Con asombro y preocupación hemos estado siguiendo de cerca las medidas implementadas por el Gobierno Provincial en lo que respecta al servicio de energía eléctrica. En estas semanas, han comenzado a llegar las facturas con los aumentos dispuestos en el mes de febrero y el golpe al bolsillo de los consumidores ha dejado a muchos en “knockout” (o nocaut) por la imposibilidad de afrontar el pago de las mismas. Como si esta situación no fuera ya lo suficientemente grave para los vecinos de la Provincia, recientemente han estado circulando notas del Gobernador MIGUEL LIFSCHITZ donde se alerta a la ciudadanía que se avecinan “más aumentos”.

Ayer según Bonfatti  la culpa era de Cristina F. Kirchner, hoy según Lifschitz la culpa es de Mauricio Macri.

Pero ¿CUÁNDO EL GOBIERNO SOCIALISTA -QUE YA LLEVA MÁS DE DOS MANDATOS CONSECUTIVOS- SE VA A HACER CARGO DE LA FALTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS SERIAS Y EFECTIVAS EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSUMIDORES?

Este próximo martes 15 de marzo se vuelve a celebrar el día mundial del consumidor, y otra vez más, vamos a volver a repetirle a nuestro gobierno provincial ¿Para cuándo una ley de defensa del consumidor?; ¿Para cuándo un ente autárquico que defienda los intereses de los consumidores?; ¿Para cuándo el acceso a la justicia sin costo para los consumidores?; ¿Para cuándo un marco regulatorio de servicios públicos que garantice los derechos de los consumidores?…

En lo que respecta al servicio de energía eléctrica hemos advertido las siguientes irregularidades:

• Aumento acumulado (diciembre – febrero) de más del 80% de la tarifa.
• Ausencia de un marco regulatorio que respete las garantías constitucionales.
• Todas las modificaciones tarifarias se han dispuesto unilateralmente sin celebrar audiencias públicas ni convocar a actores sociales que promueven la defensa de los consumidores, en violación al derecho de participación que garantiza la Constitución Nacional en su art. 42.
• Todas las modificaciones tarifarias (que no sólo han sido aumentos, sino también cambios de categorías de usuarios, etc.) han sido formuladas “sobre la hora” y se han dado a conocer a la población de manera incompleta y tardía (ya habiendo entrado en vigencia) lo cual violenta el derecho a la información que garantiza la Constitución Nacional en su art. 42.
• Se continúa perpetuando un sistema tarifario discriminatorio para Santa Fe. Con los recientes aumentos, un vecino que consume 1000 kWh sin ahorro, está pagando $1.62 x kWh en Santa Fe y $0,50 x kWh en Buenos Aires.
• Los bloques que componen los primeros 120 kWh están desactualizados a la luz de los niveles de consumo “estándar” en nuestra sociedad actual. Esto lleva a que la mayor parte del consumo de una familia tipo se pague dentro del bloque de kWh más caro. Un A.A. estándar con un uso diario en horas de descanso (6hs x día) consume 442kWh/bim (conf. CIDE – INTI, y pág. web EPE).
• Continuamos teniendo un sistema de facturación escalonado (más consumo, más pago) pero bimestral. Esto genera que se acumule el consumo de kWh de 60 días y en consecuencia el consumo total de los últimos 30 días se facture siempre en el bloque más caro.
• No existe tarifa específica para barrios periféricos entonces paga el mismo valor de kWh un vecino que vive en una zona residencial o céntrica, que un vecino que vive en las zonas marginales. Ello, además, pierde de vista que el nivel de ingreso económico de las familias de zonas periféricas difícilmente les permite acceder a la compra de electrodomésticos sustentables o de bajo consumo a los que si pueden acceder las familias de barrios más privilegiados.
• La “tarifa social” es discriminatoria y estigmatizante. Para poder acceder a la misma, según los requisitos publicitados en su propia web (enlace) se requiere no tener ingresos superiores a $300, no tener TV por cable o satélite, no tener teléfono ni fijo ni celular, y no tener propiedad. No existen pautas claras sobre cómo puede hacer la población para acceder. Su costo es igual o superior al kWh que paga un usuario común en Capital Federal (v. gr.  1TS1 $0,59).
• Los cuadros tarifarios son complejos e inaccesibles para los usuarios del servicio. La empresa no dispone de medios (v. gr. calculadoras interactivas en la web) para que un usuario pueda estimar o calcular aproximada y provisoriamente su consumo y así prever su facturación.
• Existen muchas irregularidades no resueltas que continúan afectando a los consumidores: consumos preestimados; cortes de luz y falta de cumplimiento del art. 30 de la Ley 24.240; deficiente servicio de atención al cliente; quejas de vecinos de diferentes sectores de la Provincia que denuncian que para acceder a conexiones de luz se les exige el pago de obras que corresponden a la EPE; entre otras.

En virtud de todas estas cuestiones enunciadas queremos EXHORTAR a la EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA y al Gobernador MIGUEL LIFSCHITZ a convocar a una mesa de diálogo multisectorial para implementar una reforma estructural del servicio de energía eléctrica y su marco regulatorio.

Queremos una reforma que escuche a los consumidores y se implemente sin avasallar garantías constitucionales.