Planes de ahorro: “La trampa que aparece justo cuando el consumidor cree que ganó”

Miles de argentinos que aportaron a un plan de ahorro y nunca retiraron el auto esperan recuperar su dinero cuando el contrato termina. Pero lo que se encuentran es otra cosa: que “falta plata” , que nadie les da una fecha para “cobrar el resto” y que, cuando por fin aparece “algo” , las administradoras pretenden devolverlo a “valores históricos” mientras a los deudores les reclaman a valores de hoy. Desde Usuarios y Consumidores Unidos lo venimos denunciando en la Justicia . Y lo decimos sin eufemismos: presentado de este modo, esto se parece mucho más a una trampa que a un ahorro.
1. Definamos “Plan de ahorro”
Cuando una persona entra a un plan de ahorro para comprar un auto, cree que está haciendo exactamente eso: ahorrando . Destina parte de sus ingresos, mes a mes, a un vehículo futuro. Y, si en algún momento decide no retirarlo, da por sentado que, al cerrarse el plan, le van a devolver lo que puso. Es lo más lógico del mundo. El sistema, después de todo, se llama “plan de ahorro” .
Pero hay una realidad que la enorme mayoría de los consumidores desconoce al firmar, y que recién aparece después de años de pagar cuotas: que el plan termine no significa que esté disponible todo el dinero que le corresponde al ahorrista. Ni que exista una fecha cierta para cobrarlo.
Desde UCU intervenimos en decenas de reclamos individuales y acciones colectivas. Y lo que vemos, una y otra vez, no es una simple demora administrativa. Es algo mucho más de fondo.
2. El plan terminó, pero “falta dinero”
Los planes de ahorro funcionan con grupos de suscriptores que aportan de manera periódica para ir financiando la entrega de los vehículos. Ese dinero no va a una cuenta individual de cada ahorrista: integra un fondo común que administra la empresa. Cuando el grupo se cierra, quienes no recibieron el auto tienen derecho a recuperar el haber de ahorro que les corresponde. Y ahí llega la primera sorpresa.
Si durante el plan hubo integrantes que dejaron de pagar -en especial los que ya se habían llevado el auto-, puede faltar plata para devolverles a todos lo suyo. La administradora, entonces, liquida solo una parte. Alguien puede haber cumplido religiosamente durante años y enterarse, recién al final, de que le devuelven apenas una fracción de lo que le corresponde. ¿El motivo? “Otros no pagaron” . Léase bien lo que eso significa. El consumidor no solo carga con el riesgo de que la cuota se dispare o de que acceder al auto se vuelva imposible. Además carga, de su propio bolsillo, con la morosidad ajena.
¿Cuántos saben esto cuando firman? ¿Cuántos imaginan que pueden llegar al final sin el auto y, encima, sin la totalidad de lo que aportaron?
3. Una espera sin techo
Cuando el ahorrista reclama lo que falta, la respuesta de las administradoras suele ser siempre la misma: “Hay deudores morosos, y el saldo se va a ir devolviendo a medida que se recuperen esas cuotas impagas” . Empieza entonces la segunda espera. La empresa tiene que gestionar esa cobranza, reclamar y, cuando corresponde, ejecutar las prendas contra los que recibieron el auto y dejaron de pagar. El problema es que esos recuperos se estiran durante años. Muchos años.
En UCU hemos sido testigos de consumidores que llevan más de siete años desde que se cerró su grupo y todavía esperan el saldo de su propio haber de ahorro. Y acá está uno de los puntos más graves de todo el sistema: no hay un plazo legal máximo que le garantice al ahorrista que, pasados tantos años, va a cobrar sí o sí la totalidad de lo que le deben.
La reglamentación les impone obligaciones a las administradoras: deben confeccionar balances de liquidación y poner los fondos a disposición periódicamente, a medida que ingresan. Pero ninguna de esas reglas garantiza que la totalidad de las deudas del grupo se recupere dentro de un tiempo determinado. En los hechos, el consumidor queda atrapado en una espera de duración infinita.
Y conviene mirar el contraste de frente. El contrato tiene fecha de finalización. Las cuotas tienen vencimientos exactos. Cuando el consumidor se atrasa, le llueven intereses, penalidades y, si hace falta, un juicio. Pero cuando le toca a la administradora devolver, el ahorrista puede quedarse años esperando sin saber siquiera cuándo va a terminar de cobrar. ¿Se puede llamar “ahorro” a un sistema donde una de las partes no sabe cuándo va a recuperar su plata?
