cSUMARIO:
ACTOR:		***********************.-
DEMANDADO:		CREDISOL S.A.-
MATERIA:		JUICIO ORDINARIO DE 
                                                      REPETICIÓN.-
MONTO:		 Indeterminado.- 
DOCUMENTOS:		 Copia certificada del expediente 
                                                      administrativo, Cedula judicial y 
                                                      Copia simple de comunicación
                                                      de cumplimiento de embargo.-
COPIAS:		 NO.-
OBSERVACIONES:		 Actúa con beneficio de litigar sin
                                                      gastos (art. 53 de la Ley  24.240)  
                                                          
________________________________________________________

Sr. Juez:
     	***********************, argentino, casado, D.N.I ************, con domicilio real en la calle ************de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, por mi propio derecho, con el patrocinio letrado el Dr. ************, abogado, inscripto al T. VIII, Fº ** del C.A.S.N., con Legajo Previsional Nº ************, en el carácter de responsable inscripto al I.V.A., con C.U.I.T. e Ingresos Brutos n°************, constituyendo domicilio a todos los efectos procesales en la calle ************de esta ciudad, ante V.S me presento respetuosamente  y digo: 
	I.- OBJETO:
  	Que vengo por el presente a iniciar formal JUICIO ORDINARIO DE REPETICIÓN y DAÑOS Y PERJUICIOS contra la empresa CREDISOL S.A., con domicilio en la calle Belgrano Nº 306 de la ciudad de San Nicolás, a raíz de los hechos que pasaré a exponer en el decurso de esta exposición, por la suma que en su momento se determinará una vez que esta parte cuente con los elementos probatorios indispensables que permitan cuantificar con precisión las sumas percibidas sin causa por la demandada y los daños y perjuicios habidos en la especie.- 
  	II.- HECHOS:
 	Que en al año 2001 solicité un préstamo personal en el local denominado FINANSOL (ahora CREDISOL), sito en la calle Belgrano Nº 306 de esta ciudad, y por la suma de Pesos Setecientos ($ 700.-) a pagar en doce cuotas iguales y consecutivas de Pesos Noventa y Tres con Diez Centavos ($93,10.-) cada una.- Con motivo de dicha operación suscribí a favor de la demandada un pagaré en blanco en garantía del pago de mis obligaciones.-
 	Luego, habiendo cancelado ocho de las doce cuotas pactadas, incurrí en mora iniciando “Credisol S.A.” juicio ejecutivo en mi contra caratulado “CREDISOL S.R.L. C/ *********************** S/ JUICIO EJECUTIVO”,  Expediente nº ************en trámite ante el Juzgado de Primera instancia de Circuito de la 33 Nominación de Villa Gobernador Galvez, a cargo de la Doctora ************, por medio del cual se me reclamó la suma de $ 1.117,20 más intereses.- Aclaro que nunca tuve contacto con dicho expediente, desconociendo todas y cada una de las constancias allí expuestas.-
     	Como se podrá observar la demandada procedió a reclamarme la totalidad del pagaré suscripto, violando en forma flagrante lo Verdaderamente acontecido en la relación causal subyacente de consumo que le diera origen.- A su vez, dicha cifra incluye el capital dado en mutuo como los intereses de la financiación, ya  que la suma realmente retirada del local fue de $ 700.- 
	De manera que no solo no se reconocieron los pagos efectuados por mi persona sino que a su vez se procedió de una manera totalmente ilegítima, abusiva y engañosa al capitalizar los intereses.-
	Resulta necesario señalar además, que en la especie se habría cometido otra ilegalidad en mi contra cual es haber llenado la cambial con posterioridad al plazo permitido por el Decreto Ley 5965/663.- Sin embargo, sobre dicha circunstancia no se tiene absoluta certeza, atento a que mi parte a pesar de los pedidos efectuados formalmente no ha podido acceder a las constancias del expediente llevado ante el Juzgado de Villa Gobernador Galvez.-
  	 En este punto de la exposición se hace preciso señalar  la abierta y franca violación al art. 37 de la Ley de Defensa del Consumidor y a la Resolución 26/2003 emanada de la Secretaria de Coordinación Técnica, en la cual incurrió la demandada al iniciar el juicio en jurisdicción extraña a mi domicilio, dificultándome así de ejercer el derecho de defensa que con jerarquía constitucional me correspondía.- 
 	De esta manera fui privado de ejercer no solo las defensas  esgrimidas más arriba sino que tampoco pude ejercer el control de las liquidaciones practicadas en el expediente, ni menos aún tuve posibilidad de solicitar al Juzgado la aplicación del Decreto 484/87 tendiente a limitar la incidencia del embargo trabado sobre las sumas percibidas por mi parte, todo lo cuál implicó un grave detrimento a mi economía familiar.-
  	El acta notarial. En fecha 12 de agosto de 2008 concurrí al domicilio de la demandada con el objetivo de munirme de información indispensable para hacer los reclamos administrativos y/o judiciales que correspondieren.-	
