Conocé el “secreto” hackeo sufrido por Telecom Personal en perjuicio de sus clientes.

Telecom Personal reconoció que su sistema informático fue hackeado en perjuicio de miles de clientes de la empresa, a quienes los suscribieron a servicios de sms premium (con costo) sin su consentimiento.

La alteración de los sistemas informáticos sucedió a mediados del año 2018 y provocó que cientos o miles de clientes fueran afectadas por altas de servicios de sms premium que luego fueron debitados de sus créditos (prepagos) y/o facturas (postpagos).

En el marco de la causa penal UFI nº3 ipp 7755-18 del Departamento Judicial de San Nicolás, acudió a Fiscalía el Sr. Pablo Leonardo Nuñez, gerente del área “Store” quien reconoció que cientos o miles de usuarios habían sido afectados por un hackeo.

“…ciertas agencias de publicidad, mediante la venta de espacios
publiciatarios en aplicaciones, emulaban la verificación de la
petición de suscripción, siendo para la plataforma de Telecom una
suscripción válida” – Afirmó Nuñez.

Cantidad de afectados. Nuñez afirmó también que Telecom Personal monitorea la evolución de las suscripciones y que se detectó la vulneración de su sistema informáticos “a partir de un comportamiento no habitual de altas a distintas suscripciones…”. Esto significa que durante un período de tiempo determinado los operadores de la empresa observaron una alta significativa de altas de servicios sms premium que no se condice con los promedios habituales de este tipo de “contrataciones”.

Esta circunstancia hace presumir que estamos ante un ataque informático que afectó a muchísimos clientes.

Imposibilidad de identificar a los afectados. Por otro lado, el gerente reconoció otra circunstancia gravísima: Telecom no tiene la posibilidad de identificar a los clientes que fueron afectados por este “incidente”.

O sea que aún sabiendo la existencia de una adulteración de sus sistemas informáticos reconoció carecer la posibilidad técnica de identificar a los afectados y restituirle el dinero cobrado de más.

Afectación a clientes de líneas prepagas. Otro reconocimiento de gravedad de toda esta situación tiene que ver con la afirmación de Nuñez de que el incidente afectó también el crédito de líneas prepagas como postpagas.

Como sabrá el lector lo clientes de líneas prepagas no reciben factura. Esto hace que sea un grupo mucho más vulnerable que los clientes postpagos que al final del mes pueden observar si se les está cobrando algún servicio no contratado.

La posibilidad de estos clientes puedan advertir que están siendo víctimas de un fraude, resultan mucho más remotas. Posiblemente existan cientos o miles de afectados sin que sepan que están siendo víctimas de este fraude, no pudiendo empresa Telecom Personal identificarlos para protegerlos del ataque, y reintegrarles todo el crédito perdido.

Complicidad de Telecom Personal en la maniobra. Preguntado si Telecom les pidió a los proveedores que informe sobre la identidad de las agencias publicitarias responsables del “hackeo” (emulación), el responsable respondió que “esto no se solicita”.

O sea, existiendo una clara intrusión en sus sistemas informáticos que causó -o está causando- daños a cientos o miles de afectados Telecom Personal ni siquiera indagó acerca de la supuesta agencia de publicidad responsable del hackeo ni mucho menos realizó denuncia penal. Lo único que hizo es suspender a sus proveedores “Bennu” y “Plus Mobile” por tres meses.

Esto se condice con la política que ha tenido la empresa desde un principio y que fuera denunciada por UCU en varias oportunidades.


La investigación penal a cargo de la Dra. Belén Baños. La investigación penal se inició por la denuncia de nuestro Director Adrián Bengolea, quien fue víctima de una imposición de sms premium en la facturas de mayo y junio del año 2018.

En el marco de dicha causa la Fiscal citó a representantes de la empresa Telecom Personal para que dieran cuenta del proceso técnico que hubo de suceder para que se efectuaran las altas de las suscripciones impugnadas el afectado.

En ese marco Nuñez efectuó este importante reconocimiento que, de no ser por UCU, JAMAS TE HUBIERAS ENTERADO.

¿Nos ayudás a divulgarlo?

Condenan a Telecom Personal a pagar $ 200 mil a un cordobés por sobrefacturar el servicio

La empresa Telecom Personal deberá pagar 200 mil pesos a un cliente cordobés por los daños que sufrió como consecuencia de una incorrecta facturación en el servicio de telefonía móvil.

La decisión corrió por cuenta de la Cámara en lo Civil y Comercial de 8 Nominación de la ciudad de Córdoba, en consonancia con el dictamen que había hecho el fiscal de Cámaras, Francisco Junyent Bas.

 

Luego de acudir a la vía administrativa, el cliente, de apellido Arrigoni, inició una acción en la justicia civil para solicitar una reparación en concepto de daños.

