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Asociación de consumidores demanda a Banco Macro por aplicar tasas de interés más bajas en renovaciones automáticas de plazos fijos. El tribunal rechaza un acuerdo conciliatorio por considerar que no protege adecuadamente a todos los miembros del grupo.

El Sr. Redelico demandó al Banco Supervielle y a GEDCO S.A. por prácticas abusivas en el cobro de deudas, argumentando falta de información y trato indigno. La primera instancia falló parcialmente a favor del actor, condenando solidariamente al banco y GEDCO al pago de $443.200 por daños y perjuicios más intereses, y una multa de $400.000 por daño punitivo. Las partes apelaron. La Cámara confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, aumentando el monto de la indemnización.

Demanda colectiva por aumentos en las tarifas de gas. Se declara la inconstitucionalidad de artículos de la ley 26.584, suspendiendo las resoluciones que generaron dichos aumentos.

Carlos Nuesch compró un aire acondicionado Samsung que nunca le fue entregado. Le ofrecieron un reemplazo de calidad inferior y luego no le fue entregado. Se incumplió un acuerdo con COPREC. Nuesch reclama el cumplimiento del contrato, una indemnización por daños y perjuicios y una multa por los incumplimientos de la ley de protección al consumidor. Este documento solicita una fecha de audiencia judicial para discutir el asunto más a fondo.

La familia Minoyetti, abonados de Boca Juniors desde hace mucho tiempo, no cumplió con el plazo de renovación debido a una comunicación poco clara por parte del club. El tribunal de primera instancia falló parcialmente a su favor, otorgando daños y perjuicios punitivos. El tribunal de apelaciones confirmó la decisión de devolver los abonos de temporada, confirmó la indemnización por daños morales, pero redujo la indemnización por daños punitivos.

María Pía Coppola impugnó cargos fraudulentos de PlayStation en su tarjeta de crédito. A pesar de informar del problema, los cargos reaparecieron y la gestión de su queja por parte de los bancos se consideró inadecuada. El tribunal de primera instancia falló a su favor, otorgando daños y perjuicios pero rechazando los daños punitivos. El tribunal de apelaciones confirmó la mayor parte de la decisión del tribunal de primera instancia, afirmando la responsabilidad de los bancos por no abordar adecuadamente el fraude y confirmando la indemnización por daños y perjuicios.

SEB obtuvo un préstamo para un automóvil del Banco Santander. Debido a la inflación, los pagos ahora superan el 100% de sus ingresos. Ella solicita una orden judicial para reducir los pagos al 10% de sus ingresos, citando leyes de protección al consumidor. El tribunal concede la solicitud de medida cautelar, ordenando al Banco Santander extender el período de pago del préstamo a 60 meses, al tiempo que considera también las circunstancias financieras de la demandante, reduciendo efectivamente los pagos mensuales, aunque el juez no indica explícitamente el porcentaje solicitado.

Alicia Morinigo Gayozo fue víctima de una estafa de phishing en la que se obtuvo un préstamo fraudulento a través de su cuenta bancaria. El tribunal de primera instancia falló en contra de ICBC, que apeló. El tribunal de apelaciones confirmó en gran medida la decisión del tribunal de primera instancia, pero revocó los daños punitivos. ICBC fue declarado responsable de negligencia debido a medidas de seguridad inadecuadas. El tribunal enfatizó el principio de que las instituciones financieras tienen el deber de proteger a los clientes de este tipo de estafas. Se otorgaron daños morales.

Un paciente demandó a OSDE por el reembolso de los costos de cirugía y prótesis (USD 2000). El tribunal de primera instancia denegó una medida cautelar. El tribunal de apelación confirmó esta decisión, argumentando que la solicitud era esencialmente de compensación monetaria y carecía de urgencia, ya que no afectaba de manera inmediata la salud del paciente. El tribunal enfatizó que las medidas cautelares son medidas excepcionales, que necesitan una demostración clara de daño inminente.

LGL demandó a Despegar.com por vuelos cancelados. El tribunal de primera instancia otorgó una indemnización mínima por daños y perjuicios. La apelación aumentó la indemnización significativamente: $780.000 por reembolso, $390.000 por daños morales y $400.000 por daños punitivos. El tribunal confirmó la responsabilidad de Despegar.com, haciendo hincapié en las leyes de protección al consumidor.