Rechazan juicio de PARDO contra cliente cañadense.

El Juzgado de Circuito Nº 6 de la ciudad de Cañada de Gómez rechazó una demanda ejecutiva contra un cliente de la casa de electrodomésticos PARDO SA. 

El consumidor demandado había efectuado una compra en cuotas en la sucursal de Cañada de Gómez firmando un pagaré en blanco para garantizar la deuda. La empresa, alegando la falta de pago de la deuda inició juicio ejecutivo. En dicha demanda PARDO pretendió el cobro de una importante suma de dinero, la cual era exorbitantemente superior a cualquier compra que hubiera efectuado dicho cliente en algún momento.

Ante ello, el consumidor, se presentó en el juicio y se defendió a través de su abogado. Interpuso varias excepciones, entre ellas, excepción de inhabilidad de título, fundado en el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, puesto que el pagaré no cumplía con la información que debe existir hacia el consumidor en la adquisición de cualquier bien en cuotas y/o financiado (operaciones de crédito para el consumo).

El Juez en su Sentencia, rechazó la demanda de PARDO S.A., entendiendo que se trataba de una relación de consumo, y que por tal motivo debía acreditar el cumplimiento a la Ley de Defensa del Consumidor, demostrando el origen y cuantía del crédito que dice poseer contra el consumidor, y haber informado al mismo de los intereses a aplicar, tasas, gastos administrativos, y cualquier otro cargo que pretenda cobrar. De este modo, el consumidor no debió abonar suma alguna a la empresa, quién debió además soportar las costas del juicio.

Destacamos que la sentencia rechazó la ejecución fue debido a que el demandado se presentó en juicio a defender sus derechos. Dicho de otra forma, el consumidor que no se presente a defenderse, no podrá ser beneficiado con este criterio protectorio que la Justicia acaba de emitir.
Es posible que la irregularidad señalada en el fallo que comentamos se encuentre en las demás demandas ejecutivas iniciadas por dicha empresa en esta jurisdicción (Cañada de Gomez, Armstrong, Correa, Las Parejas, Carcaraña, etc.).
Cabe recordar que UCU hace años desactivó una práctica abusiva de PARDO SA en la ciudad de San Nicolas en perjuicio de deudores que habían garantizado sus obligaciones mediante la firma de pagarés “en blanco”. Mediante el trabajo de la asociación se pudo descubrir que las sumas por las cuales PARDO llenaba los pagarés eran mucho mayores a las realmente adeudadas. Para más información invitamos a acceder a la siguiente nota haciendo clic aquí
En caso de que necesites asesoramiento, no dudes en enviarnos tu denuncia entrando al siguiente formulario. También puede ponerse en contacto con la Delegación de UCU en Cañada de Gomez.

La necesidad y urgencia de que el Estado se comprometa con los derechos de los consumidores El DNU que faculta a las empresas a notificarnos por correo electrónico

Destacado

El decreto de “desburocratización y simplificación” del 10 de enero de 2018, es un combo de veintidós capítulos que modifican leyes vigentes sin ninguna relación entre sí, con un discutible criterio fundado en la necesidad (y urgencia) por “simplificar”.

Lamentablemente en el último de estos veintidós capítulos se modifica de un plumazo el ya de por sí toqueteado artículo 4 de la ley de defensa del consumidor 24.240, uno de sus artículos más importantes porque determina el deber de dar información “cierta, clara y detallada” que pesa sobre las empresas. En igual sentido modifica el artículo 24 de la ley de tarjetas de crédito.

Está claro que en un Estado de Derecho, las leyes no deben modificarse a las apuradas, y mucho menos por el Poder Ejecutivo cuya función es precisamente “ejecutarlas”, y no crearlas. Esto cobra una importancia fundamental en leyes que son de orden público, y que buscan proteger a un sector vulnerable, en este caso el sector inmenso y prácticamente omnipresente de los usuarios y consumidores. En concreto, se invierte la que hasta ahora era la regla en materia de comunicación de información por parte de las empresas, la que debía darse en formato “papel”. Lo que hace esta normativa urgente y vigente, es darle a la empresa la facultad de optar por el formato a través del cual comunicará la información a sus clientes o a los interesados.

