El desenmascaramiento del perverso sistema de los autoplanes

Desde hace medio siglo que funciona en nuestro país una operatoria que a ciudadanos de otros países les resulta muy difícil de entender, porque el sistema resulta tan desventajoso para sus usuarios que cuesta explicar su éxito en relación a las ventas de automóviles en territorio nacional.

Un plan de autos por círculo cerrado, despojado de los bombos y platillos con los que se ofrece en la cartelería física y virtual, y de la agresiva verborragia de sus experimentados vendedores, consiste en un contrato por el cual una persona compra un auto a la fábrica, bajo una serie de condiciones que implican asumir el cien por ciento del riesgo de la operación.

Lo primero que se advierte es una inversión en la lógica de los negocios, ya que el consumidor adelanta sus ahorros para comprar un bien que todavía no está en el mercado, que ni siquiera existe y que no se le asegura que existirá. Es decir, la gente común le financia la producción al fabricante, y para que esto no sea tan evidente se recurre a la ficción de los “grupos de ahorristas” que supuestamente serían “socios” en esta aventura de adquirir un cero kilómetro.

Partiendo de esa lógica trastocada, y con las armas del marketing moderno, se presenta al público como una propuesta de “ahorro”, nuevamente partiendo de una idea bastante peculiar de que un auto puede considerarse una especie de inversión, cuando los conocimientos más básicos en economía nos enseñan que se trata de todo lo contrario.

De las necesidades de la industria automotriz nacional surgió un formidable negocio, que al día de la fecha sigue encontrando sus adherentes, pero que con cada nuevo desbarajuste en la relación peso-dólar muestra su verdadera cara. Crearon administradoras de fondos de sus clientes, pseudo mandatarias de los mismos, que en realidad no son más que títeres de la empresa fabricante, y por lo tanto sujetas a sus exclusivos intereses.

La empresa se asegura un contrato completamente leonino, aprobado por la Inspección General de Justicia (lo que no significa que no pueda cuestionarse judicialmente), que le posibilitará modificar a su antojo tanto el precio, como el modelo del producto final. El cliente debe pagar durante siete años, y si el dólar sube, el modelo cambia, los costos de producción varían, etc., etc., la cuota subirá. Por supuesto que en un país hiperinflacionario como el nuestro no se registra ningún caso en la historia de que la cuota haya disminuido su valor.

A un negocio que ya económicamente es desleal, se le suman costos abusivos como “derecho de suscripción”, “de adjudicación”, “gastos administrativos”, “gastos de cobranza” y demás, como si la empresa títere efectivamente le brindara al usuario un servicio real.

En definitiva es un contrato realizado exclusivamente en beneficio de la empresa, completamente contrario al sentido del ahorro, y que sólo puede tener éxito en las ventas gracias a la combinación de dos factores clave: ciudadanos con total carencia de educación financiera, y una publicidad agresiva, mentirosa e impune. El consumidor entrega sus ahorros por adelantado a cambio de la esperanza de un automóvil determinado, pero que termina siendo definido por la administradora, que le cobra gastos excesivos de toda naturaleza, pagando “al contado” un automóvil que al momento de la contratación no estaba fabricado. Por otro lado, si por cualquier avatar de la economía el deudor no pudiera abonar el total de la cuota, las consecuencias serán desastrosas, perdiendo parte importante, y en algunos casos hasta más de la totalidad del capital invertido. Un “círculo”, al que la adjetivación de vicioso le queda insuficiente.

Al punto de generarse cotidianamente situaciones insólitas en los que el consumidor quiere dar de baja un plan y, frente a la elocuencia de los vendedores (que según el contrato tipo todo lo que digan no forma parte del negocio) termina firmando nuevos planes adicionales en lugar de deshacerse del primero.

Todo ello sin considerar cuestiones adicionales como las prácticas abusivas en relación a los seguros, y respecto de las ejecuciones prendarias, que aunque los autos se venden en todo el país en muchos casos los remates se realizan con exclusividad en Buenos Aires.

