Actualmente existen diecisiete empresas autorizadas por la Inspección General de Justicia para administrar planes cuya característica es la de formar grupos cerrados para la adquisición de bienes predeterminados. La adjudicación está condicionada a salir beneficiado en un acto de sorteo, o haber hecho la mejor oferta en la licitación.

Entre las autorizadas, dieciséis tienen sede en Capital Federal, y menos de la mitad se encuentran activas, pero este puñado de empresas concentra la totalidad de las ventas, con una gran hegemonía por parte de FCA (Fiat) y Volkswagen (ambas “de ahorro para fines determinados”), tanto en las ventas como en cuanto a los reclamos de los usuarios, según se puede apreciar en las estadísticas de las autoridades de aplicación de la ley de defensa del consumidor, las asociaciones de consumidores, los distintos sitios webs de reclamos, en las manifestaciones públicas y las que tienen lugar a través de las redes sociales.

Según los datos de la Asociación de Concesionarias, aproximadamente uno de cada tres autos se vende en Argentina a través de esta modalidad, cuya finalidad teórica es el ahorro por parte del adquirente. Debido a las fluctuaciones económicas, a los componentes extranjeros que lleva un vehículo y a la falta de información clara en las cláusulas contractuales, entre fines del año pasado y comienzos del actual, el sistema ha comenzado a cuestionarse fuertemente por distintos actores sociales, y muchos suscriptores sienten que han sido engañados por las empresas, y simplemente no pueden pagar el valor actual de las cuotas móviles asumidas.

A fines de 2017 la asociación de consumidores Usuarios y Consumidores Unidos inició una mediación prejudicial en representación de todos los afectados, en contra de FCA (Fiat), CISA (Peugeot – Citroën), Toyota, Volkswagen y Chevrolet, reclamando la abusividad de muchas de las cláusulas contractuales que se repiten en los contratos de adhesión predispuestos a los suscriptores.

Pero es en 2018 cuando el problema se agrava por el abrupto despegue del dólar, y a los reclamos de abuso de posición dominante y cobros indebidos, se suman miles de reclamos canalizados en las defensorías del consumidor estatales y en las asociaciones de consumidores de todo el país.

La Secretaría de Defensa del Consumidor de la provincia de Salta avanzó en imputaciones contra las sociedades de ahorro y las concesionarias. La Dirección de Defensa del Consumidor cordobesa y su par a nivel municipal recibieron miles de denuncias, motivadas en gran parte por la imposibilidad de pago frente al aumento de valor de los automóviles, con lo que en algunos casos se comenzaron a acumular los reclamos de modo estratégico, para remitirlos a los organismos nacionales específicos que regulan la materia.

En cuanto a las  acciones colectivas propiamente dichas, a nivel judicial, se iniciaron en distintas circunscripciones judiciales, y  por distintos aspectos de la problemática. Tres de estas acciones padecieron rechazos in limine, ya sea por la falta de representación o la falta de especificación en la fundamentación jurídica de los casos. Entre fines del año pasado y comienzos del presente, se desestimaron las demandas colectivas iniciadas en Tucumán (una iniciada por el Defensor del Pueblo y otra por una ONG) y Río Cuarto (por una asociación).

Por su parte avanzan a paso firme las demandas colectivas ingresadas en la ciudad Córdoba por Usuarios y Consumidores Unidos, contra Volkswagen de Ahorro, por la demora en la entrega de los vehículos, y contra FCA, por vicios en la información respecto al modelo de caja manual de la camioneta Fiat Toro. En el marco de este último caso, en algunos juicios individuales se obtuvieron las únicas medidas cautelares del país favorables a la revisión del precio en un autoplan. Asimismo, UCU puso a disposición de particulares y abogados, un modelo de demanda por el cambio abusivo de precio en el caso de vehículos adjudicados.

Mientras tanto un número importante de ciudadanos indignados se agrupan y autoconvocan apoyándose en las redes sociales, con la esperanza de que las manifestaciones y escraches a los Tribunales y empresas pueden generar de parte de estar últimas algún tipo de respuesta conciliadora.

De lege ferenda, se han presentado algunos proyectos legislativos a nivel nacional que buscan paliar la situación, tanto de pedidos de información, como de regulación mediante parches o normativa de emergencia, y que apelan a las fórmulas conocidas de congelamientos de precios o refinanciamiento de deudas. No obstante hasta la fecha las sociedades de ahorro se mantienen firmes en su postura de que la operatoria es legal, y no dan ninguna señal de avenimiento a sus miles de clientes.

Por Exequiel Vergara
Director Delegación Córdoba de Usuarios y Consumidores Unidos