El desenmascaramiento del perverso sistema de los autoplanes

Desde hace medio siglo que funciona en nuestro país una operatoria que a ciudadanos de otros países les resulta muy difícil de entender, porque el sistema resulta tan desventajoso para sus usuarios que cuesta explicar su éxito en relación a las ventas de automóviles en territorio nacional.

Un plan de autos por círculo cerrado, despojado de los bombos y platillos con los que se ofrece en la cartelería física y virtual, y de la agresiva verborragia de sus experimentados vendedores, consiste en un contrato por el cual una persona compra un auto a la fábrica, bajo una serie de condiciones que implican asumir el cien por ciento del riesgo de la operación.

Lo primero que se advierte es una inversión en la lógica de los negocios, ya que el consumidor adelanta sus ahorros para comprar un bien que todavía no está en el mercado, que ni siquiera existe y que no se le asegura que existirá. Es decir, la gente común le financia la producción al fabricante, y para que esto no sea tan evidente se recurre a la ficción de los “grupos de ahorristas” que supuestamente serían “socios” en esta aventura de adquirir un cero kilómetro.

Partiendo de esa lógica trastocada, y con las armas del marketing moderno, se presenta al público como una propuesta de “ahorro”, nuevamente partiendo de una idea bastante peculiar de que un auto puede considerarse una especie de inversión, cuando los conocimientos más básicos en economía nos enseñan que se trata de todo lo contrario.

De las necesidades de la industria automotriz nacional surgió un formidable negocio, que al día de la fecha sigue encontrando sus adherentes, pero que con cada nuevo desbarajuste en la relación peso-dólar muestra su verdadera cara. Crearon administradoras de fondos de sus clientes, pseudo mandatarias de los mismos, que en realidad no son más que títeres de la empresa fabricante, y por lo tanto sujetas a sus exclusivos intereses.

La empresa se asegura un contrato completamente leonino, aprobado por la Inspección General de Justicia (lo que no significa que no pueda cuestionarse judicialmente), que le posibilitará modificar a su antojo tanto el precio, como el modelo del producto final. El cliente debe pagar durante siete años, y si el dólar sube, el modelo cambia, los costos de producción varían, etc., etc., la cuota subirá. Por supuesto que en un país hiperinflacionario como el nuestro no se registra ningún caso en la historia de que la cuota haya disminuido su valor.

A un negocio que ya económicamente es desleal, se le suman costos abusivos como “derecho de suscripción”, “de adjudicación”, “gastos administrativos”, “gastos de cobranza” y demás, como si la empresa títere efectivamente le brindara al usuario un servicio real.

En definitiva es un contrato realizado exclusivamente en beneficio de la empresa, completamente contrario al sentido del ahorro, y que sólo puede tener éxito en las ventas gracias a la combinación de dos factores clave: ciudadanos con total carencia de educación financiera, y una publicidad agresiva, mentirosa e impune. El consumidor entrega sus ahorros por adelantado a cambio de la esperanza de un automóvil determinado, pero que termina siendo definido por la administradora, que le cobra gastos excesivos de toda naturaleza, pagando “al contado” un automóvil que al momento de la contratación no estaba fabricado. Por otro lado, si por cualquier avatar de la economía el deudor no pudiera abonar el total de la cuota, las consecuencias serán desastrosas, perdiendo parte importante, y en algunos casos hasta más de la totalidad del capital invertido. Un “círculo”, al que la adjetivación de vicioso le queda insuficiente.

Al punto de generarse cotidianamente situaciones insólitas en los que el consumidor quiere dar de baja un plan y, frente a la elocuencia de los vendedores (que según el contrato tipo todo lo que digan no forma parte del negocio) termina firmando nuevos planes adicionales en lugar de deshacerse del primero.

Todo ello sin considerar cuestiones adicionales como las prácticas abusivas en relación a los seguros, y respecto de las ejecuciones prendarias, que aunque los autos se venden en todo el país en muchos casos los remates se realizan con exclusividad en Buenos Aires.