Lamentablemente el sistema está consolidado, y difícilmente una acción judicial, ya sea individual o colectiva, podría atacar con éxito el punto que hoy más cuestionan los suscriptores: la cuota “móvil” (más bien cuota “ascendente”), es el corazón del plan de autos, y cuestionarla sería cuestionar el sistema en sus cimientos. Pero de esta crisis del sistema de planes de ahorro es preciso sacar una valiosa lección: la educación del consumidor, financiera y jurídica, es la clave para evitar a futuro gran parte de sus penurias actuales, y proteger su economía doméstica, tan vapuleada por la ineficacia política como por la voracidad de los grandes grupos económicos.

Contras de un plan de ahorro de automóviles:

  • Un auto es un bien de consumo, no de ahorro, por lo que el concepto de ahorro es falaz.
  • Contrato cien por ciento leonino.
  • Se viola al deber de información en la fase publicitaria, de celebración y de ejecución contractual.
  • No es un sistema de ahorro flexible, con subas de inflación se dificulta mantener el plan.
  • Prácticas abusivas por parte de las concesionarias, falta de regulación.
  • Falta de respuestas administrativas y judiciales a los reclamos más frecuentes.
  • El plan no genera rentabilidad mientras se mantiene y tiene un alto costo de liquidación.

Por Exequiel Vergara
Director Delegación Córdoba de Usuarios y Consumidores Unidos

La crisis de los planes de ahorro de autos

Actualmente existen diecisiete empresas autorizadas por la Inspección General de Justicia para administrar planes cuya característica es la de formar grupos cerrados para la adquisición de bienes predeterminados. La adjudicación está condicionada a salir beneficiado en un acto de sorteo, o haber hecho la mejor oferta en la licitación.

Entre las autorizadas, dieciséis tienen sede en Capital Federal, y menos de la mitad se encuentran activas, pero este puñado de empresas concentra la totalidad de las ventas, con una gran hegemonía por parte de FCA (Fiat) y Volkswagen (ambas “de ahorro para fines determinados”), tanto en las ventas como en cuanto a los reclamos de los usuarios, según se puede apreciar en las estadísticas de las autoridades de aplicación de la ley de defensa del consumidor, las asociaciones de consumidores, los distintos sitios webs de reclamos, en las manifestaciones públicas y las que tienen lugar a través de las redes sociales.

Según los datos de la Asociación de Concesionarias, aproximadamente uno de cada tres autos se vende en Argentina a través de esta modalidad, cuya finalidad teórica es el ahorro por parte del adquirente. Debido a las fluctuaciones económicas, a los componentes extranjeros que lleva un vehículo y a la falta de información clara en las cláusulas contractuales, entre fines del año pasado y comienzos del actual, el sistema ha comenzado a cuestionarse fuertemente por distintos actores sociales, y muchos suscriptores sienten que han sido engañados por las empresas, y simplemente no pueden pagar el valor actual de las cuotas móviles asumidas.

A fines de 2017 la asociación de consumidores Usuarios y Consumidores Unidos inició una mediación prejudicial en representación de todos los afectados, en contra de FCA (Fiat), CISA (Peugeot – Citroën), Toyota, Volkswagen y Chevrolet, reclamando la abusividad de muchas de las cláusulas contractuales que se repiten en los contratos de adhesión predispuestos a los suscriptores.

Pero es en 2018 cuando el problema se agrava por el abrupto despegue del dólar, y a los reclamos de abuso de posición dominante y cobros indebidos, se suman miles de reclamos canalizados en las defensorías del consumidor estatales y en las asociaciones de consumidores de todo el país.

La Secretaría de Defensa del Consumidor de la provincia de Salta avanzó en imputaciones contra las sociedades de ahorro y las concesionarias. La Dirección de Defensa del Consumidor cordobesa y su par a nivel municipal recibieron miles de denuncias, motivadas en gran parte por la imposibilidad de pago frente al aumento de valor de los automóviles, con lo que en algunos casos se comenzaron a acumular los reclamos de modo estratégico, para remitirlos a los organismos nacionales específicos que regulan la materia.

