ATENCIÓN RESTAURANTES: El servicio de mesa y/o cubierto deberá ajustarse a la normativa consumeril

Es cada vez más común que a la hora de pagar luego de comer en un restaurante, en el ticket nos venga detallado un importe por servicio de mesa y/o cubierto que se cobra por cada uno de los comensales.

Esta práctica no estaba regulada ni era sancionada pero en el mes de noviembre de 2018, la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial (Sala II) de La Plata se expidió al respecto.

El mencionado tribunal sostuvo que esta práctica viola el deber de información, limita la libertad de contratación (art. 1099 del Código Civil y Comercial) y además violenta el art. 35 de la ley de Defensa del Consumidor, el cual prohíbe “la realización de propuesta al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente y que genere un cargo automático en cualquier sistema de débito, que obligue al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice”.

En este caso la parte demandada, decidía entregar a sus consumidores a su arbitrio una panera, un croissant y un recipiente con queso crema o similar —a los que identificaba como “servicio de mesa y/o cubierto”— sin que ellos lo requieran. Los clientes solo contaban con la posibilidad de rechazar su recepción para omitir cargar el consumo a su cuenta.

En esa inteligencia, la Justicia ordenó: I) incluir en la carta o menú: a) bajo qué circunstancias podrán los consumidores optar por el “servicio de mesa y/o cubierto” y b) que los consumidores que opten por el “servicio de mesa y/o cubierto”, luego deberán multiplicado por la cantidad de comensales que efectivamente los consuman, con independencia de la cantidad de paneras, croissant y recipientes con queso crema o similar que se provean; II) cesar de inmediato con la práctica de entregar el “servicio de mesa y/o cubierto” sin requerimiento previo del consumidor y luego cobrar su consumo a falta del rechazo de su recepción por la apelante.

De ahora en más, este cargo debe ser informado claramente en el Menú y los consumidores deberán peticionar este servicio para que el mismo pueda ser cobrado.

Acceso al fallo completo:  fallo  

 

Por Ariana P. Cornelli – Abogada – miembro integrante de la ONG “Usuarios y Consumidores Unidos”

La necesidad y urgencia de que el Estado se comprometa con los derechos de los consumidores El DNU que faculta a las empresas a notificarnos por correo electrónico

Destacado

El decreto de “desburocratización y simplificación” del 10 de enero de 2018, es un combo de veintidós capítulos que modifican leyes vigentes sin ninguna relación entre sí, con un discutible criterio fundado en la necesidad (y urgencia) por “simplificar”.

Lamentablemente en el último de estos veintidós capítulos se modifica de un plumazo el ya de por sí toqueteado artículo 4 de la ley de defensa del consumidor 24.240, uno de sus artículos más importantes porque determina el deber de dar información “cierta, clara y detallada” que pesa sobre las empresas. En igual sentido modifica el artículo 24 de la ley de tarjetas de crédito.

Está claro que en un Estado de Derecho, las leyes no deben modificarse a las apuradas, y mucho menos por el Poder Ejecutivo cuya función es precisamente “ejecutarlas”, y no crearlas. Esto cobra una importancia fundamental en leyes que son de orden público, y que buscan proteger a un sector vulnerable, en este caso el sector inmenso y prácticamente omnipresente de los usuarios y consumidores. En concreto, se invierte la que hasta ahora era la regla en materia de comunicación de información por parte de las empresas, la que debía darse en formato “papel”. Lo que hace esta normativa urgente y vigente, es darle a la empresa la facultad de optar por el formato a través del cual comunicará la información a sus clientes o a los interesados.

Aclaramos que nuestra postura, tanto la de la mayoría de las asociaciones de consumidores, como la propia, no es atarnos a la prehistoria y oponernos al avance natural de la civilización que indica un proceso lógico de despapelización. No somos el gremio de carteros ni representamos a la industria de impresoras o de papeles. Por el contrario, en líneas generales siempre defenderemos los avances en beneficio de los consumidores, y casi siempre la implementación de las tecnologías que abaratan costos y tiempos suelen ser favorables a los consumidores. Lo que ocurre en este caso es que el papel era prácticamente la única “garantía” que nos daban las empresas frente al avasallamiento comunicacional de esta nueva época electrónica. El papel era el contrato real, la publicidad real, la modificación real a una cláusula o un precio o una condición. Y entonces como mínimo la empresa tenía el trabajo de “imprimir y mandar” esta información. Y de esta manera los consumidores nos resguardábamos de no ser notificados de modificaciones unilaterales casi siempre perjudiciales a nuestros intereses. Se nos daba la posibilidad de revisión y discusión, por un lado, y se dificultaba el cambio fácil de parte del proveedor, por el otro.

