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Betelu compró dos ventanas PVC en Easy (Cencosud) por $24,725 en octubre 2018, con entrega prometida en 20 días. Tras múltiples reclamos sin respuesta y la no entrega del producto, Betelu demandó. La justicia condenó a Cencosud, ordenando restituir lo pagado, más $350,000 por daño moral y un daño punitivo de 50 Canastas Básicas. El fallo aplica el principio pro consumidor y sanciona el incumplimiento para disuadir futuras conductas abusivas.

Un jubilado, al intentar desbloquear su tarjeta de débito, recibió una llamada fraudulenta haciéndose pasar por el Banco Nación. Siguiendo instrucciones del estafador, se realizaron préstamos y transferencias no autorizadas desde su cuenta. La Cámara Federal de La Plata confirmó la condena al banco por $1.000.000 de daño moral y $300.000 de daño punitivo, considerando que falló en implementar medidas de seguridad y en brindar atención adecuada, sentando un precedente en protección al consumidor bancario.

En este fallo se revoca la sentencia de primera instancia que había rechazado el carácter de consumidora de la actora, que manifiesta haber adquirido una notebook para usarla en su trabajo como veterinaria. En el recurso, la actora manifestó que además iba a usarla en su propia casa, para uso cotidiano, ver peliculas y series y usar redes sociales. La Cámara, en línea con la figura del consumidor mixto que define la doctrina, acogió el recurso y declaró la relación de consumo habida en este conflicto.

La actora reservó alojamiento en Río de Janeiro por Booking.com a un precio en pesos argentinos. Luego descubrió que le cobraron en dólares, aplicando impuestos como el PAÍS, no especificados claramente. El tribunal falló a favor de la actora, condenando a Booking.com Argentina S.R.L. a pagar $1.028.764,25 por daño emergente, moral y punitivo. Se consideró publicidad engañosa, falta de información clara y violación del derecho de arrepentimiento del consumidor en contrataciones a distancia.

Los menores A y E J sufrieron reacciones adversas tras usar un protector solar fabricado por Laboratorios Andrómaco. A presentó enrojecimiento en mejillas y tronco, mientras que E sufrió vómitos, fiebre y enrojecimiento de una cicatriz preexistente. Ambos desarrollaron secuelas psicológicas.

La Cámara confirmó la sentencia que obliga a Volkswagen a restituir fondos de planes de ahorro rescindidos como deuda de valor, actualizando los montos. Se declaró abusiva la cláusula 16 II inc.2.3, que permitía reintegrar fondos solo a medida que ingresara dinero de adjudicatarios en mora. Se ratificó la indemnización por daño moral y punitivo, y se prohibió deducir gastos administrativos ya pagados, protegiendo al consumidor frente a prácticas abusivas.

El juzgado condenó a DIA Argentina SA por cobro indebido, ordenando el pago de daño moral e imponiendo daños punitivos. Se destacó la falta de respuesta adecuada de DIA ante los reclamos del consumidor y su conducta procesal temeraria. El fallo resalta la importancia de la protección al consumidor y la necesidad de sancionar graves inconductas de las empresas en sus relaciones con los clientes.

EDENOR S.A. impugnó una multa de $50,000 impuesta por la Municipalidad de General San Martín por infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor. La empresa alegó falta de competencia y cuestionó la legalidad del acto administrativo. El tribunal, tras evaluar los argumentos, rechazó la demanda, confirmando la validez de la resolución impugnada y ordenando que las costas fueran soportadas por la actora vencida.

En el caso N° 135149, RADIO SAPIENZA SACII demandó a GUSTAVO PEDRO CASCO por el cobro de un pagaré. El tribunal aceptó la excepción de prescripción presentada por el demandado, declarando nula una cláusula que extendía el plazo de cobro. Se aplicaron las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor, resaltando la protección del consumidor en relaciones de crédito. La sentencia reafirma la importancia de la seguridad jurídica en estos casos.

La Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos demandó a la Obra Social de la Unión Personal Civil de la Nación por dar de baja a afiliados que se jubilan o reciben pensiones. Se argumenta que estas bajas son ilegítimas y se busca la reincorporación de los afectados, así como sanciones a la obra social. El caso se tramita como un juicio ordinario, en defensa de los derechos de los consumidores.