En cuanto a las  acciones colectivas propiamente dichas, a nivel judicial, se iniciaron en distintas circunscripciones judiciales, y  por distintos aspectos de la problemática. Tres de estas acciones padecieron rechazos in limine, ya sea por la falta de representación o la falta de especificación en la fundamentación jurídica de los casos. Entre fines del año pasado y comienzos del presente, se desestimaron las demandas colectivas iniciadas en Tucumán (una iniciada por el Defensor del Pueblo y otra por una ONG) y Río Cuarto (por una asociación).

Por su parte avanzan a paso firme las demandas colectivas ingresadas en la ciudad Córdoba por Usuarios y Consumidores Unidos, contra Volkswagen de Ahorro, por la demora en la entrega de los vehículos, y contra FCA, por vicios en la información respecto al modelo de caja manual de la camioneta Fiat Toro. En el marco de este último caso, en algunos juicios individuales se obtuvieron las únicas medidas cautelares del país favorables a la revisión del precio en un autoplan. Asimismo, UCU puso a disposición de particulares y abogados, un modelo de demanda por el cambio abusivo de precio en el caso de vehículos adjudicados.

Mientras tanto un número importante de ciudadanos indignados se agrupan y autoconvocan apoyándose en las redes sociales, con la esperanza de que las manifestaciones y escraches a los Tribunales y empresas pueden generar de parte de estar últimas algún tipo de respuesta conciliadora.

De lege ferenda, se han presentado algunos proyectos legislativos a nivel nacional que buscan paliar la situación, tanto de pedidos de información, como de regulación mediante parches o normativa de emergencia, y que apelan a las fórmulas conocidas de congelamientos de precios o refinanciamiento de deudas. No obstante hasta la fecha las sociedades de ahorro se mantienen firmes en su postura de que la operatoria es legal, y no dan ninguna señal de avenimiento a sus miles de clientes.

Por Exequiel Vergara
Director Delegación Córdoba de Usuarios y Consumidores Unidos

Plan de ahorro automotor retrasó el pago. Ahora deberá indemnizar al consumidor

Destacado

El Tribunal de Apelaciones de Mercedes obligó a pagar la suma adeudadas con intereses a tasa activa, más $ 10.000 en concepto de daño moral y $ 15.000 a un ahorrista que se retiró del plan.

En el caso en cuestión el poder judicial tuvo que resolver acerca de la justificación de Autoahorro Volkswagen para no abonar la liquidación en tiempo y forma.

La empresa sostuvo que al momento de finalizar el plan la empresa de autoahorro envió una carta documento al ahorrista a fin de que cumpliera con determinados requisitos para que pudiera cobrar los fondos ahorrados. La empresa sostuvo que el consumidor no había cumplido los requisitos.

Sin embargo, quedó acreditado en el juicio que el consumidor cumplió con las exigencias, enviando los datos pedidos mediante comunicación dirigida a un domicilio comercial de la empresa distinto al legal  (la nota fue recibida).

Ahora, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones de Mercedes condenó a Volkswagen S.A. de Ahorro por retener en forma ilegítima el dinero que le correspondía al ahorrista a abonarla dicha suma más intereses a tasa activa Banco Nación. Además condenó a abonar la suma de $ 10.000 en concepto de daño moral más $ 15.000 por daño punitivo (o multa civil) (causa “Dinardi Sergio Alberto c/ Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados s/cumplimiento de contratos civiles/comerciales” del 18.12.2018). Se acompaña link.

El fallo rechazó el argumento del autoplan porque la misma empresa había generado la confusión acerca del domicilio y por tanto, que el consumidor había perfectamente cumplido con la notificación.