Ni qué hablar de sectores especialmente vulnerables, que ni siquiera tienen acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Quedan librados a su suerte en un país cuyas tasas de alfabetización digital no son precisamente motivo de orgullo. Muchos ancianos directamente quedarán al margen de cualquier posibilidad de siquiera enterarse de la información que eufemísticamente le haga “conocer” una empresa.

La pregunta es cuál es lado B de esta liberalidad que el Gobierno otorga a las empresas, de informarnos (es decir notificarnos) por la vía que más cómodo les quede (porque no vamos a esperar que las empresas opten por la vía que mejor asegure que la información sea efectivamente recibida…). ¿Acaso los consumidores tenemos la opción de notificar a las empresas por la vía que nos quede más cómoda o sea más eficiente? Levante la mano el que dio de alta un servicio en cinco minutos y por teléfono, pero que para darlo de baja tuvo que presentarse en la empresa, con nota por duplicado, enviar una carta documento y en muchos casos hasta realizar un juicio para comunicar la mera voluntad de resolver un contrato.

Una oportunidad desperdiciada, de hacer lo realmente necesario y urgente: garantizar que los consumidores podamos requerir a través de medios electrónicos la información que obligatoriamente están obligadas a suministrarnos las empresas. Empresas que no se les cae la cara de vergüenza de mandarnos los resúmenes de cuenta en direcciones del tipo “nocontestar@empresa.com”. Produce indignación que una multinacional pueda comunicarse con nosotros por medios completamente gratuitos, pero los consumidores tengamos que pagar una carta documento (en el orden de los trescientos pesos) para responderle por medio fehaciente.

Bancos, financieras, cadenas de electrodomésticos, telefónicas, ¿quién puede mandarles un correo electrónico y obtener una respuesta que no sea publicitaria, sino que tome razón (y sea prueba) de un reclamo o gestión? Muchas empresas ni siquiera reciben notas en papel en la propia sucursal de atención al cliente: La empresa más grande de ventas por internet que opera en nuestro país, no tiene un correo electrónico de contacto. La empresa más grande de reservas hoteleras que opera en nuestro país, no tiene ni siquiera un domicilio donde enviarle la carta documento de trescientos pesos. Los proveedores pueden comunicarse por cualquier vía, y simultáneamente bloquear nuestra respuesta en el mismo acto. Pueden notificarnos de una deuda y al mismo tiempo imposibilitarnos que cuestionemos esta deuda por la misma vía. “No contestar”, “sólo reciba su información y pague, y si tiene algo que decir vaya personalmente a casa central” (donde sea que se encuentre) y espere sentado. En ese estado de abuso permanente, en el que estamos hoy los consumidores argentinos, en ese estado de urgente y necesaria reforma a los fines de obligar a las empresas a recibir los requerimientos por vías más ágiles o por correos electrónicos revisados por seres humanos, se dicta una norma que favorece aún más a las ya favorecidas empresas multinacionales que operan con total impunidad en nuestro país  (porque el almacén de la esquina pone la cara).

Queda para otro encuentro la catarsis acerca de cuánto cobran por los avisos de visita muchas empresas que brindan servicios públicos, algunos tan esenciales como el agua, y que en esos casos no tienen el menor escrúpulo en imprimir una hoja A4 amarilla y cobrarla hasta mil veces su costo por tirarla bajo la puerta, en la era donde el Whatsapp ya hace ruborizar al sms. Eso sí, a la factura te la mandan por mail…

 

Exequiel Vergara

Abogado, Director Delegación Córdoba de Usuarios y Consumidores Unidos

Esta bebida azucarada perjudica gravemente su salud

La industria azucarera, un gigante que produce unos inimaginables 170.000 millones de kilogramos de azúcar cada año en el mundo, está en el punto de mira, como lo estuvieron hace décadas las tabaqueras. Un grupo de científicos de EE UU pide que, como en el caso de los cigarrillos, las bebidas azucaradas sean marcadas con una advertencia sanitaria para desincentivar su consumo. Por ejemplo, la lata típica, de 330 mililitros, de las marcas más consumidas de bebida de cola contiene casi nueve cucharaditas de azúcar (35 gramos). La Organización Mundial de la Salud relaciona las bebidas azucaradas con la epidemia de sobrepeso y obesidad que afecta a unos 2.000 millones de personas y ha hecho que las enfermedades cardiovasculares sean la principal causa de muerte en el mundo.