4. Nadie explica cuánto se recuperó de verdad
La cosa se pone todavía peor cuando el consumidor intenta averiguar qué está pasando con esas cobranzas. Si su dinero depende de que se recuperen cuotas que adeudan otros integrantes del grupo, lo mínimo sería que pudiera acceder a información clara, completa y verificable sobre esa gestión. En nuestra experiencia, conseguir esa información es una odisea.
El consumidor no tiene, por lo general, un sistema de consulta online donde pueda verificar -de manera individualizada y transparente- qué deudas siguen pendientes, cuáles se reclamaron judicialmente, cuánta plata ingresó efectivamente por esas cobranzas y qué se hizo con lo recuperado. Y no estamos hablando de información imposible de obtener. Todo lo contrario.
La propia normativa de la Inspección General de Justicia (IGJ) obliga a las administradoras a llevar registro de los deudores morosos, de las gestiones judiciales y extrajudiciales, de los montos recuperados y de los intereses percibidos. Están obligadas, además, a informar periódicamente al organismo de control la evolución de los ingresos y egresos de los grupos en liquidación. Es decir: es información que las empresas tienen la obligación de registrar. Lo que no tiene el consumidor es una vía sencilla y transparente para conocerla y controlarla. Y eso es inadmisible.
Hablamos de empresas que administran dinero ajeno, o sea: plata que es de los integrantes del grupo, y sobre cuyo destino tienen el deber de rendir cuentas. ¿Por qué un consumidor tendría que iniciar un juicio para enterarse de qué pasó con su propia plata? Lo más grave: cuando vamos a los libros, aparecen los obstáculos
5. No son casos aislados: es un patrón
En una cantidad nada menor de juicios que venimos impulsando desde UCU detectamos siempre la misma dificultad, y es especialmente preocupante justamente por eso: no es un caso aislado, es un patrón. Cada vez que intentamos reconstruir cómo se le cobró a los morosos, cuánto se recuperó realmente y qué destino tuvo ese dinero, nos chocamos con los mismos obstáculos para acceder a la documentación. Y no hablamos de que las empresas simplemente no le expliquen bien al consumidor. Incluso en sede judicial, con peritos contadores y pedidos concretos de documentación, enfrentamos resistencias, respuestas incompletas y trabas para llegar a los registros que permitirían seguir el verdadero recorrido del dinero.
Esto es gravísimo, y conviene entender por qué. La discusión no se puede zanjar con una liquidación hecha a puertas cerradas por la propia administradora. Para controlar esa liquidación necesitamos los datos reales: las cobranzas efectivas, las fechas de ingreso, los importes percibidos, los intereses cobrados, las imputaciones contables y el destino final de cada suma. Sin esa documentación es imposible verificar algo elemental: si todo el dinero que efectivamente se recuperó entró al patrimonio del grupo y se repartió como debía.
¿Cómo controla un consumidor lo que le deben, si la información para hacerlo queda exclusivamente en manos de quien administra su plata? Y la pregunta que de verdad incomoda: ¿por qué una empresa que administra fondos de terceros se resistiría a mostrar la documentación que prueba cuánto recuperó?
Que quede claro: esto no es un detalle procesal. La falta de transparencia golpea directo sobre la posibilidad del consumidor de ejercer sus derechos. El que no sabe cuánto se cobró tampoco puede saber si recibió todo lo que le tocaba. Un derecho que no se puede controlar porque se traba el acceso a la información es, en los hechos, un derecho vacío.
6. Los casos de Volkswagen y Chevrolet
Volkswage n y Chevrolet : le cobran al deudor a valores de hoy, pero pretenden devolverle al ahorrista a valores de ayer. A todo esto se suma una contradicción que venimos cuestionando judicialmente contra Volkswagen S.A. de Ahorro y Chevrolet S.A. de Ahorro . Y es, para nosotros, el corazón del problema. Cuando estas administradoras reclaman en la Justicia las deudas de los suscriptores adjudicados que dejaron de pagar, calculan su acreencia siguiendo la evolución del valor móvil del automóvil, más los intereses y los conceptos que entienden aplicables. Traducido: una deuda nacida años atrás se reclama a valores actuales, muy superiores.
Pero cuando les toca liquidar los fondos que les corresponden a los consumidores que esperan hace años, cambian de vara: ahí sostienen criterios anclados al valor histórico, el del momento en que se cerró el grupo. En criollo: para cobrarle al deudor, el auto vale lo que vale hoy. Para devolverle al ahorrista, el auto vale lo que valía hace años atrás. Esa asimetría es el eje de las acciones que estamos llevando adelante.
