Campaña UCU: Conocé los derechos de los usuarios de servicios de salud mental

Desde Usuarios y Consumidores Unidos nos interesa difundir los derechos y el tipo de protección que brinda la ley a los usuarios de los servicios de salud mental.

Es por ello que  ideamos un proyecto, mediante el cual, buscamos lanzar una campaña con el objeto de brindar a la población información sobre los derechos de los usuarios de servicios de salud mental. Para la misma contamos con la colaboración del Dr. Jorge Alberto Baldarenas, Presidente de Casa del Paraná.

En ese contexto y con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, decidimos lanzar la campaña de difusión diseñando un flyer que compartimos en diversas redes sociales, informando sobre lo que todo usuario, familiar, amigo, cualquier otra persona relacionado con este grupo y/o con el campo de la salud, debe conocer.

Actualmente, estamos proyectando este video a través de las diferentes redes sociales (Facebook y Twitter). 


Para finalizar, debemos conocer que el derecho a la protección de la salud, entendida de manera comprensiva de lo físico, psicológico y social, está contemplado y protegido por  el art. 42 de nuestra Constitución Nacional. Resulta un derecho humano fundamental por lo que también su respeto es exigido por muchos de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país.

Desde UCU recomendamos que si tenes un familiar, algún pariente o amigo y/o cualquier persona sensible con este tema le hagas llegar esta información.

Ante cualquier consulta no dudes en preguntarnos o informarte llamando al 011- 43425916 (Secretaría Ejecutiva del Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental) a nuestra página web en el enlace de denuncias.

Nuevas regulaciones para la Telefonía Móvil Se modificó el Reglamento de Clientes de Telefonía e Internet

Los principales cambios

  • Crédito más durable. Hoy las recargas vencen en 3 a 30 días. El plazo pasa a al menos 180 días.
  • Reclamos con constancia. De toda queja o gestión deberán enviar un detalle escrito.
  • Devoluciones con interés. Si cobraron de más, deben devolver la plata con un extra igual al del recargo por mora.
  • Cambio de plan bien informado. Tras aceptar una oferta, al cliente deben enviarle todas las condiciones por escrito.
  • Simulador de costos online. En la web de cada empresa, permitirá comparar sus planes.
  • Sin suscripciones sorpresa. No podrán cobrarse si no hubo un aceptación “expresa”.
  • Sin recargos por demora. Si la factura no llega 10 días antes del vencimiento, no pueden cobrar punitorios ni suspender la línea.
  • La mala calidad se paga. Habrá “compensación” si la firma no cumple con niveles mínimos.

Te invitamos a leer la nota de Clarín en la que se refleja la posición de UCU en esta nueva normativa: https://www.clarin.com/sociedad/celulares-credito-prepago-durara-meses-usuarios-nuevos-derechos_0_B1H1ezqIf.html

También podés escuchar la entrevista radial sobre el tema: https://youtu.be/W5HoEmzw0hk

¿Qué es el Stop Debit? ¿Cómo funciona? Te contamos de que se trata esta importante herramienta para proteger tus operaciones bancarias

Resulta un derecho de todo usuario del servicio financiero, respecto de la entidad financiera en la cual posee una Cuenta, solicitar o dar de baja un servicio o impuesto adherido al débito automático. Esta herramienta, se denomina Stop Debit. *

Así mismo, habiéndose efectuado el débito y dentro del plazo de los 30 días corridos, se tiene el beneficio de pedir la reversión (devolución) del monto afectado, pudiendo efectuar este pedido ante la empresa del servicio o en banco donde se posee la cuenta. Para montos de hasta $750 la devolución de los fondos debe ser inmediata por parte de la entidad financiera. En montos superiores, el plazo establecido es de 48 horas. (Según indica la página web del BCRA http://web2.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Debitos_directos.asp )

Todas las complicaciones que podría generar en algún momento la solicitud del Stop Debit, fueron simplificadas através de distintas Comunicaciones del Banco Central de la República Argentina, así mismo resulta aplicable la Ley de Defensa del Consumidor y Usuario N° 24.240