Aclaramos que nuestra postura, tanto la de la mayoría de las asociaciones de consumidores, como la propia, no es atarnos a la prehistoria y oponernos al avance natural de la civilización que indica un proceso lógico de despapelización. No somos el gremio de carteros ni representamos a la industria de impresoras o de papeles. Por el contrario, en líneas generales siempre defenderemos los avances en beneficio de los consumidores, y casi siempre la implementación de las tecnologías que abaratan costos y tiempos suelen ser favorables a los consumidores. Lo que ocurre en este caso es que el papel era prácticamente la única “garantía” que nos daban las empresas frente al avasallamiento comunicacional de esta nueva época electrónica. El papel era el contrato real, la publicidad real, la modificación real a una cláusula o un precio o una condición. Y entonces como mínimo la empresa tenía el trabajo de “imprimir y mandar” esta información. Y de esta manera los consumidores nos resguardábamos de no ser notificados de modificaciones unilaterales casi siempre perjudiciales a nuestros intereses. Se nos daba la posibilidad de revisión y discusión, por un lado, y se dificultaba el cambio fácil de parte del proveedor, por el otro.

Ni qué hablar de sectores especialmente vulnerables, que ni siquiera tienen acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Quedan librados a su suerte en un país cuyas tasas de alfabetización digital no son precisamente motivo de orgullo. Muchos ancianos directamente quedarán al margen de cualquier posibilidad de siquiera enterarse de la información que eufemísticamente le haga “conocer” una empresa.

La pregunta es cuál es lado B de esta liberalidad que el Gobierno otorga a las empresas, de informarnos (es decir notificarnos) por la vía que más cómodo les quede (porque no vamos a esperar que las empresas opten por la vía que mejor asegure que la información sea efectivamente recibida…). ¿Acaso los consumidores tenemos la opción de notificar a las empresas por la vía que nos quede más cómoda o sea más eficiente? Levante la mano el que dio de alta un servicio en cinco minutos y por teléfono, pero que para darlo de baja tuvo que presentarse en la empresa, con nota por duplicado, enviar una carta documento y en muchos casos hasta realizar un juicio para comunicar la mera voluntad de resolver un contrato.

Una oportunidad desperdiciada, de hacer lo realmente necesario y urgente: garantizar que los consumidores podamos requerir a través de medios electrónicos la información que obligatoriamente están obligadas a suministrarnos las empresas. Empresas que no se les cae la cara de vergüenza de mandarnos los resúmenes de cuenta en direcciones del tipo “nocontestar@empresa.com”. Produce indignación que una multinacional pueda comunicarse con nosotros por medios completamente gratuitos, pero los consumidores tengamos que pagar una carta documento (en el orden de los trescientos pesos) para responderle por medio fehaciente.

Bancos, financieras, cadenas de electrodomésticos, telefónicas, ¿quién puede mandarles un correo electrónico y obtener una respuesta que no sea publicitaria, sino que tome razón (y sea prueba) de un reclamo o gestión? Muchas empresas ni siquiera reciben notas en papel en la propia sucursal de atención al cliente: La empresa más grande de ventas por internet que opera en nuestro país, no tiene un correo electrónico de contacto. La empresa más grande de reservas hoteleras que opera en nuestro país, no tiene ni siquiera un domicilio donde enviarle la carta documento de trescientos pesos. Los proveedores pueden comunicarse por cualquier vía, y simultáneamente bloquear nuestra respuesta en el mismo acto. Pueden notificarnos de una deuda y al mismo tiempo imposibilitarnos que cuestionemos esta deuda por la misma vía. “No contestar”, “sólo reciba su información y pague, y si tiene algo que decir vaya personalmente a casa central” (donde sea que se encuentre) y espere sentado. En ese estado de abuso permanente, en el que estamos hoy los consumidores argentinos, en ese estado de urgente y necesaria reforma a los fines de obligar a las empresas a recibir los requerimientos por vías más ágiles o por correos electrónicos revisados por seres humanos, se dicta una norma que favorece aún más a las ya favorecidas empresas multinacionales que operan con total impunidad en nuestro país  (porque el almacén de la esquina pone la cara).