Por otro lado, el poder judicial agregó que la empresa pudo haber puesto a disposición el dinero en el marco de la audiencia de mediación (previo al juicio), no habiéndose acreditado que ello haya sucedido.

Por tanto, para la justicia quedó acreditado que la empresa no solo dió lugar al problema de la comunicación entre partes, sino que retuvo ilegítimamente el dinero que le correspondía al ahorrista y que correspondía pagarlo con intereses a tasa activa Banco Nación (estaban pactados) más daño moral y punitivo.

Para justificar la procedencia del rubro daño moral sostuvo -citando jurisprudencia- que la aplicación restrictiva del daño moral en materia contractual conforme a la doctrina tradicional de la S.C.B.A. “ha sido morigerada en los últimos tiempos cuando se trata de relaciones de consumo, y así se ha entendido que se debe aplicar un criterio flexible, ya que están en juego los derechos del consumidor, objeto de especial tutela en nuestro régimen constitucional”. Esta interpretación es favorable al consumidor que muchas veces se encuentra en condiciones muy complicadas para probar el daño moral en estos casos.

Respecto a la procedencia del daño punitivo sostuvo que “la demandada actuó con grave indiferencia a los intereses del consumidor al no especificar con claridad en el contrato de adhesión de qué forma y a qué domicilio debía dirigirse para obtener el rescate de las sumas abonadas. Es decir, actuó con culpa grave, incumpliendo el deber de información exigido por el art. 4 de la LDC.”

El fallo -no lo dice expresamente- parece reconocer implícitamente que el monto del daño punitivo ($ 15.000) podría haber sido mayor, pero que en el caso no se había producido prueba: “que lleve a pensar que la forma en que procedió la demandada en el caso es su “modus operandi” habitual destinado a lucrar desmedidamente con sus clientes”.

Enseñanzas que deja el fallo para el consumidor en similares situaciones:

  • Intimaciones previas:
    • La carta documento es la mejor forma de comunicarnos formalmente con las empresas.
    • Para evitar problemas, la carta documento debe enviarse al domicilio legal de la empresa (lo podés averiguar entrando al sitio de la AFIP).
    • Siempre contar con la intervención de un abogado a la hora de su confección.
  • En el juicio:
    • Intentar probar siempre que la práctica de la empresa es repetitiva (más posibilidades de una mayor indemnización por daños punitivos).

“Si los consumidores no pagan más, el sistema se cae y les deben devolver el dinero” Entrevista con Adrián Bengolea sobre el enorme problema con los aumentos en los planes de ahorro.

¿Qué está pasando con los planes de ahorro para la adquisición de autos?

Estamos recibiendo denuncias de ahorristas de planes de ahorro de todo el país. Básicamente se quejan, con absoluta razón, del aumento de los valores de los autos que están pagando a través del sistema de ahorro a la vez que ven cómo los autos de mayor gama aparecen en el mercado con importantes descuentos.

 

¿Cuál es la causa de esto?

Básicamente en el año sucedieron dos cosas. El aumento en el valor de los autos por la disparada del dólar y a su vez la caída estrepitosa de las ventas por ese mismo aumento.

Eso provocó que las terminales automotrices efectúen importantes descuentos para que no se caigan las ventas, pero dichos descuentos no se trasladaron a los valores de los modelos de planes de ahorro.

Esto provoca una discriminación indignante en los ahorristas que se ven engañados por el sistema.

Sostenemos que no puede existir esta distinción y si las terminales automotrices realizan bonificaciones, estas deben aplicarse a los precios de los planes de ahorro. Aquí radica el meollo de la cuestión.

 

¿Es fácil probar esta discriminación de precios?

No es sencillo. Porque la lista de bonificaciones que envían las terminales a sus redes de concesionarios no está disponible para la gente (y difícilmente las compartan a ). Para el éxito de cualquier planteo jurídico es fundamental hacerse de dicha información.