Encontramos los fundamentos legales en la Comunicación A 6148 (06.01.17) 3.4.9. Reversión de débitos automáticos. En los convenios que las entidades financieras concierten con los titulares para la adhesión a sistemas de débito automático para el pago de impuestos, facturas de servicios públicos o privados, resúmenes de tarjetas de crédito, etc. deberá incluirse una cláusula que prevea la posibilidad de que el cliente ordene la suspensión de un débito hasta el día hábil anterior –inclusive– a la fecha de vencimiento y la alternativa de revertir débitos por el total de cada operación, ante una instrucción expresa del cliente, dentro de los 30 días corridos contados desde la fecha del débito. La devolución será efectuada dentro de las 72 horas hábiles siguientes a la fecha en que la entidad reciba la instrucción del cliente, siempre que la empresa originante del débito y solo en los casos en que el importe de la reversión solicitada supere los $ 750.-, no se oponga a la reversión por haberse hecho efectiva la diferencia de facturación en forma directa.

Art. 37 Ley 24.240 Defensa del Consumidor y Usuario – Interpretación. Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas:

  1. Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños;
  2. Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte;
  3. Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor.

La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa.

En caso en que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en su celebración o transgreda el deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario.

¿Qué sucede si la empresa coloca una cláusula que impide el Stop Debit? Conforme a lo establecido en el Art. 37 LDC, resultan cláusulas abusivas aquellas que prohíban la desafectación, u obstaculicen la inmediata baja al Débito Automático o revertir los pagos efectuados.

¿Cuándo puede ejercerlo el usuario? El usuario puede hacer valer su derecho en cualquier momento y sin que fuere necesario expresar alguna causa. Si un cliente se encuentra adherido a un servicio mediante el débito automático y está disconforme con el monto imputado puede dirigirse (hasta 24 hs antes del primer vencimiento de la factura) al banco donde tiene la cuenta o a la empresa del servicio correspondiente y pedir la cancelación automática de ese monto específico.

¿Cómo hacerlo? La solicitud debe realizarse formalmente, mediante una nota, o através de carta documento. La solicitud se presenta ante el Banco o Entidad Financiera, con copia, la cual debe ser expedida con fecha, hora y constando firma y aclaración del responsable.

* Por Valdez Gomez Pablo – Voluntario UCU Delegación Córdoba

La necesidad y urgencia de que el Estado se comprometa con los derechos de los consumidores El DNU que faculta a las empresas a notificarnos por correo electrónico

Destacado

El decreto de “desburocratización y simplificación” del 10 de enero de 2018, es un combo de veintidós capítulos que modifican leyes vigentes sin ninguna relación entre sí, con un discutible criterio fundado en la necesidad (y urgencia) por “simplificar”.

Lamentablemente en el último de estos veintidós capítulos se modifica de un plumazo el ya de por sí toqueteado artículo 4 de la ley de defensa del consumidor 24.240, uno de sus artículos más importantes porque determina el deber de dar información “cierta, clara y detallada” que pesa sobre las empresas. En igual sentido modifica el artículo 24 de la ley de tarjetas de crédito.

Está claro que en un Estado de Derecho, las leyes no deben modificarse a las apuradas, y mucho menos por el Poder Ejecutivo cuya función es precisamente “ejecutarlas”, y no crearlas. Esto cobra una importancia fundamental en leyes que son de orden público, y que buscan proteger a un sector vulnerable, en este caso el sector inmenso y prácticamente omnipresente de los usuarios y consumidores. En concreto, se invierte la que hasta ahora era la regla en materia de comunicación de información por parte de las empresas, la que debía darse en formato “papel”. Lo que hace esta normativa urgente y vigente, es darle a la empresa la facultad de optar por el formato a través del cual comunicará la información a sus clientes o a los interesados.