Los investigadores, liderados por la epidemióloga Christina Roberto, de la Universidad de Pensilvania, han demostrado por primera vez que la colocación de advertencias sanitarias en las bebidas azucaradas reduce sus ventas, un objetivo que persiguen, según han manifestado en numerosas ocasiones, cardiólogos de todo el mundo. Los científicos llevaron a cabo una encuesta digital a unas 2.400 personas, todas ellas con al menos un hijo. A los consultados se les ofrecía una gama variada de zumos y refrescos. La compra de bebidas azucaradas cayó 20 puntos porcentuales (de un 60% a un 40%) cuando los envases mostraban una alerta sanitaria, del tipo “ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Tomar bebidas azucaradas contribuye a la obesidad, a la diabetes y a la caries dental”, según el estudio, publicado en la revista Pediatrics. Los estados de Nueva York y California ya han preparado cambios legislativos para introducir estas alertas en los refrescos con azúcares añadidos.

“Aunque mucha gente puede saber que Coca-Cola y Pepsi tienen muchos azúcares añadidos, muchas personas no se dan cuenta de que otras bebidas que pueden parecer saludables, como Gatorade o Powerade, también están llenas de azúcar”, advierte Roberto.

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, dirigida hasta 2014 por una exejecutiva de Coca-Cola, rechaza las advertencias sanitarias.

Una portavoz del Ministerio de Sanidad afirma que “según la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), ese tipo de advertencias por el momento no se contemplan” en España. Hasta 2014, la directora ejecutiva de la AECOSAN fue Ángela López de Sá y Fernández, que trabajaba como directora de Asuntos Científicos y Normativos de Coca-Cola Iberia hasta su polémico nombramiento por el Ministerio de Sanidad. “Actualmente existe otro enfoque: acuerdos voluntarios y consenso con diferentes sectores para una reducción global de azúcares añadidos”, añade la portavoz del departamento de Alfonso Alonso.

La industria azucarera se resiste a perder su actual impunidad. “Existe un amplio consenso científico a nivel internacional en torno al hecho de que no existen alimentos buenos o malos, sino dietas equilibradas o desequilibradas”, explica un argumentario enviado a este diario por la Asociación de Bebidas Refrescantes. “Un etiquetado de este tipo, calificando alimentos o bebidas, o los distintos nutrientes como malos o buenos, per se, rompe este principio, discrimina a los sectores productivos y no soluciona problemas de salud ni favorece hábitos saludables”, añade.

El sector de las bebidas azucaradas está inmerso en un escándalo desde que el diario estadounidense The New York Times revelara en agosto que Coca-Cola donó 1,5 millones de dólares para la creación del Global Energy Balance Network, formado por un grupo de científicos que intentaba devaluar el papel de las bebidas azucaradas en la epidemia mundial de obesidad, atribuyéndola a la falta de ejercicio físico. El proyecto se desmanteló tras conocerse la procedencia de su financiación.

Un etiquetado de advertencia “discrimina a los sectores productivos y no soluciona problemas de salud”, según la Asociación de Bebidas Refrescantes

Coca-Cola acabó admitiendo que también había entregado tres millones de dólares a la Academia de Pediatría de EE UU y 1,7 millones a la Academia de Nutrición y Dietética. Ambas organizaciones anunciaron que cancelaban sus relaciones con la multinacional tras la revelación. La jefa científica de Coca-Cola, Rhona S. Applebaum, acusada de ayudar a organizar el Global Energy Balance Network, comunicó su dimisión en octubre. “De momento, su puesto no se va a ocupar porque se está revisando todo el enfoque sobre obesidad y bienestar”, explica Leticia Iglesias, directora de comunicación de The Coca-Cola Company en España.

