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La posición de UCU frente al proyecto de reforma de la ley de defensa del consumidor.

Días atrás acompañamos una declaración de asociaciones de defensa del consumidor que rechazaba en líneas generales el Proyecto de Ley S-2576/19 de reforma de la ley de defensa del consumidor. 

Como en todas estas cuestiones, en donde se intenta conciliar un documento único, es imposible reflejar de la mejor forma posible la postura individual de cada asociación firmante. Es por ello que, fin de evitar malos entendidos o incordios innecesarios, consideramos necesario usar este espacio propio para precisar la postura institucional de UCU sobre la cuestión, dejando bien en claro que nuestra intención es trabajar en pos de una mejora del Proyecto de Ley.

Es que, nobleza obliga decirlo, el proyecto de ley -a pesar de las críticas que tenemos- posee muchos avances para destacar, tales como la regulación que se propone en materia de consumidores hipervulnerables, sobreendeudamiento, pagarés de consumo, responsabilidad por productos defectuosos, protección al expuesto a las relaciones de consumo, la prohibición de capitalización de intereses, entre otros grandes pasos hacia adelante en materia de protección de los consumidores y usuarios. 

En otras palabras, nuestra intención está lejos de querer obstaculizar o paralizar su tratamiento dentro del Poder Legislativo sino, por el contrario, hacer aportes serios, constructivos y concretos que permitan mejorar sustancialmente algunas regulaciones dentro del proyecto que hoy nos generan preocupaciones serias por entender que resultan -o podrían resultar- perjudiciales y contrarias a una efectiva tutela. Esto que afirmamos, de ninguna manera implica desconocer el trabajo realizado por los doctrinarios que trabajaron en la redacción del proyecto, el que, como dijéramos, muestra avances indudables en la materia.

Nos corresponde también hacer una autocrítica y un pedido de disculpas necesario, en el sentido de que hemos tardado mucho tiempo en manifestarnos sobre el mismo. Razones de coyuntura, falta de tiempo y de recursos humanos, nos impidieron realizar una análisis minucioso de la propuesta legislativa que nos hubiera permitido hacer las críticas en forma más prematura. Reconocemos también que las asociaciones fuimos notificadas de la existencia de este proyecto e invitadas a realizar aportes en el marco del Consejo Consultivo de Asociaciones en el seno de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Más allá de los problemas coyunturales esbozados, también entendimos que ese espacio no era apto para realizar un análisis exhaustivo, conocer nuestras posiciones y analizar técnicamente el mismo conjuntamente con los mentores del proyecto. 

Las alertas se dispararon recién hace poco cuando empezamos a intercambiar información entre las asociaciones de defensa del consumidor en donde se llamaba la atención sobre una cantidad muy considerable de objeciones, fundamentalmente en materia de acciones colectivas, régimen de asociaciones de defensa del consumidor, la creación de castigos por denuncias “sin causa” o retrocesos en materia de carga probatoria, entre otros. Estas observaciones -compartidas en lineas generales- se resumen en el trabajo publicado por la asociación Justicia Colectiva.

Otra aclaración que nos permitimos hacer es que en el texto que acompañamos hicimos saber que las asociaciones de defensa del consumidor no tuvieron participación en la gesta del proyecto. Este déficit embrionario de la iniciativa, al omitir la mirada de las asociaciones que están en el terreno, impidió que el mismo se ocupara de poner en la agenda reglamentaria cuestiones muy importantes y de gran actualidad e impacto, tales como: el problema de los débitos directos sobre cuentas sueldos, la problemática de los planes de ahorro, definiciones en materia de secuestros prendarios, especificar un piso de garantías judiciales mínimas para el consumidor demandado judicialmente independientemente de la jurisdicción donde se encuentre (para resguardarlo, por ejemplo, de la gran cantidad de normas procesales que en todo el país siguen asignando al silencio un valor de reconocimiento que luce incompatible con la realidad material extraprocesal asimétrica), mejorar sensiblemente el capítulo de servicios públicos, entre otros. 

Las posiciones no pueden encontrarnos divididos cuando tenemos un norte común tan claro. No podemos movernos entre la aprobación en la forma en la que está redactado proyecto (o con mínimas intervenciones), o en su rechazo más absoluto. Debemos trabajar en conjunto y con mesura, de manera tal que podamos avanzar en una aprobación general con las modificaciones necesarias para alcanzar la mejor tutela posible a los consumidores.

Por ello repetimos que desde UCU queremos la mejor ley posible para los consumidores argentino. Seguiremos trabajando, aportando ideas y propuestas, siempre con el espíritu constructivo que nos ha caracterizado desde el nacimiento de nuestra asociación civil. En sintonía con ello, instamos a todos los actores involucrados en la tutela de los consumidores a trabajar en la construcción de un espacio de debate abierto, plural y efectivo, es decir, un espacio donde se puedan debatir las disidencias, y en el que finalmente los aportes tengan una recepción concreta en el texto del proyecto que se está discutiendo. 

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