Las administradoras dicen que sus criterios responden a la reglamentación. Nosotros cuestionamos esa lectura y, sobre todo, sus consecuencias —en particular cuando los fondos se recuperaron después, calculados sobre valores actualizados. Porque hay una pregunta que todavía no tiene respuesta contable completa: si la administradora le reclama y le cobra al moroso importes actualizados, ¿cuánto de ese dinero entra realmente al grupo y cómo se reparte entre los ahorristas que vienen esperando hace años?
No alcanza con contestar que la liquidación “se hizo conforme a tal criterio reglamentario” . Hay que exhibir la documentación de respaldo y permitir controlar las operaciones realmente hechas. Si se recuperaron importes por encima de los valores históricos, tiene que poder determinarse qué fue capital, qué fue interés, qué fueron gastos, cuánto ingresó al grupo y cómo se aplicó.
Y acá seamos claros. Lo que pedimos es algo mucho super simple, y mucho más incómodo para Volkswagen y Chevrolet : que le paguen al ahorrista con la misma vara con la que le cobran al deudor. Si al moroso le reclaman según el valor del auto al día del pago, ese mismo criterio tiene que regir cuando les toca devolverle al ahorrista lo que esperó durante años. No puede haber una vara para cobrar y otra para pagar. Es el valor del auto al momento del pago, en los dos lados del mostrador. Y, para poder controlarlo, que muestren los números: que se pueda reconstruir el recorrido completo del dinero, desde que se le cobra al moroso hasta que se le paga al ahorrista. Es lo mínimo que se le exige a cualquiera que administra plata ajena. Más todavía cuando se trata de empresas que manejan miles de millones de pesos del ahorro público.
7. Una problemática que ya está en la Justicia
Desde Usuarios y Consumidores Unidos promovimos acciones colectivas contra las administradoras de Volkswagen y Chevrolet para cuestionar estas prácticas y defender a los suscriptores afectados. También hay actuaciones individuales donde se investiga cómo se hicieron determinadas liquidaciones y las trabas para acceder a la documentación contable. La cuestión tiene, incluso, aristas penales: existe una denuncia en la que se investiga la posible configuración de conductas de administración fraudulenta.
Serán los jueces quienes determinen las responsabilidades. Pero no vamos a esperar a que terminen procesos que pueden durar años para advertirle al consumidor lo que ya vemos con claridad. El sistema necesita controles que de verdad funcionen: acceso real a la documentación contable, información permanente para cada integrante del grupo, y algún mecanismo que impida que la deuda de un tercero se transforme en una espera sin fin para el que tiene derecho a recuperar lo suyo.
Desde UCU lo decimos sin vueltas: esto no es una herramienta de ahorro Después de años de analizar contratos, representar consumidores y litigar contra estas empresas, nuestra conclusión es dura, y la sostenemos.
Un sistema en el que una persona puede pagar siete años, no recibir el auto, recuperar apenas una parte de su haber, esperar otros siete años por el saldo y chocarse con obstáculos cada vez que pregunta qué pasó con su plata, difícilmente pueda venderse como una alternativa segura de ahorro. Y si encima hay administradoras que recuperan deudas calculadas a valores actualizados pero pretenden devolver los saldos a valores históricos, el problema deja de ser una molestia para volverse algo mucho más serio.
Para nosotros está claro: presentar semejante mecanismo como una herramienta de ahorro, sin explicar de manera clara y destacada todos estos riesgos, puede constituir lisa y llanamente un engaño al consumidor. Y las conductas concretas que denunciamos merecen una investigación a fondo, para determinar si además de vulnerar derechos configuran ilícitos civiles o penales.
8. Conclusión
No estamos ante simples trámites molestos. Estamos hablando de la plata de miles de familias que le confiaron sus ingresos a empresas que se presentan como especialistas en administrar fondos de terceros. El que administra plata ajena rinde cuentas. No puede pedir confianza para recibir los aportes y levantar paredes cuando llega el momento de explicar qué hizo con ellos.
Por eso insistimos en una advertencia para el que está por entrar a un plan de ahorro: antes de firmar, entienda que no está abriendo una caja de ahorro, que la devolución de sus aportes queda sujeta a un régimen particular, y que cuando el grupo termine puede no recuperar de inmediato la totalidad de su haber. Y a los que ya terminaron su plan, un recordatorio: tienen derecho a reclamar información sobre su liquidación y sobre los fondos que todavía se les adeudan.
Porque la verdadera trampa de los planes de ahorro no aparece cuando uno firma. Aparece después, cuando el consumidor cree que ya terminó de pagar y descubre que todavía le esperan años de espera, incertidumbre y reclamos para recuperar su propio dinero.
A.B. * Director de Usuarios y Consumidores Unidos ( www.ucu.org.ar ) * Autoblog no recomienda la compra de autos mediante planes de ahorro.
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Fuente: Autoblog
