Plan de ahorro automotor retrasó el pago. Ahora deberá indemnizar al consumidor

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El Tribunal de Apelaciones de Mercedes obligó a pagar la suma adeudadas con intereses a tasa activa, más $ 10.000 en concepto de daño moral y $ 15.000 a un ahorrista que se retiró del plan.

En el caso en cuestión el poder judicial tuvo que resolver acerca de la justificación de Autoahorro Volkswagen para no abonar la liquidación en tiempo y forma.

La empresa sostuvo que al momento de finalizar el plan la empresa de autoahorro envió una carta documento al ahorrista a fin de que cumpliera con determinados requisitos para que pudiera cobrar los fondos ahorrados. La empresa sostuvo que el consumidor no había cumplido los requisitos.

Sin embargo, quedó acreditado en el juicio que el consumidor cumplió con las exigencias, enviando los datos pedidos mediante comunicación dirigida a un domicilio comercial de la empresa distinto al legal  (la nota fue recibida).

Ahora, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones de Mercedes condenó a Volkswagen S.A. de Ahorro por retener en forma ilegítima el dinero que le correspondía al ahorrista a abonarla dicha suma más intereses a tasa activa Banco Nación. Además condenó a abonar la suma de $ 10.000 en concepto de daño moral más $ 15.000 por daño punitivo (o multa civil) (causa “Dinardi Sergio Alberto c/ Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados s/cumplimiento de contratos civiles/comerciales” del 18.12.2018). Se acompaña link.

El fallo rechazó el argumento del autoplan porque la misma empresa había generado la confusión acerca del domicilio y por tanto, que el consumidor había perfectamente cumplido con la notificación.

Por otro lado, el poder judicial agregó que la empresa pudo haber puesto a disposición el dinero en el marco de la audiencia de mediación (previo al juicio), no habiéndose acreditado que ello haya sucedido.

Por tanto, para la justicia quedó acreditado que la empresa no solo dió lugar al problema de la comunicación entre partes, sino que retuvo ilegítimamente el dinero que le correspondía al ahorrista y que correspondía pagarlo con intereses a tasa activa Banco Nación (estaban pactados) más daño moral y punitivo.

Para justificar la procedencia del rubro daño moral sostuvo -citando jurisprudencia- que la aplicación restrictiva del daño moral en materia contractual conforme a la doctrina tradicional de la S.C.B.A. “ha sido morigerada en los últimos tiempos cuando se trata de relaciones de consumo, y así se ha entendido que se debe aplicar un criterio flexible, ya que están en juego los derechos del consumidor, objeto de especial tutela en nuestro régimen constitucional”. Esta interpretación es favorable al consumidor que muchas veces se encuentra en condiciones muy complicadas para probar el daño moral en estos casos.

Respecto a la procedencia del daño punitivo sostuvo que “la demandada actuó con grave indiferencia a los intereses del consumidor al no especificar con claridad en el contrato de adhesión de qué forma y a qué domicilio debía dirigirse para obtener el rescate de las sumas abonadas. Es decir, actuó con culpa grave, incumpliendo el deber de información exigido por el art. 4 de la LDC.”

El fallo -no lo dice expresamente- parece reconocer implícitamente que el monto del daño punitivo ($ 15.000) podría haber sido mayor, pero que en el caso no se había producido prueba: “que lleve a pensar que la forma en que procedió la demandada en el caso es su “modus operandi” habitual destinado a lucrar desmedidamente con sus clientes”.

Enseñanzas que deja el fallo para el consumidor en similares situaciones:

  • Intimaciones previas:
    • La carta documento es la mejor forma de comunicarnos formalmente con las empresas.
    • Para evitar problemas, la carta documento debe enviarse al domicilio legal de la empresa (lo podés averiguar entrando al sitio de la AFIP).
    • Siempre contar con la intervención de un abogado a la hora de su confección.
  • En el juicio:
    • Intentar probar siempre que la práctica de la empresa es repetitiva (más posibilidades de una mayor indemnización por daños punitivos).

ATENCIÓN RESTAURANTES: El servicio de mesa y/o cubierto deberá ajustarse a la normativa consumeril

Es cada vez más común que a la hora de pagar luego de comer en un restaurante, en el ticket nos venga detallado un importe por servicio de mesa y/o cubierto que se cobra por cada uno de los comensales.