Lamentablemente el sistema está consolidado, y difícilmente una acción judicial, ya sea individual o colectiva, podría atacar con éxito el punto que hoy más cuestionan los suscriptores: la cuota “móvil” (más bien cuota “ascendente”), es el corazón del plan de autos, y cuestionarla sería cuestionar el sistema en sus cimientos. Pero de esta crisis del sistema de planes de ahorro es preciso sacar una valiosa lección: la educación del consumidor, financiera y jurídica, es la clave para evitar a futuro gran parte de sus penurias actuales, y proteger su economía doméstica, tan vapuleada por la ineficacia política como por la voracidad de los grandes grupos económicos.

Contras de un plan de ahorro de automóviles:

  • Un auto es un bien de consumo, no de ahorro, por lo que el concepto de ahorro es falaz.
  • Contrato cien por ciento leonino.
  • Se viola al deber de información en la fase publicitaria, de celebración y de ejecución contractual.
  • No es un sistema de ahorro flexible, con subas de inflación se dificulta mantener el plan.
  • Prácticas abusivas por parte de las concesionarias, falta de regulación.
  • Falta de respuestas administrativas y judiciales a los reclamos más frecuentes.
  • El plan no genera rentabilidad mientras se mantiene y tiene un alto costo de liquidación.

Por Exequiel Vergara
Director Delegación Córdoba de Usuarios y Consumidores Unidos

La crisis de los planes de ahorro de autos

Actualmente existen diecisiete empresas autorizadas por la Inspección General de Justicia para administrar planes cuya característica es la de formar grupos cerrados para la adquisición de bienes predeterminados. La adjudicación está condicionada a salir beneficiado en un acto de sorteo, o haber hecho la mejor oferta en la licitación.

Entre las autorizadas, dieciséis tienen sede en Capital Federal, y menos de la mitad se encuentran activas, pero este puñado de empresas concentra la totalidad de las ventas, con una gran hegemonía por parte de FCA (Fiat) y Volkswagen (ambas “de ahorro para fines determinados”), tanto en las ventas como en cuanto a los reclamos de los usuarios, según se puede apreciar en las estadísticas de las autoridades de aplicación de la ley de defensa del consumidor, las asociaciones de consumidores, los distintos sitios webs de reclamos, en las manifestaciones públicas y las que tienen lugar a través de las redes sociales.

Según los datos de la Asociación de Concesionarias, aproximadamente uno de cada tres autos se vende en Argentina a través de esta modalidad, cuya finalidad teórica es el ahorro por parte del adquirente. Debido a las fluctuaciones económicas, a los componentes extranjeros que lleva un vehículo y a la falta de información clara en las cláusulas contractuales, entre fines del año pasado y comienzos del actual, el sistema ha comenzado a cuestionarse fuertemente por distintos actores sociales, y muchos suscriptores sienten que han sido engañados por las empresas, y simplemente no pueden pagar el valor actual de las cuotas móviles asumidas.

A fines de 2017 la asociación de consumidores Usuarios y Consumidores Unidos inició una mediación prejudicial en representación de todos los afectados, en contra de FCA (Fiat), CISA (Peugeot – Citroën), Toyota, Volkswagen y Chevrolet, reclamando la abusividad de muchas de las cláusulas contractuales que se repiten en los contratos de adhesión predispuestos a los suscriptores.

Pero es en 2018 cuando el problema se agrava por el abrupto despegue del dólar, y a los reclamos de abuso de posición dominante y cobros indebidos, se suman miles de reclamos canalizados en las defensorías del consumidor estatales y en las asociaciones de consumidores de todo el país.

La Secretaría de Defensa del Consumidor de la provincia de Salta avanzó en imputaciones contra las sociedades de ahorro y las concesionarias. La Dirección de Defensa del Consumidor cordobesa y su par a nivel municipal recibieron miles de denuncias, motivadas en gran parte por la imposibilidad de pago frente al aumento de valor de los automóviles, con lo que en algunos casos se comenzaron a acumular los reclamos de modo estratégico, para remitirlos a los organismos nacionales específicos que regulan la materia.