    	En esa actuación logré constatar por medio del reconocimiento formulado por un empleado de la empresa, el Sr. ************, que la operación que dio origen al juicio en cuestión fue realizada en fecha 8 de juicio de 2001.- También se reconoció que el saldo original de la deuda era de cuatro cuotas impagas de $ 93,10, lo que suma un total de $ 372,40 (con intereses incluidos).- 
    	Se evidencia así que la diferencia que existe entre esta cifra y la reclamada en juicio resulta a todas luces grosera, ya que la empresa reclamó el total de capital dado en mutuo con sus respectivos intereses capitalizados.- 
  	Es patente la mala fe con la que Credisol dirigió su accionar, desconociendo íntegramente mis derechos y despreocupándose totalmente por la suerte de mi persona,.-
  	Luego, al intentar informarme sobre la tasa de interés que se estaba aplicando, nuevamente ví afectado mi derecho de información (art. 4 LDC), ya que al solicitar fotocopia de toda la documentación que pudiera haber referente al préstamo que me habían otorgado, me contestaron que dicha documentación no se encontraba allí sino en contraposición estaba en la casa central en Villa Gobernador Galvez.-
    	Por tanto el intento de ejercer mis derechos como consumidor a recibir información suficiente y el de recibir trato digno fue un rotundo fracaso.- 
  	Denuncia ante la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. En virtud de lo expuesto me ví obligado a iniciar en fecha 26 de agosto último denuncia ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor en procura de  que la empresa me brindara la información omitida así como el pago de los daños habidos en la especie.-
  	La pretensión consistía en que Credisol extendiera copia certificada de la totalidad del expediente llevado en la Pcia. de Santa Fe para poder efectuar un adecuado control del mismo, y que me informara acerca de todos los datos relativos al crédito en cuestión, especialmente la información requerida por el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor.-
  	Habiendo sido notificado de la audiencia de conciliación del día 5 de septiembre, se presentó a la misma por mi representación el Dr. ************, compareciendo por la demandada la Dra. ************en carácter de apoderada para tomar conocimiento de las pretensiones a los fines de comunicarlas a sus mandantes.- Así se pasó a un cuarto intermedio, fijándose nueva audiencia para el dia 29 de septiembre.- En esta fecha me encontré impedido de asistir por motivos laborales  concurriendo a la misma la Dra. ************en mi representación.- En dicha actuación  la Dra. Alves solicitó el archivo de las actuaciones atento a que yo no me pude presentarme de manera personal.-
 	Esta nueva actitud desaprensiva para con mi persona significó un nuevo impedimento al ejercicio de mis derechos constitucionales, ya que a través de esta mera maniobra evitó dar cumplimiento con lo requerido en su oportunidad.- 
	En definitiva, por el comportamiento totalmente contrario a la normativa protectoria del derecho del consumidor y a los más elementales principios de la buena fe contractual, al día de la fecha mi parte no ha podido obtener la información indispensable para cuantificar con exactitud el daño habido en la especie.- 
	III.- MEDIDAS PREPARATORIAS.
   	En razón de lo antes expuesto, solicito se sirva ordenar a “Credisol SA” a que cumpla en informar todos los datos relativos al crédito aludido (especialmente la información del art. 36 de la LDC) y a su vez extienda copia certificada de la totalidad del expediente llevado en la Pcia. de Santa Fe.- 
	Que esta información resulta indispensable para preparar adecuadamente el presente juicio.- Por ejemplo, no se sabe a ciencia cierta cuál fue la fecha de inicio de la ejecución en la Provincia de Santa Fe como tampoco conoce mi parte de qué forma fue llenado el pagaré dado en garantía y si el mismo ha violentado lo pactado originalmente.- 
	Respecto a esto último, mi parte desconoce la “letra chica” de la obligación originalmente convenida y si la misma dio cumplimiento con el art. 36 de la LDC (posible nulidad contractual) o si la misma contiene cláusula abusivas que puedan merecer impugnación alguna o si incumple con la Resolución 906/98 de la SICyM.- Advierto a V.S. que al momento de suscribir la solicitud de crédito la empresa no me otorgó copia de los suscripto, en franca violación al art. 36 LDC.- 
	Esta situación de desequilibrio fáctico que me impide defender mis derechos constitucionales en óptimas condiciones no puede ser amparada, so pena de convertir en “letra muerta” importantes derechos y principios constitucionales en materia de derecho del consumidor.- 
	No deberá olvidar V.S. que en los casos de juicios ordinarios de repetición iniciados por los demandados ejecutados se da una especialísima situación que ningún Código Procesal ha previsto adecuadamente.- Es que efectivamente no existe en los ordenamientos procesales una estructura que le permita enfrentar este pleito al deudor ejecutado en condiciones de igualdad frente al acreedor vencedor del proceso de ejecución.- 