Aclaramos que nuestra postura, tanto la de la mayoría de las asociaciones de consumidores, como la propia, no es atarnos a la prehistoria y oponernos al avance natural de la civilización que indica un proceso lógico de despapelización. No somos el gremio de carteros ni representamos a la industria de impresoras o de papeles. Por el contrario, en líneas generales siempre defenderemos los avances en beneficio de los consumidores, y casi siempre la implementación de las tecnologías que abaratan costos y tiempos suelen ser favorables a los consumidores. Lo que ocurre en este caso es que el papel era prácticamente la única “garantía” que nos daban las empresas frente al avasallamiento comunicacional de esta nueva época electrónica. El papel era el contrato real, la publicidad real, la modificación real a una cláusula o un precio o una condición. Y entonces como mínimo la empresa tenía el trabajo de “imprimir y mandar” esta información. Y de esta manera los consumidores nos resguardábamos de no ser notificados de modificaciones unilaterales casi siempre perjudiciales a nuestros intereses. Se nos daba la posibilidad de revisión y discusión, por un lado, y se dificultaba el cambio fácil de parte del proveedor, por el otro.

Ni qué hablar de sectores especialmente vulnerables, que ni siquiera tienen acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Quedan librados a su suerte en un país cuyas tasas de alfabetización digital no son precisamente motivo de orgullo. Muchos ancianos directamente quedarán al margen de cualquier posibilidad de siquiera enterarse de la información que eufemísticamente le haga “conocer” una empresa.

La pregunta es cuál es lado B de esta liberalidad que el Gobierno otorga a las empresas, de informarnos (es decir notificarnos) por la vía que más cómodo les quede (porque no vamos a esperar que las empresas opten por la vía que mejor asegure que la información sea efectivamente recibida…). ¿Acaso los consumidores tenemos la opción de notificar a las empresas por la vía que nos quede más cómoda o sea más eficiente? Levante la mano el que dio de alta un servicio en cinco minutos y por teléfono, pero que para darlo de baja tuvo que presentarse en la empresa, con nota por duplicado, enviar una carta documento y en muchos casos hasta realizar un juicio para comunicar la mera voluntad de resolver un contrato.

Una oportunidad desperdiciada, de hacer lo realmente necesario y urgente: garantizar que los consumidores podamos requerir a través de medios electrónicos la información que obligatoriamente están obligadas a suministrarnos las empresas. Empresas que no se les cae la cara de vergüenza de mandarnos los resúmenes de cuenta en direcciones del tipo “nocontestar@empresa.com”. Produce indignación que una multinacional pueda comunicarse con nosotros por medios completamente gratuitos, pero los consumidores tengamos que pagar una carta documento (en el orden de los trescientos pesos) para responderle por medio fehaciente.

Bancos, financieras, cadenas de electrodomésticos, telefónicas, ¿quién puede mandarles un correo electrónico y obtener una respuesta que no sea publicitaria, sino que tome razón (y sea prueba) de un reclamo o gestión? Muchas empresas ni siquiera reciben notas en papel en la propia sucursal de atención al cliente: La empresa más grande de ventas por internet que opera en nuestro país, no tiene un correo electrónico de contacto. La empresa más grande de reservas hoteleras que opera en nuestro país, no tiene ni siquiera un domicilio donde enviarle la carta documento de trescientos pesos. Los proveedores pueden comunicarse por cualquier vía, y simultáneamente bloquear nuestra respuesta en el mismo acto. Pueden notificarnos de una deuda y al mismo tiempo imposibilitarnos que cuestionemos esta deuda por la misma vía. “No contestar”, “sólo reciba su información y pague, y si tiene algo que decir vaya personalmente a casa central” (donde sea que se encuentre) y espere sentado. En ese estado de abuso permanente, en el que estamos hoy los consumidores argentinos, en ese estado de urgente y necesaria reforma a los fines de obligar a las empresas a recibir los requerimientos por vías más ágiles o por correos electrónicos revisados por seres humanos, se dicta una norma que favorece aún más a las ya favorecidas empresas multinacionales que operan con total impunidad en nuestro país  (porque el almacén de la esquina pone la cara).

