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Falcone adquirió un plan de ahorro para un vehículo Fiat. Tras adjudicarse un Fiat Uno Fire en reemplazo del modelo original, la empresa demoró 4 meses en entregar la factura correcta para la inscripción registral del vehículo. El actor debió realizar gestiones continuas entre abril y julio de 2014 para inscribir el automotor. Además, la demandada demoró otros 2,5 meses en pagar la diferencia de $223.349 por el cambio de modelo, entregando solo $188.263. La Cámara confirmó la condena por incumplimiento contractual y daño punitivo, pero revocó el daño moral.

La Cámara Civil y Comercial de Azul confirmó que Fabián Gallo, dueño de un almacén y verdulería, debe ser considerado consumidor frente a Coopelectric pese al destino comercial del servicio eléctrico. Rechazó la apelación de la cooperativa y ratificó la aplicación de la Ley 24.240, por tratarse de un servicio esencial y de uso promiscuo que coloca al actor en situación de vulnerabilidad. Costas en el orden causado.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino confirmó la sentencia que condenó a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. a pagar $50.000 a Nora Aurora Paredes por daño moral. La actora fue indebidamente incluida en informes comerciales negativos por más de dos años, afectando su reputación. Se rechazó el recurso de apelación del banco y se impusieron costas al apelante.

La actora contrató servicio de internet de 5 megas pero recibió solo 1 mega. Solicitó baja inmediata del servicio. Telecom no atendió adecuadamente sus reclamos múltiples (llamadas, carta documento) y siguió cobrando el servicio deficiente. El tribunal consideró que hubo incumplimiento contractual, trato indigno al consumidor y conducta negligente de la empresa que justificó daño moral y punitivo por frustrar expectativas legítimas del usuario.

Rivarola se inscribió en 2012 en la carrera de Abogacía a distancia sin ser informado sobre exámenes presenciales obligatorios en Córdoba. Solicitó su título de procurador en agosto 2015, pero recién lo recibió en enero 2018 (casi 3 años después) debido a errores administrativos y demoras injustificadas de la universidad. La Cámara confirmó la responsabilidad por falta de información y entrega tardía del título.

American Express demandó a los herederos de Garfinkel por deudas en tarjetas. La apelación cuestiona la existencia de un seguro de vida para cubrir el saldo deudor. El tribunal analiza la normativa del consumidor y la obligatoriedad del seguro, revirtiendo parcialmente la sentencia.

Carlini suscribió un plan de ahorro para adquirir una Ford Ranger. Las demandadas incurrieron en una demora de 163 días en la entrega, ignoraron reiteradas cartas documento, entregaron en un primer momento documentación de un vehículo incorrecto y ofrecieron judicialmente una suma inferior a la penalidad contractual. La Cámara confirmó la condena de primera instancia, modificando solo el cómputo de intereses sobre el daño punitivo.

Rossi abonó las 84 cuotas de un plan de ahorro para adquirir un Chevrolet Onix Joy, pero nunca fue notificada fehacientemente de su adjudicación. Ante la falta de información, envió una carta documento solicitando la devolución de lo abonado, que luego retractó oportunamente. La administradora ignoró la retractación y procedió a liquidar el reintegro. La Cámara confirmó la condena a entregar el vehículo, el daño moral y el daño punitivo —este último solo contra la administradora—, por actuar con negligencia grave y desaprensión hacia los derechos de la consumidora.

Heredera de un plan de ahorro para la adquisición de un vehículo Fiat cuyas cuotas fueron totalmente abonadas por un seguro tras el fallecimiento del titular original. A pesar de haber cumplido con todos los requisitos e intimado a la administradora, ésta no entregó el vehículo adjudicado alegando falta de presentación de una nota de pedido que nunca puso a disposición, mostrando un comportamiento negligente y desinteresado que justificó la condena por daño punitivo.

ulián Rojas Berru demandó a Automotores Maipú S.A. y Plan Óvalo S.A. por incumplimiento de contrato de autoplan. El juez condenó a las empresas por falta de información y retención indebida de dinero, otorgando al actor una indemnización por daños morales y emergentes. Las empresas apelaron sin éxito.