Queda para otro encuentro la catarsis acerca de cuánto cobran por los avisos de visita muchas empresas que brindan servicios públicos, algunos tan esenciales como el agua, y que en esos casos no tienen el menor escrúpulo en imprimir una hoja A4 amarilla y cobrarla hasta mil veces su costo por tirarla bajo la puerta, en la era donde el Whatsapp ya hace ruborizar al sms. Eso sí, a la factura te la mandan por mail…

 

Exequiel Vergara

Abogado, Director Delegación Córdoba de Usuarios y Consumidores Unidos

El abuso de CLUB INN en sus contratos de tiempo compartido

Hace tiempo que desde “Usuarios y Consumidores Unidos” venimos recibiendo gran cantidad de reclamos con motivo de los llamados contratos de “Tiempo Compartido”.

En particular, encontramos a la empresa CLUB INN, quien establece multas o sanciones muy severas para la persona que se atrasa en el pago de dos cuotas pactadas. Si esto ocurre, según lo estipulado en su contratos predispuestos, CLUB INN tiene derecho a dar de baja el contrato, quedándose con TODAS las sumas que el cliente hubiera abonado hasta el momento; o bien exigir la TOTALIDAD de la suma adeudada.

De esto se sigue una conclusión muy sencilla: que el cliente en ese caso pudo haber pagado una parte sustancial del contrato, no haber llegado jamás a poder utilizar las semanas de alojamiento que se le ofrecieron, y sin embargo por sufrir un leve atraso perdería automáticamente todo lo pagado hasta el momento. De esa manera, la empresa ganaría una suma de dinero importante sin haber otorgado ningún beneficio a cambio.

Pensemos en otra situación muy frecuente: la situación económica del cliente empeora en el transcurso del contrato, y entonces decide dar de baja el mismo: para ello CLUB INN le exige abonar previamente el 40% de la deuda pendiente, una suma muy grande que en la mayoría de los casos no podrá afrontar. La consecuencia que sigue es que dejará de pagar las cuotas, sucediendo lo que explicamos anteriormente.

Sin lugar a dudas estamos ante un sistema contractual que castiga brutalmente los retrasos en el pago de cuotas (las que vale aclarar aumentan conforme la variación de costos internos de la empresa) resultando en un beneficio puro y desmedido para la empresa.

Desde UCU sostenemos que este tipo de previsiones contractuales resultan abusivas ya que implica un desequilibrio desmedido entre los derechos y obligaciones contractuales entre las partes. Dicha situación está prevista en el art. 37 inc. b) de la ley 24.240 de defensa al consumidor.

En relación con lo expuesto, es importante destacar que la Justicia resolvió en el año 2006 un caso en favor de un consumidor que había dejado de pagar el contrato de tiempo compartido y la empresa le retuvo como sanción todo lo pagado hasta ese momento (U$S 3.547). Iniciada la acción judicial se determinó que que era justo y equitativo reducir la pena convenida, fijándola en U$S 700 (un 19% de lo pagado). De esta manera, del  monto total de U$S 3.547 dólares pagados por el usuario, los jueces ordenaron al administrador devolverle unos U$S2.847.
Ante estas situaciones cabe preguntarse ¿cuánto dinero retienen estas empresas en perjuicio de los consumidores que desconocen completamente sus derechos? Necesitamos consumidores informados y conscientes de sus derechos. Para ello trabajamos desde UCU día a día.

Si has sido víctima de este tipo de abusos, ya por parte de “Club Inn” o de otra empresa de tiempo compartido, no dejes de hacer la denuncia ante nuestra asociación (info@ucu.org.ar)

 

UCU logra histórico acuerdo colectivo para defender a cientos de clientes demandados por sumas incausadas.