“La industria del azúcar es como la del tabaco hace unas décadas”, opina el médico Javier Martín, del hospital madrileño Severo Ochoa. El facultativo publicó hace dos años un estudio que atribuía más de 25.000 muertes anuales en España al exceso de peso. Un fallecimiento cada 20 minutos, por infartos, derrames cerebrales, diabetes o algún tipo de cáncer vinculado al sobrepeso y la obesidad, como el de mama, el de colon y el de hígado. Los autores del trabajo,publicado en la revista Medicina Clínica, señalaron directamente a las bebidas azucaradas y pidieron el fomento del deporte. “Hay que lograr que las bebidas azucaradas sean menos atractivas para los consumidores. Poner advertencias sanitarias no es suficiente, habría que mejorar la educación en otros niveles, por ejemplo quitando las máquinas expendedoras de los colegios”, señala Martín.

En 2015, investigadores de la Universidad de Harvard y el Imperial College de Londres, entre otras instituciones, calcularon que el consumo de bebidas azucaradas provoca 133.000 muertes al año por diabetes, otras 45.000 por enfermedades cardiovasculares y 6.450 por diferentes tipos de cáncer.

El embajador estadounidense se reunió en 2013 con el presidente de la Generalitat para frenar un impuesto a las bebidas azucaradas

Martín aplaude el establecimiento de impuestos a las bebidas azucaradas como medida de salud pública, como ya se ha hecho en países como Finlandia, Hungría y Francia. México, el segundo país con más obesos tras EE UU y uno de los mayores consumidores de Coca-Cola, también aprobó en 2013 un impuesto del 10%para las bebidas azucaradas. Las ventas cayeron un 6% el primer año. La Asociación Médica Británica, que representa a 170.000 médicos de Reino Unido, también defiende que “un impuesto del 20% en las bebidas azucaradas es vital para frenar la obesidad”. El impuesto “debe ser de al menos el 20% para tener un impacto en la obesidad y en las enfermedades cardiovasculares”, coincide la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En España, el Gobierno catalán renunció en 2013 a poner un impuesto antiobesidad a las bebidas azucaradas, tras las presiones de la Embajada de EE UU. El embajador Alan D. Solomont llegó a reunirse con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para comunicarle el malestar de Coca-Cola y Pepsi con la medida y sugerirle que podrían caer las inversiones estadounidenses en Cataluña. La portavoz del Ministerio de Sanidad reconoce que tampoco está en la agenda un impuesto de este tipo para el conjunto de España.

“Yo pondría una advertencia sanitaria en todas las bebidas azucaradas, como la Coca-Cola, pero también en los donuts y las chocolatinas, que tienen azúcar y además grasas”, propone Carlos Macaya, presidente de la Fundación Española del Corazón. Macaya, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, pide “vigilar y controlar la relación de las asociaciones profesionales científicas con Coca-Cola”. En España, por ejemplo, The Coca-Cola Company ha participado en la elaboración del documento “Balance energético en niños y adolescentes”, de la Asociación Española de Pediatría.

Macaya cree que “los productores están concienciados, Coca-Cola, por ejemplo, hizo hace tiempo una Coca-Cola Light e incluso una Coca-Cola Zero”, aunque reconoce que “ahora hay que ponerse las gafas para ver las calorías marcadas en el envase”. La Organización Mundial de la Salud recomienda no consumir más de 12 cucharillas de azúcar al día y sugiere una ingesta ideal de seis, menos que las presentes en una sola lata de Coca-Cola.

Los bancos ya no están obligados a enviar resúmenes de cuenta o de tarjetas por correo

Los bancos quedaron eximidos de la obligación de enviarle a sus clientes los resúmenes de cuenta y otras comunicaciones por envío postal.

Así lo resolvió ayer el directorio del Banco Central (BCRA) para el detalle de los movimientos de cuenta o de tarjeta de crédito a través, que ahora podrán llegar a los usuarios por “correo electrónico o el acceso a través de home banking”, aclaró anoche en un comunicado

La nueva disposición, denominada “Información a clientes por medios electrónicos para el cuidado del medio ambiente”, incluye otros usos de la tecnología, tales como el envío de e-mail o mensajes SMS para comunicar fechas de vencimiento para cuotas de préstamos o pagos de tarjetas de crédito. Esto, según el BCRA, apunta a “reducir costos de envío” y hacer un aporte a la protección ambiental al “generar una fuerte reducción en el uso de papel en la correspondencia bancaria”.