En cuanto a las  acciones colectivas propiamente dichas, a nivel judicial, se iniciaron en distintas circunscripciones judiciales, y  por distintos aspectos de la problemática. Tres de estas acciones padecieron rechazos in limine, ya sea por la falta de representación o la falta de especificación en la fundamentación jurídica de los casos. Entre fines del año pasado y comienzos del presente, se desestimaron las demandas colectivas iniciadas en Tucumán (una iniciada por el Defensor del Pueblo y otra por una ONG) y Río Cuarto (por una asociación).

Por su parte avanzan a paso firme las demandas colectivas ingresadas en la ciudad Córdoba por Usuarios y Consumidores Unidos, contra Volkswagen de Ahorro, por la demora en la entrega de los vehículos, y contra FCA, por vicios en la información respecto al modelo de caja manual de la camioneta Fiat Toro. En el marco de este último caso, en algunos juicios individuales se obtuvieron las únicas medidas cautelares del país favorables a la revisión del precio en un autoplan. Asimismo, UCU puso a disposición de particulares y abogados, un modelo de demanda por el cambio abusivo de precio en el caso de vehículos adjudicados.

Mientras tanto un número importante de ciudadanos indignados se agrupan y autoconvocan apoyándose en las redes sociales, con la esperanza de que las manifestaciones y escraches a los Tribunales y empresas pueden generar de parte de estar últimas algún tipo de respuesta conciliadora.

De lege ferenda, se han presentado algunos proyectos legislativos a nivel nacional que buscan paliar la situación, tanto de pedidos de información, como de regulación mediante parches o normativa de emergencia, y que apelan a las fórmulas conocidas de congelamientos de precios o refinanciamiento de deudas. No obstante hasta la fecha las sociedades de ahorro se mantienen firmes en su postura de que la operatoria es legal, y no dan ninguna señal de avenimiento a sus miles de clientes.

Por Exequiel Vergara
Director Delegación Córdoba de Usuarios y Consumidores Unidos

Robos en las playas de estacionamiento de supermercados e hipermercados Con motivo de las numerosas denuncias recibidas UCU constató el funcionamiento irregular del sistema de controles de ingreso de vehículos

Compartimos este video en el que constatamos que en el hipermercado Carrefour Argentina (INC SA) no entregan comprobantes de ingreso y egreso de los vehículos en sus playas de estacionamiento. Motiva el presente las numerosas denuncias por robo en las playas de supermercados argentinos. Compartí!

 

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Escuchar entrevista para Radio Mitre sobre el tema

Cambios en el régimen de publicidad Modificaciones a la información que deben contener los anuncios publicitarios que incluyen el precio de bienes, muebles o inmuebles, o servicios, por cualquier medio (gráfico, radial, televisivo, cinematográfico, internet, u otros) y la forma en que éstos deben ser exhibidos

“Promoción sin obligación de compra válida del 10 al 24 de diciembre hasta agotar stock de 10.000 unidades en sucursales de todo el país a excepción de las ubicadas en la provincia de Córdoba”. “Beneficio exclusivo para consumo familiar, no acumulable con otros descuentos ni con productos de Precios Cuidados”. “El reintegro será efectuado por el banco y podrá reflejarse hasta en tres resúmenes posteriores a la fecha de contratación”.

Textos de ese tipo son los que dejarán de figurar en las publicidades cuando entre en vigencia una resolución de la Secretaría de Comercio –la 915-E/2017– publicada este lunes en el Boletín Oficial. La norma comenzó a regir el jueves 18 de enero de 2018.