	 “La sentencia de remate carece normalmente de los efectos de la cosa juzgada material y porque el juicio de conocimiento posterior permite neutralizar la desventaja inicial en que se encuentra el deudor frente al acreedor, restableciendo de ese modo el equilibrio entre las partes (art. 551 y su doctr., CPCC).” CC0101 La Plata 211915 RSD-208-92 S 29-9-1992, Sumario Juba nº B100285 - Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Omicron Técnica SRL s/ Cobro ejecutivo).-
	Esta idea plasmada en el fallo citado resulta notoriamente equivocada.- Efectivamente, en los casos que el actor resulta ser el ejecutado perdidoso, la estructura procesal típica u ordinaria prevista en los códigos procesales no le brinda suficientes garantías para colocarse en ese estado de igualdad procesal frente a su acreedor victorioso.- 
	En el caso de especie, hay posibles planteos que pueden hacerse, pero siempre y cuando se cuente con la información suficiente e indispensable aquí requerida.- 
	Notará la notable desigualdad que existe entre las partes con un simple cuadro de situación.- Es que si el actor hubiese sido el que fracasare en la ejecución no tendría inconvenientes en iniciar el juicio ordinario posterior, ya que cuenta con toda la documentación relativa a la relación subyacente además de conocer perfectamente el expediente de la ejecución rechazada.- No pasa lo mismo con mi parte, quien no ha tenido nunca disposición dicha información y que constituye el pilar básico y fundamental de cualquier planteo basado en el derecho de fondo.- 
     	En refuerzo de mis argumentos cabe traer a colación lo dispuesto por el art. 53 LDC que en su parte pertinente reza: “…los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio…”.- Aplicando esta regla al juicio ordinario de repetición que nos ocupa, entiendo que esta obligación de colaboración impuesta por ley debe ser cumplida con anterioridad a que mi parte termine de confeccionar la demanda definitiva.- De lo contrario se me estaría colocando en la situación de hacer una demanda “al voleo” sin los elementos fácticos fundamentales para una correcta y precisa postulación.-
	Este deber de colaboración impuesto en la normativa de fondo se vincula íntimamente con el principio de buena fe y de equidad (art. 1198 Cod. Civil) que debe existir en todo el íter contractual y que da vida o fundamento al deber de información que tienen los consumidores.- Destaco que mi parte solicitó en dos oportunidades esta documentación y jamás fue entregada, haciendo crecer aún más las sospechas de que la demandada ha cometido un serio ilícito en mi contra.- Es que si no tuviera nada que esconder, ¿por qué no exhibir la documentación requerida?.- La mala fe de la contraria es palmaria.- 
	En relación con el deber de información impuesto por el art. 4 de la LDC cabe citar al Dr. Moset Iturraspe quien afirma que esta obligación “actúa no sólo en la etapa precontractual sino también durante la ejecución del contrato… en el segundo caso se presenta como un efecto del contrato perfeccionado que apunta a que el consumidor o usuario pueda hacer valer sus derechos” (la negrita me pertenece).- Este pasaje del maestro santafesino es de aplicación precisa al caso de especie.- Aquí se pretende obtener información para hacer valer adecuadamente mis derechos.- Sin la información adecuada, precisa y debida, el ejercicio de mis derechos como consumidor se torna sumamente dificultoso.-   	
   	Solicito de V.S. que hasta tanto no se ordenen las medidas preparatorias ordenadas  no se corra traslado de la demanda a la contraria.- Se hace reserva de ampliar la demanda una vez que esta parte cuente con la información y/o documentación requerida.-
   	IV.- UNA CONSIDERACION ESPECIAL SOBRE LA COMPETENCIA DE LA PRESENTE ACCIÓN:
	El art. 6 del CPCCN establece reglas especiales para determinar la competencia, las cuales se aplicarán a falta de otras disposiciones.- Así en su inc. 6 reza “en el juicio ordinario que se inicie como consecuencia del ejecutivo, el que entendió en éste”.- 
	En el caso de autos la regla que antecede no resulta de aplicación, toda vez que nos encontramos con normas específicas que mandan que en materia de créditos de consumo la competencia se determina por el domicilio del consumidor.- Efectivamente en su último párrafo el art. 36 de la LDC establece que “será competente, para entender en el conocimientos de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, siendo nulo cualquier pacto en contrario, el tribunal correspondiente al domicilio real del deudor”.- 
	Esta norma imperativa de claro contenido de orden público manda a que V.S. tramite la presente acción, resultando ser una disposición especial en materia de competencia que provoca la inaplicabilidad de la regla subsidiaria del Art. 6 del CPCyC.-
   	 Es dable agregar al respecto que la solución aquí propugnada, además de ser coherente con la letra de nuestro código procesal es la que más se ajusta a otorgar la tutela efectiva que el consumidor requiere.- Es que no basta con el reconocimiento normativo de los derechos, sino que también se necesita del aspecto que podríamos llamar procesal, para que los derechos no se tornen ilusorios y puedan hacerse valer frente al conflicto a través de  mecanismos adecuados.-