 

En su intervención, Junyent Bas destacó que además del exceso de facturación en que incurrió Telecom, la firma infringió el deber de información que impone la Ley Nacional 24.240 (Defensa del Consumidor), porque no suministró los datos requeridos por el cliente en cuanto a minutos de su plan, excedentes y llamadas.

 

A raíz de ello, el actor sufrió “una aflicción espiritual” que impactó en su condición personal debido a los incesantes reclamos que se vio obligado a realizar ante la falta de respuesta de la empresa demandada, la necesidad de concurrir a la sede administrativa para el reconocimiento de sus derechos y, por último, la tramitación de un proceso judicial, según difundió el Ministerio Público Fiscal.

 

En cuanto al monto que correspondía por daño punitivo, el fiscal de Cámaras sostuvo que los jueces son renuentes a aplicar esta sanción o, de lo contrario, condenan a sumas ínfimas que no son suficientes para que las empresas generen un cambio de conducta.

 

Por eso, pidió que la empresa fuera condenada a pagar 200 mil pesos y no 50 mil como había impuesto el tribunal inferior.

 

Según indicó el fiscal, de esa forma se persigue que las empresas no “calculen” sus beneficios económicos con los incumplimientos contractuales sino que respeten los derechos de consumidores y usuarios y cumplan sus obligaciones.

 

La Justicia suspendió los aumentos de luz en la provincia de Buenos Aires

La Justicia Contencioso Administrativa de La Plata suspendió este martes el aumento de las tarifas de cuatro de las empresas distribuidoras de energía eléctrica que prestan el servicio en la provincia de Buenos Aires, que no incluyen a las del área metropolitana Edenor y Edesur, que prestan servicio a los partidos del Gran Buenos Aires.

La medida fue dictada por el juez Luis Federico Arias al hacer lugar a una demanda del colectivo Acción en la Subalternidad contra una resolución del gobierno de María Eugenia Vidal, que aumentó las tarifas eléctricas entre un 100 y un 215 por ciento. La ONG había sostenido que ese incremento tarifario “nunca fue debatido en audiencias públicas“.

En consecuencia, el magistrado ordenó un recálculo de los cuadros tarifarios a las empresasEdelap (Empresa Distribuidora de Energía La Plata S.A.), Edesa (Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A.), Edeasa (Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A.) y Eden S.A.(Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A.).

“Las citadas empresas deberán emitir nuevas facturas con sujeción a lo dispuesto en el presente despacho cautelar”, sostuvo Arias en su resolución.

Detalles de la resolución

El magistrado ordenó dejar sin efecto “la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios para la distribución del servicio público de energía, autorizados mediante Resolución N° 22 del Ministerio de Infraestructura y Servicios públicos de la Provincia”.

Además, solicitó que “se ordene a las empresas demandadas abstenerse de aplicar la nueva tarifa a los usuarios del servicio público, efectuar una nueva liquidación y emitir nuevas facturas o, para el caso en que la nueva facturación no fuera emitida antes de los sucesivos y periódicos vencimientos, que la empresa admita el pago del servicio según el cuadro tarifario vigente con anterioridad al incremento establecido, sin que ello implique la alteración o interrupción del servicio”.

Según el magistrado, la resolución oficial “vulnera el principio de participación ciudadana en los términos del artículo 42 de la Constitución Nacional, es decir, se traduce en una manifiestalesión a derechos de incidencia colectiva de carácter individual homogéneo, al cercenar la posibilidad de que los individuos que conforman la sociedad se expresen e interpongan impugnaciones previas al aumento tarifario del servicio público, el cual resulta superior al 100%“.

De esa manera, advirtió que “los usuarios se ven forzados a pagar en forma desproporcionada una tarifa de la que no han tenido, como ciudadanos consumidores, posibilidad de ser escuchados, conduciendo a un perjuicio económico desproporcionado e injustificado para todos los ciudadanos de la provincia”.

Revuelo judicial

Las subas en las tarifas son resistidas por vías judiciales en numerosas distritos a lo largo del país. Hubo amparos en provincias del Sur y también en Mendoza De manera paralela, abundan las quejas de vecinos, que se reflejan en distintas manifestaciones.

La semana pasada, la Justicia federal de San Martín se pronunció en contra de los aumentos, en lo que significó la primera medida cautelar de ese fuero. “Las facturas tienen aumento muy desproporcionado e intempestivo”, afirmó la jueza federal Martina Isabel Forns.

Suspenden el cobro de los impuestos provinciales a la Luz Eléctrica (Provincia de Buenos Aires)

Una gran noticia para los consumidores. A partir del 23 de mayo de 2016, por disposición de la Justicia Contenciosa de la ciudad de Pergamino, la Provincia no podrá cargar más a las facturas de luz eléctrica los impuestos creados por los decretos leyes Ley N°7290/67 y del Decreto Ley N°9038/78.

