acreditó la insuficiencia de fondos—, declaró abusiva la cláusula que supeditaba el reintegro a la disponibilidad de fondos grupales, y condenó al reintegro como deuda de valor más daño moral y punitivo.

La actora inició demanda por daños e incumplimiento contractual contra Comercial Viviendas S.R.L. en 2017. El expediente fue paralizado por inactividad en dos oportunidades, decretándose la caducidad de instancia. Apelada esa resolución, la actora tampoco impulsó la segunda instancia, por lo que la Cámara declaró la caducidad de alzada e impuso costas a la apelante. No hubo pronunciamiento sobre el fondo.

Los actores contrataron con HORCRISA/PROCRISA la fabricación de 15 aberturas de PVC para su vivienda, abonando $1.083.000 en septiembre de 2021. La entrega pactada para diciembre de 2021 no se cumplió. En febrero de 2022 se realizó una entrega parcial con productos defectuosos. Ante la demora y el incumplimiento, los actores rescindieron el contrato y reclamaron la devolución del dinero más daños. La Cámara confirmó la responsabilidad de las demandadas, redujo el daño moral y rechazó el daño punitivo.

La actora alegó haber adquirido en 2017 una heladera a Binser S.A. mediante contrato verbal en 240 cuotas, que nunca funcionó correctamente y fue retirada con promesa de reposición que nunca se cumplió. La demanda fue rechazada en primera instancia por no haberse acreditado la relación contractual. La Cámara confirmó el rechazo y declaró desierto el recurso de apelación de la actora por insuficiencia recursiva.

El 13/12/2017, el actor se encontraba comprando en el local Easy (Cencosud) de La Tablada cuando, al retirar un tirante de madera de un estante, cayó sobre su pie izquierdo un paquete de cuatro tirantes desde 3 metros de altura, ocasionándole fractura de dedos del pie izquierdo, incapacidad física y psíquica permanente. Trabajador de la construcción de 48 años, quedó impedido de ejercer su oficio. La Cámara confirmó la condena por responsabilidad objetiva del local comercial.

Los actores compraron en 2012 dos aires acondicionados LG en COTO, los que nunca funcionaron correctamente. Pese a reiterados reclamos y visitas técnicas infructuosas, ninguna empresa dio solución. COTO acordó en sede administrativa el cambio de un equipo, desmontó la unidad defectuosa pero nunca instaló la nueva; el equipo abandonado fue robado. Tras más de 10 años de litigio, la Cámara confirmó la responsabilidad solidaria y elevó el daño punitivo e instalación.

El actor contrató el servicio de TV por cable de Telecentro y desde diciembre de 2019 no pudo acceder a varios canales incluidos en su plan. Realizó numerosos reclamos y recibió visitas técnicas sin solución. La pericia confirmó la deficiencia por 51 meses. La demandada alegó culpa del usuario por negarse al recambio del cableado, pero no logró acreditarlo. La Cámara confirmó la responsabilidad y elevó el daño moral y el punitivo.

El actor suscribió en noviembre de 2020 un plan de ahorro para adquirir una VW T-Cross, abonando anticipo, cuotas y el 20% complementario. Resultó adjudicado en marzo de 2021, pero nunca recibió el vehículo. Ante la falta de información y respuesta de la concesionaria (ALRA) y la administradora (Volkswagen Ahorro), dejó de pagar y promovió demanda. La Cámara confirmó la responsabilidad solidaria de ambas y elevó los montos por daño moral, punitivo y reintegro de la alícuota complementaria.

El banco derivó la deuda del actor a una agencia de cobranzas sin brindarle información clara y detallada sobre su composición. El actor abonó un monto ligeramente superior al realmente adeudado según pericia contable. Se acreditó incumplimiento al deber de información y trato digno: no se entregó documentación respaldatoria ni antes ni después del pago. La Cámara confirmó la responsabilidad pero redujo el daño moral a $35.000 y el punitivo a $91.000.

Acuña promovió acción de habeas data contra el BPBA para obtener información actualizada sobre su deuda (capital, intereses, tasa y fecha de mora), a fin de cancelarla. El banco negó información en sucursal y respondió de forma insuficiente por carta documento. La jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda; el banco apeló. La Cámara confirmó el fallo, considerando que la información brindada no cumplía con el estándar de lenguaje claro exigido por la normativa aplicable.