	La disposición imperativa de tramitar cualquier juicio en donde se dirima cuestiones vinculadas con créditos para consumo en el lugar del domicilio del consumidor, es un importantísimo elemento en pos de lograr que estos derechos invocados no se tornen ilusorios.-
    	En un todo armónico con lo dispuesto por la normativa del consumidor la Resolución 26/2003 de la Secretaría de Coordinación Técnica establece “son consideradas abusivas las cláusulas que… disponga que las acciones judiciales pueden entablarse en jurisdicción distinta del lugar del domicilio del consumidor al tiempo de la celebración del contrato, excepto cuando se disponga que la acción se entable en el lugar del domicilio real del consumidor al tiempo en que aquélla se inicie”.-
  	Cuadra aplicar también considerar el art. 37 de la LDC, en cuanto tiene por no convenidas las cláusulas que reúnen las características de “abusivas”, y refiere a aquellas mediante las cuales el consumidor haya renunciado al derecho de plantear determinadas excepciones o defensas frente al proveedor.- 
     	Es claro que la prórroga de competencia a favor de la demandada implica una restricción a los derechos del consumidor y por tanto califica perfectamente como abusiva, ya que en la confrontación entre empresarios y consumidores, se hace necesario delinear el justo término, otorgando protección a la parte más débil de la contratación, para evitar que las expectativas de lograr el rápido cobro por parte de los acreedores no sea alcanzada a costa de sacrificar el derecho de defensa en juicio de los consumidores.- Se trata de reestablecer la  igualdad, que por la naturaleza de estos contratos, y en virtud del poderío económico de los proveedores de bienes y/o servicios, resulta resquebrajada.- 
	Resulta una desnaturalización y un abuso del derecho el aprovechamiento por una parte de su poder negocial para obstaculizar o dificultar el acceso a la jurisdicción  de la otra.-
   	“En los contratos de formularios las cláusulas que prorrogan la jurisdicción pueden ser consideradas, dadas ciertas circunstancias, como restrictivas o de renuncia a los derechos del consumidor, ya que importa una renuncia de derechos por parte de éste y por lo tanto deben tenerse por no escrita. Ello se entiende así, ya que litigar en extraña jurisdicción puede significar por motivaciones económicas, de distancia y de desconocimiento del medio, se abstenga de promover un juicio en protección de sus derechos, con lo cual esa cláusula se convierte en una renuncia anticipada a la jurisdicción que la ley no está dispuesta a tolerar” .-
          	“…La cláusula de prórroga de jurisdicción inserta en los contratos de adhesión en virtud del cual el consumidor o usuario se somete a la jurisdicción que le impone la empresa predisponerte renunciando al propio fuero, viola la defensa en juicio toda vez que es sabido lo costoso que resulta litigar fuera del lugar de su propio domicilio, por lo tanto dicha cláusula abusiva debe ser nula”.-
   	“En los contratos de consumo, las cláusulas de prórroga de competencia territorial deben ser enmarcadas dentro de una presunción de abuso, siendo facultativo para el consumidor presentar su pretensión ante el juez con competencia originaria o al de la competencia prorrogada. Así se invierte la carga de la prueba y queda, a cargo de los proveedores de cosas  y servicios la demostración de que la prórroga no constituye una cláusula abusiva”.- 
   	Si bien esta parte no tiene certeza de que exista una cláusula prorrogando competencia en el pagaré suscripto como así tampoco si el pagaré fue llenado con cláusula de creación en Villa Gobernador Galvez, lo que efectivamente me consta es que el Juez de ese lugar no se declaró incompetente para entender en tales actuaciones en el momento procesal oportuno, circunstancia que hace suponer la existencia de una u otra cláusula.- 
	Rechazo desde ya cualquier idea de que mi parte hubiera consentido de algún modo la competencia de ese tribunal en materia de derecho a consumo basado en el simple hecho de no haber interpuesto excepción de incompetencia en el juicio ejecutivo.- 
	Al respecto debo decir que el hecho de no haber excepcionado en ese ámbito introduciendo la cuestión de competencia encuentra su fundamentado en las serias limitaciones para plantear la cuestión de competencia en el estrecho marco cognoscitivo del ejecutivo iniciado en Villa Gobernador Galvez ya que para que la misma prosperase había que introducirse ineludiblemente en la cuestión de la causa invocando la aplicación del derecho del consumidor y sus artículos 36 y/o 37.-
	Reiterada jurisprudencia local viene disponiendo que en materia de juicios ejecutivos no puede invocarse la Ley de Defensa del Consumidor ya que “No resulta aplicable la Ley de Defensa del Consumidor al negocio jurídico que ha dado sustento al juicio ejecutivo por la deuda instrumentada en un pagaré, según expresa disposición del art. 1° de esa ley 24.240.” (CC0100 SN 2713 RSD-221-00 S 5-9-2000, Sumario Juba nº B855812).- En el caso analizado, se trataba de una juicio ejecutivo fundado en un pagaré donde el ejecutado pretendió invocar las disposiciones de la ley del consumidor.- La Cámara Departamental fue contundente al respecto expresando que en las ejecuciones no resulta aplicable el derecho del consumidor.- 