El ente monetario aprobó además un procedimiento para “abreviar la tramitación de apertura de sucursales bancarias”, una decisión que La decisión agilizará la posibilidad de que “se abran 57 nuevas sucursales en todo el país en las próximas semanas, cuyos pedidos de autorización se encontraban demorados”, destacó, algo así como el 5% de la red actual conformada por 1375 puestos de atención. al público.

Compartimos la normativa del BCRA (enlace)

Apuntes sobre el derecho de información

En toda contratación de bienes o servicios las empresas tienen la obligación de brindar, en forma clara, información veraz, detallada y suficiente.

Tengamos en cuenta que los proveedores son la parte fuerte en la relación de consumo, son quienes poseen los conocimientos específicos en su área de actividad comercial, son los “expertos”; a diferencia de su contraparte, novato en la materia, que se informa a través del mercado. Es por esta disparidad y vulnerabilidad del consumidor que se busca proteger sus decisiones económicas de modo que no se vea defraudada en su elección de consumo.

         Se busca que el consumidor se encuentre en condiciones de realizar una compra reflexiva y con plena libertad de elección y comprensión del acto de consumo que va a realizar.

           En caso que el proveedor publique por cualquier medio una oferta o promoción, debe ser cumplida por quién la ofrece durante el tiempo en que se realice. Es obligatorio consignar la fecha de comienzo y finalización de la oferta y las modalidades, condiciones o limitaciones. El tiempo de validez de la misma, con fechas precisas de inicio y finalización: Validez de la oferta desde/hasta. En caso de servicios en los que la limitación se sujete a un cupo , se debe informar lo siguiente: Oferta Limitada a XXX cantidad de plazas disponibles.- Válida hasta agotar la disponibilidad. Los servicios ofrecidos deben estar claramente especificados. Ejemplo: Pasaje Aéreo, Alojamiento en Hotel XXX u Hotel de XX estrellas, Traslado de llegada y salida, Visita a la ciudad , régimen de media o pensión completa , etc. No es válida la leyenda : “sujeto a modificaciones sin previo aviso”.

Etapas

El proveedor tiene la obligación de informar antes, durante y después de un acto de consumo.

Antes de contratar debemos solicitar toda la información necesaria para poder evaluar y comparar entre otras cosas la calidad, precio y condiciones de los servicios y productos ofrecidos. Debe ser brindada en forma gratuita esta puede ser en diarios, revistas, folletos, página web y volantes. En esta etapa la información es fundamental para la decisión del consumidor (calidad, garantías, exclusiones de responsabilidad, existencia de asistencia, etc),la inadecuada o incompleta información acerca de las instrucciones de manejo de un producto es la que motiva la causación de daños, por ejemplo; también muchas veces si bien no se trata de un producto defectuoso sino  que vienen acompañados de incorrectas o insuficientes instrucciones que los convierten en inservibles o peligrosos;

Durante la relación contractual, tienen el deber de poner en conocimiento información necesaria para la utilización del producto.

Posteriormente, una vez que el consumidor ha adquirido el producto o contratado el servicio y precisa información o sufre algún inconveniente, por ejemplo, informando cual es el servicio técnico oficial en caso de defectos en los productos adquiridos. También es importante tener en cuenta este deber cuando se pide información sobre la composición de una deuda.

           La letra chica

           Los contratos escritos de consumo y las informaciones que se brinden por escrito deberán instrumentarse en idioma nacional y con caracteres tipográficos no inferiores a 1,8 mm de altura. Deben además ser fácilmente legibles.

           Para tener en cuenta

  •         En los productos alimenticios leer las etiquetas, verificando la fecha de vencimiento.
  •         Exigir al vendedor la entrega de manuales de uso, catálogos e instrucciones de los productos.
  •         Es obligatorio que nos informen sobre los sistemas de pago, intereses o recargos en las compras a crédito, las cuales deben estar por escrito.
  •         Cuando se ofrezcan productos de segunda selección, usados o reconstituidos, se debe indicar  esta característica en forma precisa y visible.

Tenés derechos, hacelos valer!