Esta práctica no estaba regulada ni era sancionada pero en el mes de noviembre de 2018, la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial (Sala II) de La Plata se expidió al respecto.

El mencionado tribunal sostuvo que esta práctica viola el deber de información, limita la libertad de contratación (art. 1099 del Código Civil y Comercial) y además violenta el art. 35 de la ley de Defensa del Consumidor, el cual prohíbe “la realización de propuesta al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente y que genere un cargo automático en cualquier sistema de débito, que obligue al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice”.

En este caso la parte demandada, decidía entregar a sus consumidores a su arbitrio una panera, un croissant y un recipiente con queso crema o similar —a los que identificaba como “servicio de mesa y/o cubierto”— sin que ellos lo requieran. Los clientes solo contaban con la posibilidad de rechazar su recepción para omitir cargar el consumo a su cuenta.

En esa inteligencia, la Justicia ordenó: I) incluir en la carta o menú: a) bajo qué circunstancias podrán los consumidores optar por el “servicio de mesa y/o cubierto” y b) que los consumidores que opten por el “servicio de mesa y/o cubierto”, luego deberán multiplicado por la cantidad de comensales que efectivamente los consuman, con independencia de la cantidad de paneras, croissant y recipientes con queso crema o similar que se provean; II) cesar de inmediato con la práctica de entregar el “servicio de mesa y/o cubierto” sin requerimiento previo del consumidor y luego cobrar su consumo a falta del rechazo de su recepción por la apelante.

De ahora en más, este cargo debe ser informado claramente en el Menú y los consumidores deberán peticionar este servicio para que el mismo pueda ser cobrado.

Acceso al fallo completo:  fallo  

 

Por Ariana P. Cornelli – Abogada – miembro integrante de la ONG “Usuarios y Consumidores Unidos”

El engaño de la CUOTA CERO Enterate como nos hicieron pagar la "cuota cero" durante años para luego entregárselas a las empresas de turismo estudiantil

¿Qué es la cuota cero?

Seguramente si sos padre de un joven que ha realizado el viaje de fin de año sabrás lo que es la cuota cero.

Para lo que no lo saben es una cuota inicial adicional obligatoria, que se creó en el año 2007 (Resolución 237/2007).

Con el pago de dicha cuota se generaría un fondo dinerario para garantizar el cumplimiento de los viajes estudiantiles. Al fondo se lo llamó Fondo de Turismo Estudiantil y sería adminsitrado bajo la forma de un fideicomiso por Nación Fideicomiso SA.

Siempre quedó muy claro que el dinero lo aportarían los padres de los estudiantes, siendo la cuota equivalente a un 6% del valor del viaje.

Lo que pocos saben es que ese fondo tendría una duración de diez (10) años y vencía el el año 2017.

Va de suyo que al vencimiento del mismo se debería haber instrumentado una forma para reintegrar ese dinero a aquellos miles de consumidores que aportaron a dicho fideicomiso.

 

¿Qué pasó al vencimiento del fondo? 

Sucedió lo que no debería haber pasado.

En el marco de una negociación a puertas cerradas entre las agencias de viajes y el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Turismo dictó la ilegal Resolución 58/2017. 

Esta Resolución prorrogó la duración del fideicomiso a la vez que ordenó transferir el 60% del fondo a las empresas de turismo estudiantil (en proporción a los aportes que hayan realizado cada uno de ellos).

Por un lado prorrogaba el fideicomiso, lo que significaba que los aportes efectuados por todos los consumidores durante los años no los devolverían.  Ahora el 40 % de esos fondos seguirían destinados a cubrir ahora las eventuales contingencias del nuevo grupo de aportantes (los usuarios que firmasen contratos con posterioridad al 31 de marzo de 2017). 

Por otro lado, las agencias de viajes recibirán un 60% del fondo fideicomitido en proporción a la cantidad de aportes que cada una de ellas haya realizado. Ya hay empresas que están cobrando dinero que les corresponde a los consumidores.

 

¿Pero no era que los consumidores formaron ese fondo?