	En este sentido cabe traer a colación las palabras del Dr. Sebastián Ignacio Sanchez Cannavó quien en un interesante trabajo sostuvo “… esa limitación reviste especial trascendencia en el ámbito de los derechos del consumidor, en la medida en que le estará vedado a éste ultimo- en el marco del juicio ejecutivo- alegar defensas que se vinculen con la causa de la obligación ( art. 544, 4, cód. procesal), esto es con el contrato de consumo que dio base al crédito. Es por ello que el otorgante del crédito intentará contar un instrumento con aptitud ejecutiva para la eventualidad de tener que accionar judicialmente por el cobro de la deuda. Sólo a modo de ejemplo, pueden mencionarse algunos de los títulos ejecutivos más usuales vinculados con contrataciones de consumo: la factura conformada; el pagaré; el cheque…”.-
	A los obstáculos legales y/o jurisprudenciales existentes para introducirnos en el tema de la causa, hay que agregar la lejanía del juzgado y la extraña jurisdicción como dos obstáculos fácticos para ejercer cualquier tipo de defensa.- 
	En este sentido es necesario destacar los antecedentes de la Corte Suprema de la Nación en materia de derecho de defensa y debido proceso.- Al respecto viene destacando lo siguiente “…Poco se habría adelantado en la defensa de la libertad y de la propiedad si además de la notificación no se le ofreciera a los habitantes una razonable oportunidad (la negrita me pertenece) para defender  en juicio sus derechos aportando las pruebas autorizadas por las leyes del país para demostrar los hechos y los actos jurídicos…” (Fallos 132:360, 139:20, 193:487, 185:60, 186:80, 187:682).- “Para que sea debido tiene que dar suficiente oportunidad al justiciable de participar con utilidad en el proceso” (Luis René Herrero, Revista del XXII Congreso Nacional de Derecho Procesal, T. I, pág. 97, Ed. Rubiznal Culzoni).-
	Estos postulados se echarían por la borda si se entendiere que en estas actuaciones debe entender el juez que lo hizo en el proceso ejecutivo haciendo caso omiso a la legislación de fondo protectoria del consumidor, de marcado orden público.- 
    	Es que es una “verdad de Perogrullo” que no es lo mismo enfrentar un proceso judicial en la ciudad a la que uno pertenece que hacerlo en una alejada de la misma, a la que uno desconoce sumando a ello obstáculos de índole económico que implica.- Ejemplo de esto lo constituyen los gastos de mi  traslado y los de mi letrado patrocinante, asi como disponer del tiempo que sea necesario para viajar.- A eso hay que agregar la contratación de un abogado del fuero competente en la Provincia de Santa Fe.- A todo estos habría que sumarle que el monto reclamado en juicio superaría apenas el costo de afrontar la defensa en extraña jurisdicción.- 
	En definitiva, todas estas circunstancias terminan siendo obstáculos serios para el normal y eficiente ejercicio del derecho de defensa.-     	
	Hay que considerar también la condición de lex specialis de la LDC, como también el carácter de orden público de sus disposiciones (como lo establece el art. 65 LDC), por lo cual, como allí se otorga al consumidor un régimen especial derivado de su debilidad intrínseca en la relación con el empresario o productor de bienes o servicios, sus normas son de aplicación imperativa en todos los casos, ya que han modificado la legislación sustancial y procesal vigente.-
  	Más todavía debe señalarse que el estatuto del consumidor en nuestro país está compuesto fundamentalmente por la Constitución Nacional (art. 42 y 43).- Todo ello implica que la defensa jurídica del consumidor se organiza con postulados que atraviesan horizontalmente al derecho, público y privado, adjetivo y sustantivo, lo cual ha sido clarificado brillantemente en sendos fallos.-
    	Por tanto, resulta necesario en el caso de autos utilizar los mecanismos tutelares de la Ley 24.240 que mandan que la competencia se determina por el domicilio del consumidor, protegiendo sus intereses cuando resulten amenazados por mecanismos reconocidos por la ley como “abusivos”, más aún en los procesos ejecutivos en los cuales, vuelvo a repetir, las restricciones respecto a las excepciones que hacen a la causa de la obligación dificultan enormemente la posibilidad de defensa, entre ellas la excepción de incompetencia.- 
  		Esta parte, sostiene en forma categórica que los principios que emanan del derecho del consumidor son enteramente aplicables al derecho procesal aplicable al caso concreto.- Esta idea no resulta diferente al ingreso que ha tenido en el derecho procesal el principio del abuso del derecho (ver. “Abuso del Proceso y Conducta Procesal Abusiva” Jorge. Peyrano publicado en la Revista nº16 de Derecho  Privado y Comunitario” Ed. Astrea, año 1998, “Proscripción del abuso del derecho en el proceso”, Claudia P. Torielli, Ed. Astrea, publicado en “http://www.astrea.com.ar/files/prologs/doctrina0163.pdf”, “El abuso de los derechos procesales” por Miriam Balestero Faure, en pág. 12 del Suplemento de La Ley “Cuestiones Procesales Modernas”, Dir. Jorge W. Peyrano, Ed. 2005, entre otros trabajos).-