Sin perjuicio de ello, con solo probar los precios que las concesionarias están ofreciendo se puede presumir que gran parte de esas bonificaciones corresponden a las terminales. Lo que desconocemos en forma fehaciente es qué porcentaje corresponde a las bonificaciones efectuadas por la terminal y qué porcentaje corresponde a descuentos efectuados por la propia concesionaria.

 

¿Cómo hacerse entonces de esa información?

Se podría efectuar intimaciones a las terminales y/o concesionarias, y en caso de silencio, requerilas judicialmente a un juez como medida previa. Estamos trabajando en una demanda con medida previa para conseguir esa información. Cuando la finalicemos subiremos el modelo a la web.

 

¿Qué deficiencias tiene el sistema de plan de ahorros?

Este problema ha demostrado que el sistema de plan de ahorro para adquisición de automotor debe ser reformado inmediatamente. Está organizado solo en interés de las empresas automotrices olvidando completamente a los ahorristas.

Esto viene siendo denunciado desde los años 80. Nada ha cambiado hasta ahora. Creo que esta crisis del sistema debe ser una oportunidad para hacer una reforma seria.

Resulta inaceptable que el administrador del dinero de los ahorristas sea del mismo grupo empresario de la terminal. Entonces ¿a quién le va a cuidar los intereses? ¿a los ahorristas o a la terminal automotriz? 

El Código civil y Comercial cuando regula el contrato de mandato prohíbe expresamente esto.

Lamentablemente la regulación especial de los planes de ahorro, omite toda referencia a estas reglas elementales del mandato. Entonces las empresas aducen que a ellos las reglas del mandato del código civiles no se les aplica y que solo las regula el microsistema regulado por la IGJ.

Esto es una constante en nuestro país. Lo mismo hacen las compañías de seguro, los bancos, etc. Siempre sostienen que ellos son regulados por disposiciones resoluciones, regulaciones especiales (donde tienen más poder de lobby en su confección) y que el código civil y comercial no se les aplica al caso.

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¿Hay peligro de que el sistema colapse por falta de pago?

Sin dudas. Esto lo saben muy bien las empresas. Si la mayoría de los ahorristas dejan de pagar, el sistema se cae, con una ventaja para ellos: recuperan el dinero con rapidez sin necesidad de esperar años.

El problema es que cada consumidor no sabe que va a hacer el resto. Acá debería estar regulado un mecanismo de votación y/o consulta a los ahorristas para que puedan tomar decisiones coordinadas.

Nada de eso existe en la regulación actual. Los ahorristas están aislados y atados a las decisiones de los administradores de los planes, quienes manejan los fondos en interés del grupo económico del que forman parte.

Ahora, si los consumidores se ponen de acuerdo para no pagar más, el sistema colapsa, sin dudas. Por eso no entendemos por parte de los actores del sistema la inflexibilidad que han mostrado hasta ahora.

 

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¿Han tenido conversaciones con las empresas?

Solo con FCA. Tuvimos una reunión en donde se nos comunicó su plan de establecer diferimientos de cuotas pero donde rechazaron nuestra solicitud de hacer descuentos en los precios de lista de los modelos de ahorro.

También teníamos una reunión pendiente con todos los actores (IGJ, terminales, administradoras de planes, sec. de comercio, sec. de Industria) y tres asociaciones de defensa del consumidor (entre ellas, UCU). La reunión se postergó indefinidamente y nunca más nos volvieron a convocar.

Hoy los consumidores no tienen representantes sentados en una mesa para solucionar el problema entre todos. Es lamentable. El dinero es de la gente y no hay ninguna representación de ellos en la discusión.

 

¿Cómo dar de baja el contrato?

El que quiera dar de baja el contrato, solo tiene que enviar una carta documento al administrador. De esta forma se evitar una multa mayor. En la página de UCU hemos subido una nota modelo para facilitar las cosas al ahorrista para ejercer su derecho.

 

Con respecto a los que tienen el auto, ¿que tienen que hacer?