Queda para otro encuentro la catarsis acerca de cuánto cobran por los avisos de visita muchas empresas que brindan servicios públicos, algunos tan esenciales como el agua, y que en esos casos no tienen el menor escrúpulo en imprimir una hoja A4 amarilla y cobrarla hasta mil veces su costo por tirarla bajo la puerta, en la era donde el Whatsapp ya hace ruborizar al sms. Eso sí, a la factura te la mandan por mail…

 

Exequiel Vergara

Abogado, Director Delegación Córdoba de Usuarios y Consumidores Unidos

Las empresas podrán enviar información electrónicamente, salvo que que el consumidor pida envío en papel. Mediante un decreto "sin necesidad y sin urgencia", el Gobierno modificó la forma en que las empresa enviarán la información a sus clientes. Analisis de la norma. Modelo de nota para presentar ante las empresas.

Días atrás el Gobierno Nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 27/2018. Dentro del cúmulo de normas modificadas, realizó una importante modificación al art. 4 de la Ley de Defensa del Consumidor (derecho de información). Compartimos el análisis de UCU al respecto.

 

1) Inconstitucionalidad de la medida. Comienzo de su vigencia.

Es evidente que no existían razones de urgencia para sacar esta modificación por decreto de necesidad y urgencia. Más allá de que entendamos los fines de ir hace una modernización de las comunicaciones el tema merecía una discusión más amplia y consensuada. Las asociaciones de defensa del consumidor tenían mucho para decir al respecto, y no fuimos ni siquiera consultadas.

Es importante destacar que hasta tanto un Juez no declare la inconstitucionalidad de la norma, la norma se encuentra en plena vigencia. Por tanto es de aplicación obligatoria en todo el país a partir del día 12 de enero del presente año.

 

2) El proveedor elegirá la forma de comunicación.

Antes de la vigencia de la norma, la información debería ser enviada en soporte físico, ahora el decreto permite que el proveedor eliga otros soportes para enviar las comunicaciones a los consumidores.

También es importante saber que si el proveedor no elige la vía de comunicación, el DNU determina que la vía de comunicación ser dada en soporte electrónico.

 

3) Límites de aplicación de la norma.

Entendemos desde UCU que existen dos límites importantes para la aplicación de esta normativa en materia de comunicaciones electrónicas.

Personas que no tienen correo electrónico registrado ante el proveedor. Toda comunicación vía soporte electrónico, requerirá previamente que la persona tenga un correo registrado ante la entidad y para ello deberá la empresa proveedora instar a que el consumidor se acerque y denuncie su correo electrónico (o lo envíe por correo electrónico). Sin ese trámite previo, es imposible que la empresa use la comunicación electrónica por la simple razón de que no tendrá dirección de destino alguna.

Personas que vivan en zonas sin conectividad o acceso a internet. Hay todavía en el país muchas zonas aisladas que no tienen conectividad a internet. En estos casos, tampoco los proveedores podrán utilizar la vía de comunicación electrónica (aún cuando tengan correo electrónico registrado).

Entendemos que si enviaran sus resumenes o facturas por medios electrónicos a personas que viven en dichas zonas serían pasibles de ser demandados colectivamente o sancionados por las autoridades de defensa del consumidor del país.

 

Más allá de la interpretación que aquí efectuamos, debemos reconocer que la normativa es peligrosa para los dos grupos de consumidores mencionados en tanto existe el riesgo de que las empresas proveedoras utilicen la vía electrónica para el envío de información sin considerar las circunstancias especiales antes detalladas. Si sucede esto, no dejes de denunciar y defender tus derechos.

Para mayor información jurídica sorbe el tema recomendamos leer la siguiente publicación de los amigos de “Justicia Colectiva”.

 

4) El derecho a seguir siendo informado vía soporte papel.

El consumidor que quiera seguir recibiendo las comunicaciones vía formato papel, podrá hacerlo, comunicando ello al proveedor.

Todos aquellos que deseen ejercer tal derecho pueden presenten nota escrita ante las empresas que les proveen servicios solicitando la información (resúmenes y/o facturas) en soporte papel.

Desde UCU generamos este modelo de nota para que lo envíen a las empresas proveedoras de los servicios que contratan si desean seguir recibiendo información en soporte papel (es muy importante presentarla por duplicado para hacerle poner el sello de la empresa, fecha y firma de la persona que la recibe).

 

Solicitamos la divulgación del presente correo.