	La unidad del ordenamiento y la naturaleza del derecho procesal, son los dos pilares que sostiene la tesis de que, los principios que han fructificado a lo largo del tiempo, en el seno de la ley de fondo, deben tener su necesaria materialización en el derecho procesal, so pena de quebrar esa unidad y ese carácter.- Resulta inaceptable e írrito pensar que los derechos constitucionales del consumidor se acaban una vez que el conflicto ingresa en el ámbito de la justicia, justo cuando ella debe velar que el cumplimiento de los mismos sean cumplidos sin cortapisas.- 
	Véase nomás como el fenómeno del derecho del consumidor ha tenido en nuestra provincia un incipiente desarrollo legislativo a partir de la sanción de la ley 13.133, más específicamente en su título VII) en donde el principio de acceso a la justicia se ha materializado mediante la gratuidad del ingreso de la demanda (art. 25).- Nótese que uno de los pilares de esta norma es el acceso a la justicia, cosa que de entenderse que el Juzgado de Santa Fe es el competente provocaría que el mismo se resintiera de manera notable.- 
	Esto es un ejemplo cabal de cómo estos principios tienen la potencialidad de irradiar al derecho procesal en su totalidad, ya sea como marco de referencia para dar soluciones legislativas como para, como en este caso, resolver un conflicto judicial con ribetes procesales.- 
	Si reconocemos la existencia de un derecho del consumidor y no aceptamos que este afecte al derecho procesal, nos encontraremos fácilmente que las soluciones que se pretende dar al consumidor a través del derecho de fondo, caen en “saco roto” a la hora de enfrentarnos con abusos a sus derechos cometidos a través de un proceso con vicios de legalidad.-
	Sería calamitoso para los derechos de los consumidores que  fueron demandados en extraña jurisdicción que esa radicación original consolide la competencia del magistrado actuante en violación al art. 36 LDC.- De admitirse esta solución, a los proveedores inescrupulosos que pretendan iniciar acciones ejecutivas basadas en pagarés cancelados o parcialmente cancelados les sería muy sencillo radicar las mismas en juzgados de extraña jurisdicción sabiendo que luego las acciones de repetición deberían ser radicadas en el mismo y lejano juzgado, violándose en forma flagrante la clarísima disposición del art. 36 LDC, último párrafo.- Esta situación no puede permitirse, so pena de darle un golpe mortal a todo el sistema protectorio de raigambre constitucional.-
    	Por ello, resulta necesario hacer una interpretación armoniosa de las normas para otorgar  protección al débil jurídico de la relación contractual, y no guiarnos por un excesivo formalismo, provocando el desamparo del consumidor y colocándolo de esta manera en un estado de indefensión, como lo es el que se vea obligado a litigar en un  juzgado de extraña jurisdicción.-
     	Al decir de Gardella, “de eso se trata siempre, relegando detalles, ése es el meollo de la equidad, un criterio razonable de justicia, muy plegado a las circunstancias concretas de la situación “. Continua diciendo el “…la ley no puede interpretarse y aplicarse con exclusivo o excesivo apego a su texto. Por el contrario, más allá de su letra hay que atender a su ratio o finalidad (precisemos, los fines genéricos del sistema jurídico, los específicos de la norma en juego). El órgano intérprete y aplicador, no debe desentenderse del resultado último de su faena, antes bien procurará las soluciones más valiosas y evitará aquellas que riñan con el “buen resultado jurídico”. Porque la aplicación mecánica de la ley y la consagración a través suyo de una iniquidad, pugna con el ”adecuado servicio de la justicia” y resulta incompatible con la recta misión de los jueces”.-
 	En este ámbito es cuando adquieren mayor virtualidad la preeminencia de la legislación del consumidor y debe preferirse una interpretación normativa que tutele adecuadamente el derecho de los consumidores y no una que los limite (conf. art. 3 LDC).-
 	Por último, no debe olvidarse que para la solución de este caso, atento a la naturaleza que reviste la presente acción (acción del consumidor) debe jugar de pleno derecho la presunción a su favor establecida en el art. 3 de la Ley nº 24.240 que establece que en caso de duda debe estarse por la interpretación más favorable al consumidor.-
    	V.-   UNA CONSIDERACION ESPECIAL SOBRE EL MOMENTO PARA INICIAR LA ACCIÓN DE REPETICION:
	Dice el art. 551 del CPCyC que “Cualquiera fuere la sentencia que recaiga en el juicio ejecutivo, el ejecutante o el ejecutado podrán promover el ordinario, una vez cumplidas las condenas impuestas en aquéllas.”.- Aparentemente, el Código exigiría que el juicio anterior se encuentre cancelado completamente para dar inicio al que aquí se pretende.- 