Si. Aunque cueste creerlo según la resolución no devolverán nada a los miles y miles de padres que pagaron 6% durante diez años que duró el fondo.

Pocas veces hemos visto semejante atropello y expropiación sin causa en perjuicio de los consumidores argentinos.

 

¿Que hizo nuestra ONG ante tamaño atropello?

UCU al tomar cuenta de esta situación inició demanda colectiva en representación de los miles de consumidores argentinos afectados solicitando una medida cautelar tendiente a evitar que esos fondos sigan abonándose a las empresas de turismo estudiantil.

En fecha 15 de junio de 2018 el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 8 dictó sentencia en el expediente “Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos c/ Nación Fideicomiso y otros s/ Diligencia preliminar” (Expte. N° 13.091/2018). Allí se ordenaron una serie de diligencias preliminares y también una medida cautelar de no innovar “sobre los fondos que posee Nación Fideicomisos S.A. destinados a transferirse de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 58/2017 del Ministerio de Turismo de la Nación”.

La medida cautelar impide que Nación Fideicomisos S.A. gire dichos fondos a las empresas de turismo estudiantil hasta tanto se resuelva la controversia de fondo.

Para acceder a la medida, hacer click aquí

 

Para mayor información recomendamos la lectura del blog de Dr. Francisco Verbic en su blog.

 

Mantendremos actualizadas las novedades de esta causa en la presente web. Solicitamos la difusión de la presente.

 

 

Rechazan juicio de PARDO contra cliente cañadense.

El Juzgado de Circuito Nº 6 de la ciudad de Cañada de Gómez rechazó una demanda ejecutiva contra un cliente de la casa de electrodomésticos PARDO SA. 

El consumidor demandado había efectuado una compra en cuotas en la sucursal de Cañada de Gómez firmando un pagaré en blanco para garantizar la deuda. La empresa, alegando la falta de pago de la deuda inició juicio ejecutivo. En dicha demanda PARDO pretendió el cobro de una importante suma de dinero, la cual era exorbitantemente superior a cualquier compra que hubiera efectuado dicho cliente en algún momento.

Ante ello, el consumidor, se presentó en el juicio y se defendió a través de su abogado. Interpuso varias excepciones, entre ellas, excepción de inhabilidad de título, fundado en el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, puesto que el pagaré no cumplía con la información que debe existir hacia el consumidor en la adquisición de cualquier bien en cuotas y/o financiado (operaciones de crédito para el consumo).

El Juez en su Sentencia, rechazó la demanda de PARDO S.A., entendiendo que se trataba de una relación de consumo, y que por tal motivo debía acreditar el cumplimiento a la Ley de Defensa del Consumidor, demostrando el origen y cuantía del crédito que dice poseer contra el consumidor, y haber informado al mismo de los intereses a aplicar, tasas, gastos administrativos, y cualquier otro cargo que pretenda cobrar. De este modo, el consumidor no debió abonar suma alguna a la empresa, quién debió además soportar las costas del juicio.

Destacamos que la sentencia rechazó la ejecución fue debido a que el demandado se presentó en juicio a defender sus derechos. Dicho de otra forma, el consumidor que no se presente a defenderse, no podrá ser beneficiado con este criterio protectorio que la Justicia acaba de emitir.
Es posible que la irregularidad señalada en el fallo que comentamos se encuentre en las demás demandas ejecutivas iniciadas por dicha empresa en esta jurisdicción (Cañada de Gomez, Armstrong, Correa, Las Parejas, Carcaraña, etc.).
Cabe recordar que UCU hace años desactivó una práctica abusiva de PARDO SA en la ciudad de San Nicolas en perjuicio de deudores que habían garantizado sus obligaciones mediante la firma de pagarés “en blanco”. Mediante el trabajo de la asociación se pudo descubrir que las sumas por las cuales PARDO llenaba los pagarés eran mucho mayores a las realmente adeudadas. Para más información invitamos a acceder a la siguiente nota haciendo clic aquí
En caso de que necesites asesoramiento, no dudes en enviarnos tu denuncia entrando al siguiente formulario. También puede ponerse en contacto con la Delegación de UCU en Cañada de Gomez.