Según lo dispuesto, sigue siendo obligatorio para las empresas redactar y publicar esos extensos textos llenos de especificaciones. Pero ya no habrá obligación de que tengan un espacio en las piezas publicitarias gráficas ni de que sean pronunciadas -como sucede ahora, a toda velocidad– al final de los avisos audiovisuales.

La información legal obligatoria “relativa a las características esenciales de los bienes y servicios que se publicitan, así como también las condiciones de su comercialización, será proporcionada a los consumidores a través de una página web y/o una línea telefónica gratuita”, indica la flamante norma.

La resolución especifica que, si la empresa opta por mudar sus legales a una web, la publicidad deberá remitir al sitio incluyendo la frase: “Para más información consulte en…”.

Mientras, si el medio elegido es una línea 0-800, el aviso deberá decir: “Para más información comuníquese gratuitamente al teléfono…”. Y ese teléfono tendrá que atender a la gente “como mínimo” en los días y horas en los que la empresa ofrezca sus bienes y servicios.

“En ningún caso dichas frases podrán superponerse con otras, ni con música, ni otros sonidos que pudieran dificultar su escucha”, aclara el texto. Y ordena que la información legal dada por Internet o por teléfono “no podrá desnaturalizar el objeto o contenido de la publicidad”. Es decir, que queda prohibido negar en los legales lo que el aviso promete.

Por otra parte, aunque buena parte de la “letra chica” vaya a ser eliminada, ciertos datos deberán seguir apareciendo. Por ejemplo, el precio y el país de origen del bien o servicio. Y el costo financiero total (CFT) en los avisos que ofrezcan planes de cuotas.

“Cuando la financiación ofrecida corresponda a un sistema de ahorro previo deberá, además, exhibirse de tal manera que se identifique dicha circunstancia inequívocamente”, agregan.

En Comercio aseguraron que la medida busca “simplificar la información” de las publicidades, dando a los consumidores los datos necesarios pero a la vez “optimizando los recursos de los anunciantes y medios”.

“Hasta ahora, las piezas publicitarias tenían gran cantidad de información que ocupa tiempo y espacio físico. Pero en la radio, por ejemplo, a la velocidad que se escucha la letra chica, hoy la información no le resulta útil al consumidor“, planteó el titular del área, Miguel Braun.

“Con esta modificación -destacó-, se abre la posibilidad de que parte de la información se pueda publicar en la web, como el alcance geográfico de la promoción y las condiciones de la participación.”

“Es un pequeño retroceso. Se da un poco menos de información al consumidor con el pretexto de bajarles los costos a las empresas”, interpretó por su parte Adrián Bengolea, presidente de Usuarios y Consumidores Unidos (UCU).

Nuevas regulaciones para la Telefonía Móvil Se modificó el Reglamento de Clientes de Telefonía e Internet

Los principales cambios

  • Crédito más durable. Hoy las recargas vencen en 3 a 30 días. El plazo pasa a al menos 180 días.
  • Reclamos con constancia. De toda queja o gestión deberán enviar un detalle escrito.
  • Devoluciones con interés. Si cobraron de más, deben devolver la plata con un extra igual al del recargo por mora.
  • Cambio de plan bien informado. Tras aceptar una oferta, al cliente deben enviarle todas las condiciones por escrito.
  • Simulador de costos online. En la web de cada empresa, permitirá comparar sus planes.
  • Sin suscripciones sorpresa. No podrán cobrarse si no hubo un aceptación “expresa”.
  • Sin recargos por demora. Si la factura no llega 10 días antes del vencimiento, no pueden cobrar punitorios ni suspender la línea.
  • La mala calidad se paga. Habrá “compensación” si la firma no cumple con niveles mínimos.

Te invitamos a leer la nota de Clarín en la que se refleja la posición de UCU en esta nueva normativa: https://www.clarin.com/sociedad/celulares-credito-prepago-durara-meses-usuarios-nuevos-derechos_0_B1H1ezqIf.html

También podés escuchar la entrevista radial sobre el tema: https://youtu.be/W5HoEmzw0hk