Primero, tenemos el grave problema de la falta de información.- Es que en un llamado telefónico resulta imposible que el vendedor informe todos los vemoles y detalles de la contratación, aún cuando existiere buena fe por parte del mismo.

No olvidemos que el contrato recién lo va a tener a mano el cliente cuando le manden la tarjeta a través del correo. En ese instante cuando recibe la tarjea, el personal del correo le hace firmar el instrumento. Resulta evidente que a través de esta modalidad  los consumidores no cuentan con el tiempo necesario para reflexionar y/o analizar las condiciones de contratación, encontrándose obligados a la firma de los contratos sin tener la posibilidad mínima de leer con detenimiento las cláusulas, analizar ventajas y desventajas.-

Esto situación empeora cuando estamos ante un vendedor que obra de mala fe, que con tal de venderle la tarjeta al cliente, le miente sobre las bondades del prodcuto, costos, etc.

Por ejemplo, en la asociación recibimos una denuncia contra una empresa porque el vendedor informó al consumidor que la tarjeta no generaría gasto de ningún tipo. Ahora desde el Banco pretenden cobrarle gastos de envio y gastos de emisión de tarjeta por la suma de pesos ciento treinta y cinco ($135).

Otro de los problemas que observamos es que en este tipo de contrataciones los operadores tampoco informan al cliente sobre el derecho de dejar sin efecto la contratación en un plazo de 10 días de haber efectuado la misma (art. 34 de la LDC), cuando es obligación legal hacerlo.  De esta forma impiden que el consumidor analice siquiera la posibiliad de dejar sin efecto la operación cuando justamente la ley busca todo lo contrario.

 En definitiva, volvemos a aconsejar a los usuarios que eviten esta forma de contratación.