	Atendiendo a las particularidades del caso y visto el tema desde la óptica del derecho del consumo entiendo que tal solución deviene inaplicable (y hasta inconstitucional), por resultar un obstáculo irrazonable al derecho de acceso a la justicia que me corresponde tanto como ciudadano y/o como consumidor.-
	Al respecto ciertos autores vienen manifestándose que la posterioridad lesiona el derecho a la jurisdicción por privación de justicia, a la vez de generar la posibilidad de incurrir en arbitrariedades y abusos, llegando incluso a plantear su inconstitucionalidad y reclamando una nueva redacción del correspondiente artículo del Código Procesal.- En efecto, doctrinarios de la talla de Elena I. Highton, estudiando las obligaciones que devienen sin causa, avalan que el ejecutado inicie cuanto antes su acción, pues obtendrá más temprano su sentencia y se restablecerá el orden jurídico violado.-
	Por su parte y ya varios años atrás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho, en un caso que resulta señero en la materia, que “del último párrafo del art. 553 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación texto según la ley 22.434, en cuanto dispone que ‘el juicio ordinario promovido mientras se sustancia el ejecutivo no produce la paralización de éste último’ no puede sino extraerse la posibilidad que tiene el ejecutado de cuestionar la deuda que se le atribuye mediante un proceso de conocimiento de carácter declarativo que si bien es cierto no paraliza la ejecución, tampoco se ve impedido por ésta”.- En ese mismo antecedente dijo que “es equiparable a una sentencia definitiva la decisión que imposibilita continuar con el litigio hasta tanto recaiga resolución en otras actuaciones, e importa denegar en forma absoluta el derecho esgrimido por el accionante, a la tramitación coetánea de los procesos ordinario y ejecutivo”.-
	Con respecto al fallo de la Corte mencionado en primer lugar, Germán Bidart Campos considera “que hay algo más que la sola prescindencia de la norma del art. 553 in fine CPCCN. El algo más es la lesión al derecho a la jurisdicción por privación de justicia, al despacharse “in limine” la denegatoria de la demanda y de la sustanciación del proceso, con infracción constitucional a toda la doctrina de la Corte sobre el aludido derecho a la jurisdicción y la privación de justicia.”
	En igual sentido, Elena Highton sostiene que “es inconstitucional la denegatoria de la sustanciación del proceso ordinario simultáneo y durante la pendencia del ejecutivo, al infringir el derecho a la jurisdicción y ser configurativo de privación de justicia”.- Y, con respecto a la interpretación del último párrafo del art. 553 ha dicho que “resuelve favorablemente la cuestión al referirse al “...juicio ordinario promovido mientras se sustancia el ejecutivo...”, lo que significa que la pretensión de conocimiento, puede interponerse antes o durante la sustanciación de la ejecución”.-
	Igual alcance otorga a este artículo Novellino, quien dice que del mismo “sólo se puede extraer la posibilidad que tiene el ejecutado de cuestionar la deuda mediante un proceso de conocimiento –de carácter declarativo-, que si bien no paraliza la ejecución, tampoco se ve impedido por ésta” 
	En igual sentido, afirma Falcón que “la circunstancia de que el artículo 553 del CPCCN regule el llamado juicio ordinario posterior, no implica que pueda interpretarse a contrario, la imposibilidad de un juicio ordinario simultáneo, tornando incomprensible el agregado de la ley 22.434.”.-
	En el mismo sentido opinan Raponi y Urtubey, quienes hacen suyas las conclusiones del fallo de la Corte mencionado, y las consideraciones de Bidart Campos con respecto al mismo.-
	De igual manera, Barbieri dice que “existirá para el accionado la oportunidad de discutir estas cuestiones en el juicio de conocimiento posterior previsto en el art. 553 del ritual, que inclusive puede promoverse durante el trámite de la ejecución, tal como lo marca el último párrafo de dicha norma”.-
	También han admitido la posibilidad del desarrollo simultáneo de ambos procesos Palacio y Alvarado Velloso al referirse a la excepción prevista con respecto al cumplimiento de las condenaciones impuestas en el proceso ejecutivo al decir que ésta “no resulta viable si el proceso de conocimiento se promueve hallándose pendiente de sustanciación el juicio ejecutivo y en éste no ha recaído aún sentencia de remate, pues tal circunstancia descarta la posibilidad de cancelar liquidación alguna.”.-
	Hasta aquí, hemos visto que con respecto al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no hay prácticamente dudas en relación a la posibilidad de que el juicio ordinario “posterior” sea sustanciado simultáneamente, y, como veremos más adelante, aún con anterioridad, al juicio ejecutivo. Ahora bien, el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires nada dice al respecto, y no tiene una norma como la del último párrafo del art. 553 CPCCN que permita inducir la posibilidad de la coexistencia de ambos procesos.-
	Pero, aplicando analógicamente la norma del Código Nacional y teniendo especialmente en cuenta los planteos de orden constitucional de Bidart Campos y Elena Highton ya mencionados, considero que la posibilidad del tratamiento simultáneo de ambos procesos es totalmente aplicable en nuestra Provincia.-
