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Castro celebró un contrato de consumo con Volkswagen SA (a través de Maipú Automotores SA, el concesionario) para un plan de ahorro en automóviles. La entrega se retrasó significativamente. Después de que la mediación fracasara, Castro demandó por daños y perjuicios debido a la demora y por otras violaciones de las leyes de protección al consumidor. El tribunal falló a favor del demandante y ordenó a los demandados pagar daños y perjuicios por incumplimiento del contrato y otras pérdidas.

El actor tomó un préstamo bancario de $10.000 en septiembre 2011, pagó las 14 primeras cuotas y canceló las 4 últimas en marzo 2013. El banco le dio recibo de cancelación total pero luego lo registró como deudor moroso en centrales de riesgo hasta diciembre 2014, sin responder sus reclamos. La Cámara revocó el fallo de primera instancia que había rechazado la demanda, condenando al banco por daño moral y punitivo por información errónea y falta de respuesta al consumidor.

Moro, cliente con discapacidad visual, canceló su deuda con Itaú en 2016 y solicitó baja de servicios. Pese a un acuerdo en OMIC donde el banco se comprometió al cierre de la cuenta, continuó informando al BCRA que Moro era deudor moroso (grado 2 y luego 3 en Veraz). El banco incumplió durante más de 6 meses su obligación de corregir la información, forzando al actor a iniciar acciones judiciales. La Cámara consideró la conducta del banco como desaprensiva y sancionable con daño punitivo.

El tribunal acoge el planteo de abuso de derecho formulado por el ejecutado, quien alega demoras injustificadas y dilación del ejecutante en el proceso de ejecución. El tribunal considera que el ejecutante no justificó la inacción prolongada, ordenando la detracción de intereses computados durante ciertos períodos de inactividad. Se dispone que el ejecutante practique una nueva liquidación.

La actora solicitó el traslado de su línea telefónica a un nuevo domicilio, servicio que nunca fue efectivizado por Telecom Argentina S.A. a pesar de múltiples reclamos realizados entre diciembre 2016 y julio 2019. La empresa argumentó imposibilidad técnica y ofreció tecnología GSMF que fue rechazada por la clienta. Durante este período, la empresa continuó facturando sin prestar el servicio, aunque luego emitió notas de crédito. La actora realizó reclamos ante la OMIC y mediación prejudicial sin obtener respuesta favorable, lo que derivó en esta acción judicial.

El 14/11/2014 en Av. 32 y calle 3 de La Plata se produjo colisión entre el Fiat Palio del actor y un ómnibus línea 129 de Empresa Plaza. La responsabilidad del evento dañoso se atribuyó al demandado quedando firme. La Cámara confirmó condena por daños materiales ($28.173) pero revocó daño moral otorgado en primera instancia. Fundamento: cuando daño moral deriva de daños materiales (no físicos/psíquicos) debe probarse afectación espiritual. Actor alegó sufrimientos porque vehículo era herramienta de trabajo pero no lo probó.

El actor acumuló puntos con su tarjeta del Banco Patagonia para canjearlos por millas y viajar a Bangkok. Al intentar hacer check-in en Ezeiza, descubrió que los pasajes fueron emitidos erróneamente a nombre de "Patricio Patricio" y "Teresita Teresita", impidiéndoles abordar. El viaje planificado con antelación se frustró por error en el sistema de canje de millas del programa Club Patagonia. La Cámara redujo la indemnización de $900.000 a $500.000 por daño moral.

Herrera suscribió un plan de ahorro con Fiat Plan y, una vez abonadas todas las cuotas, la demandada se negó a otorgar la documentación para levantar la prenda sobre el vehículo. El actor debió transitar instancias administrativa, de mediación y judicial para obtener el reconocimiento de su derecho. La Cámara elevó el daño moral y el punitivo a $300.000 cada uno, por la grave desconsideración de la empresa hacia el consumidor.

Carlos Nuesch compró un aire acondicionado Samsung que nunca le fue entregado. Le ofrecieron un reemplazo de calidad inferior y luego no le fue entregado. Se incumplió un acuerdo con COPREC. Nuesch reclama el cumplimiento del contrato, una indemnización por daños y perjuicios y una multa por los incumplimientos de la ley de protección al consumidor. Este documento solicita una fecha de audiencia judicial para discutir el asunto más a fondo.

El banco realizó débitos indebidos en la cuenta del actor sin autorización. Ante el reclamo, la entidad se negó arbitrariamente a devolver el dinero y provocó la judicialización del conflicto. El banco desplegó una conducta contraria a la buena fe, dilató el proceso y no colaboró para resolver la situación, violando el deber de seguridad y control sobre los mecanismos de débito asociados a las cuentas de clientes.