En estos casos, los adjudicados que dejen de pagar sufrirán la ejecución de la prenda que garantiza el pago del crédito. Desde UCU, aconsejamos a este grupo de afectados que no pueden seguir pagando, acudir a un profesional para iniciar una demanda judicial individual.

El abogado debería pedir una medida cautelar que le permita al afectado seguir pagando una cuota razonable mientras se discute la legalidad de los aumentos dispuestos por las automotrices. Lamentablemente esta vía depende de la habilidad de cada abogado y de la respuesta judicial que se le otorgue a cada consumidores.  En fin, lejos de ser la solución ideal.

Insistimos hasta el cansancio, la solución tiene que ser general y beneficiar a todos los ahorristas, tanto los que tienen la unidad como aquellos que están ahorrando. Nosotros desde UCU siempre estaremos dispuestos a sentarnos y ayudar a buscar una solución integral.

 

Planes de ahorro: ¿qué pasa si los ahorristas dejan de pagar masivamente?

El problema de los aumentos de precios en los planes de ahorro está lejos de solucionarse. Desde UCU seguimos recibiendo quejas de distintos puntos del país mientras que no llegan soluciones definitivas por parte de las empresas automotrices.

Es evidente que hay una enorme distorsión discriminatoria entre los precios de lista que están pagando los ahorristas frente a los precios con bonificaciones que día a día se observan “en la calle”. Sostenemos que no puede existir esta distinción y si las terminales automotrices realizan bonificaciones, estas deben aplicarse a los precios de los planes de ahorro.

En UCU seguimos estudiando al asunto, recibiendo boletas, analizando y comparando precios, buscando parámetros objetivos; toda una descomunal tarea que nos está demandando mucho tiempo pero que nos permitirá contar con más herramientas para hacer un reclamo serio. El objetivo es confeccionar un modelo de demanda judicial individual que esperamos tenerlo listo a la brevedad. De esta forma facilitaremos el acceso a la justicia de los damnificados.

¿Qué respuestas han dados las automotrices?

La única empresa que ha intentado ofrecer “algo” a los ahorristas fue Fiat quien comunicó la posibilidad de diferir las cuotas al final del plan. Las demás empresas todavía no han circulado ninguna información oficial al respecto. 

Tampoco la Inspección General de Justicia emitió ninguna resolución que traiga un poco de alivio a los ahorristas, tal como sucedió en la devaluación del año 2002.

Los ahorristas necesitan una solución inmediata y general AHORA.

¿Qué sucede si los ahorristas dejan de pagar masivamente?

Esta situación está prevista en los contratos de ahorro y es conocida como “liquidación anticipada de grupo”.

Al no existir la suficiente cantidad de dinero para efectuar la compra de una unidad en forma mensual, el grupo pierde la finalidad por la que fue constituido y por tanto debe liquidarse anticipadamente. 

Esto significa que los ahorristas tienen derecho de recuperar su dinero sin necesidad de esperar la finalización del plan (como sucede en el común de los casos). 

A los que quieran darse de baja, recomendamos usar este modelo de nota.

¿Cuál es la situación de los ahorristas que ya tiene el auto en su poder?

Acá la situación es muy distinta. Los adjudicados que dejen de pagar sufrirán la ejecución de la prenda que garantiza el pago del crédito.

Si bien es cierto que distintas organizaciones han iniciado acciones colectivas en distintos puntos del país, hasta ahora no hay ninguna medida judicial que haya solucionado la difícil situación de este grupo de afectados.

Es por ello que desde UCU aconsejamos a este grupo de afectados rápidamente acudir a un profesional del derecho para iniciar una demanda judicial individual. En dicha acción, deberá el abogado pedir una medida cautelar que le permita al afectado seguir pagando una cuota razonable mientras se discute la legalidad de los aumentos dispuestos por las automotrices.

Si fuiste afectado, te pedimos completes esta encuesta nacional.

Seguiremos informando las novedades sobre este asunto a través de nuestra web.