En fecha 2 de Febrero de 2017 el Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de San Nicolás de los Arroyos dictó sentencia en autos “Usuarios y Consumidores Unidos c/ Pardo S.A. s/ Homologación Mediación Ley 13.951” (Expte. Nº 1052), homologando el acuerdo transaccional colectivo celebrado entre las partes en la instancia de mediación prejudicial obligatoria y presentado en el expediente hace poco menos de 3 años.

El reclamo de nuestra organización tuvo origen en el error en el cálculo de los intereses correspondientes a deudas en mora que PARDO pudo haber percibido (o bien pretender percibir) en sede judicial de sus clientes morosos.

Este error se habría producido en el marco de diversos expedientes judiciales radicados ante los Juzgados en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Nicolás, muchos de los cuales ya han sido concluidos mientras que otros se encuentran en pleno trámite.

Además de comprometerse a evitar esta acción en el futuro, la empresa se comprometió a rectificar las sumas reclamadas en los juicios en trámite (aún los que hubieran tenido sentencia firme) durante los 3 años anteriores a la fecha de notificación del inicio del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.

Luego de un control efectuado por los abogados de UCU, PARDO deberá presentar las nuevas liquidaciones en cada uno de los expedientes individuales correspondientes y notificar a los clientes demandados para controlar las mismas (especialmente si se tuvieron en cuenta los pagos parciales efectuados).  

Es importante destacar que este acuerdo es el primero en este estilo, ya que UCU representó a cientos de consumidores que habían sidos demandados en juicios ejecutivos iniciados en su contra sin necesidad de que cada uno de ellos contrate a un abogado para defender sus derechos.

En definitiva, estamos ante una acción colectiva que protegió el patrimonio de más de 1500 de nicoleños que habían sido demandados por sumas que no correspondían.

Es otro logro más de nuestra asociación y queremos compartirlo con todos Uds. Agradecemos la difusión.

 

Texto completo del acuerdo disponible acá.

Y acá la sentencia homologatoria.

Para más información recomendamos la lectura del blog Class Actions del Dr. Francisco Verbic quien fue el abogado de UCU en la presente causa.

 

Que no te hagan el verso: así te engañan los comercios con la garantía extendida

La oficina municipal de Defensa al Consumidor alertó sobre engaños en supermercados y locales que, mediante ofertas supuestamente convenientes, encubren ventajas importantes a favor del comerciante. Desde el organismo se sirvieron de un caso real para delatar estas técnicas abusivas.

 

El caso de publicidad engañosa fue detectado por el área de Lealtad Comercial, a cargo de Paula Majul, en la sección de electrodomésticos de Carrefour donde publicitan un cartel con una promoción que dice: “PROMO, Oferta de Contado $19.379,00, Heladera Mabe HMA 450M, 2 años de Garantía”. Lo que realmente sucede es que en el precio total están obligando a contratar un seguro adicional que no es obligatorio y muy costoso para los beneficios que se brindan en caso de romperse el artefacto.

 

Por ley el producto tiene una garantía de 6 meses siendo común que las fabricas la prolonguen a 1  año,  motivo por el cual todo este tiempo estaría pagando de mas, siendo un seguro anticipado, ya que las reparaciones gratuitas estarían cubiertas quedándole el tiempo restante a la garantía extendida.

 

Este seguro que debería ser ofrecido por los comercios como opcional es muy costoso. El precio total que se paga por la garantía extendida oscila entre  un 20%  y un 40% del valor del electrodoméstico.

 

Otra cosa a tener en cuenta es que el seguro no es total y que en caso de inutilización del producto, según el seguro contratado podrán reconocerle el valor histórico del electrodoméstico o el 80 % del valor histórico también del producto o fallas especificas del mismo que nunca leemos antes de contratar y que no valen la pena, ya que el monto de la reparación en algunos casos será de menor valor y en otros casos de ser grave no convendrá su reparación sino comprar uno nuevo.

 

Conclusión, en este caso el comercio publica un precio total, sin advertir o informar sobre la posibilidad de rechazar este seguro mal llamado garantía extendida, quitándole la posibilidad al consumidor de reducir el precio de la heladera, excluyendo este seguro que no es obligatorio, constituyendo una práctica abusiva, anticipada y costosa.