	En este mismo sentido, Andino en referencia al Código Procesal de Santa Fé (que también omite cualquier referencia a la simultaneidad) sostiene que “cabe considerar que este juicio ordinario posterior, puede iniciarse y desarrollarse, aún antes del ejecutivo conforme han entendido los magistrados,” y continua diciendo que “el sistema santafesino puede entenderse en forma similar al del CPCCN, y así se ha hecho en los tribunales, es decir que se admite la posibilidad de juicio ordinario “simultáneo” (no necesariamente posterior), pero en ningún modo se debe entender que podrá paralizar o afectar al juicio ejecutivo.”.- 
	Al respecto, es importante recordar que con la vigencia del anterior Código de Procedimiento de la Nación, que no tenía una regulación como la del último párrafo del art. 553 del actual, la Cámara Nacional de Comercio en julio de 1933 estableció que: “La sentencia pronunciada en un juicio ejecutivo no produce cosa juzgada; luego, la ejecución en trámite no puede obstar a la prosecución de un juicio ordinario.”.- 
	Si a todos estos argumentos, agregamos la aplicación de los principios y derechos constitucionales que poseo como consumidor al acceso rápido y efectivo a la justicia.- Al respecto cabe traer a colación el art. 52 LDC que dispone “que el consumidor podrá iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados”.- Este artículo se enmarca dentro de la lógica del legislador de facilitarle el acceso a la justicia al consumidor afectado, a tal punto que considera legitimado para accionar al consumidor que se encuentre amenazado en su derecho.- Vaya si en este preciso caso, el consumidor no se haya amenazado de que se le sigan trabando embargos sobre sumas que no tienen causa alguna, como ya expliqué oportunamente.-
	En el mismo sentido tenemos en nuestra provincia el Código del Consumidor que en su artículo 23 establece una amplia legitimación para acceder a la justicia al consumidor afectado.-
	En definitiva la pretensión de esta parte de iniciar el juicio ordinario de repetición, aún en el supuesto de que el juicio ejecutivo en la Provincia de Santa Fe no se encuentre finalizado (no me consta el estado del juicio atento a la falta de información proporcionada por la demandada), es totalmente procedente y viable ya que se ajusta a la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia desde el año 1987 y a la prestigiosísima doctrina antes citada, además de ser la que mejor ampara los derechos de los consumidores a obtener una respuesta judicial rápida y eficaz.- 
	A tal punto ello es así que la posición contraria basada en un estricto apego a la letra del art. 551 del CPCyC de la Provincia de Buenos Aires puede ser fácilmente tachada de inconstitucional, lo que así solicito se declare si V.S. entendiere que no correspondiere hacer una interpretación armónica del instituto procesal frente a los postulados de nuestra Corte y a los derechos constitucionales en juego.- 
	Esa inconstitucionalidad sostenida “en abstracto” también resulta ser mayor analizando el caso “en concreto”.- Es que en el relato se ha expuesto que existen constancias fehacientes de que la demandada ha pretendido cobrar una suma total con capitalización de intereses desconociendo los importantes pagos parciales efectuados en su oportunidad.- O sea, que el daño habido en la especie es manifiesto, el que se vería agravado aún mucho más si se mandara a esperar que el juicio llevado en extraña jurisdicción finalice.- Estamos ante una daño concreto a mis intereses; de seguirse esta no querida solución el daño a mi economía familiar se vería agravado sin que haya razón alguna que lo justifique, más allá del cumplimiento de meros requisitos formales (invoco desde ya la doctrina del exceso ritual manifiesto).- 
    	VI.- BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS:
   	Atento a lo dispuesto por el Artículo 25 de la Ley 13.133 (Código del Consumidor de la Provincia) y el art. 53 in fine de la LDC la presente demanda se encuentra exenta del pago de tasas, contribuciones u otra imposición económica, por tanto solicito se sirva proveer la demanda eximiendo del pago de la tasa y sobre tasa de justicia.- 
    	VII.- PRUEBA:
	Ofrezco la siguiente que hace a mi derecho, haciendo expresa reserva de ampliar: 
a) Documental: Acompaña copia certificada del expediente administrativo municipal ************cédula judicial y copia simple de comunicación de cumplimiento de embargo.-
    	VIII.- PETITORIO:
        	Por todo lo expuesto, de V.S. solicito:   
      	a) Me tenga por presentado, por parte en el carácter invocado  y con domicilio procesal constituido en el lugar indicado.-   
	b) Por deducido formal JUICIO ORDINARIO DE REPETICION y DAÑOS Y PERJUICIOS contra la demandada.-
    	c) Se ordenen las medidas preparatorias solicitadas.-
	d) Se abstenga de correr traslado de la demanda hasta que las mismas no sean realizadas.-
                             	Proveer de conformidad que,
 	SERA JUSTICIA.-