 

En el marco de la causa “LLAN DE ROSOS RAMIRO JUAN Y OTROS C/PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECON. DE DERECHOS”, el Juzgado Contencioso Administrativo ordenó con fecha 23 de mayo de 2016 “hacer extensivo el alcance de la medida cautelar dispuesta en esta causa a todos los usuarios del servicio eléctrico de la Provincia de Buenos Aires alcanzados –a través del pago del suministro de energía eléctrica- como contribuyentes de los tributos que surgen del Decreto Ley N°7290/67 y del Decreto Ley N°9038/78, y en consecuencia, disponer cautelarmente que el Fisco de la Provincia de Buenos Aires se abstenga de percibir –por sí o por terceros- el cobro de dichos tributos (y toda norma complementaria de dicho plexo normativo) respecto a dicho colectivo de usuarios, ni exigir a los agentes de retención correspondiente la transferencia del importe equivalente a las sumas no percibidas por dichos conceptos, a partir de los consumos del suministro eléctrico…”.

 

Otro de los puntos destacables del fallo de primera instancia es cuando afirma que “…si bien es cierto que el Fisco de la Provincia de Buenos Aires se encontraría en condiciones de reintegrar en el futuro los importes abonados por los accionantes – en el caso que su postura fuese aceptada en sede judicial-, no debe soslayarse que el tiempo que insumiría el trámite de repetición, resultarían –en principio- de difícil reparación ulterior, con el consiguiente dispendio jurisdiccional”. Es decir, la Justicia no cayó en la reiterada idea de que el Estado es siempre solvente (y que por tanto podría en un futuro devolver el dinero cobrado), sino que izo una análisis realista de la cuestión y puso a jugar el tiempo que insumiría ese trámite así como el dispendio jurisdiccional que ello acarrearía.

Desde UCU damos la bienvenida a la decisión judicial que en definitiva no ha hecho otra cosa que cumplir con las normas constitucionales vigentes. Solo falta que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires cumpla con esta deuda eterna y proceda directamente a derogar los “malditos” impuestos.

 

Hace tiempo desde UCU venimos sosteniendo la necesidad de que el Estado Provincial cese con el cobro de estos ilegítimos impuestos que vienen impactando en forma muy importante en las suma que tienen que pagar los usuarios del servicio de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires (15,5%), máxime teniendo en cuenta el importante aumento decretado en el tarifa de luz eléctrica.

 

De hecho nuestra asociación hace varios años atrás inició acción colectiva contra la Provincia por este asunto, solicitando a la Corte Provincial que ordene a la provincia disponer de los destinos específicos (enlace). Hoy la causa se encuentra lista para el dictado de sentencia.

 

Link para acceder al fallo: enlace

 

Para una mayor información jurídica al respecto: enlace

 

Dejan de cobrar un cargo que beneficiaba a Santa Cruz (y afectaba sin causa a usuarios)

Santa Cruz no las tiene todas consigo. A partir de hoy, aquel beneficio que tenía la provincia mediante todos los habitantes del país pagaban un pequeño porcentaje de la factura de luz para interconectar el territorio a la reda nacional ya no se cobrará más.

Según el decreto 695 publicado hoy, el cargo ya no estará más incluido en las facturas de electricidad que pagan los usuarios. “Déjase sin efecto, a partir de las facturaciones que incluyan fechas de lectura de medidores posteriores a la entrada en vigencia del presente decreto, el recargo del seis por mil (6?) establecido por el Artículo 1° de la ley número 23.681”, dice el artículo uno de la norma.

 

La ley 23.681, promulgada en 1989 cuando Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz, estableció un sistema de recaudación universal para fondear un fideicomiso destinado financiar las obras para que la provincia se enganche a la llamada Red Federal de Interconección Eléctrica. El motivo era simple. Como la generación en la provincia era más cara, debido a que no llegaban los cables de alta tensión que distribuían la energía, se colectaba dinero entre los usuarios del sistema federal y se financiaba la generación en el Sur.

 

El régimen, casi imperceptiblemente, estuvo vigente hasta hoy y formó parte de uno de los conceptos que se incluyen en todas las tarifas de electricidad. La condición para mantenerlo era que Río Gallegos se conecte al sistema.

 

Según los considerandos de la norma, dentro del marco del Plan Federal de Quinientos Kilovoltios se han construido y puesto en operación comercial las interconexiones Choele Choel – Puerto Madryn; Puerto Madryn – Santa Cruz Norte y de allí a Esperanza. Desde este lugar se desarrolló un enlace en de 220 kV a Río Gallegos, así como los enlaces complementarios desde Estación Transformadora Esperanza y las El Calafate y Río Turbio.

 

Pese a la claridad de la ley de 1989, la condición de la interconección de Río Gallegos se cumplió el 13 de septiembre de 2013 pero el cargo siguió en las facturas.

Hoy el ministro de Energía, Juan José Aranguren, dio por tierra ese beneficio.